Cambiando algunas circunstancias pero en esencia por los mismos motivos de siempre, la mayoría de agricultores, pequeños y medianos del país, anuncian que vuelven al paro general e indefinido.
Y son los cultivadores de papa de los principales departamentos productores, Boyacá, Cundinamarca y Nariño, los que volverían a estar en la primera línea, dado que son estos los que peor están sufriendo las consecuencias de las desmesuradas bajas de los precios que tuvieron su piso la semana pasada con el pago por carga de producto que bajó hasta los 16 mil pesos, suma que apenas compensaría el empaque y los jornales de recolección.
Por su parte, el anuncio hecho por el gobierno en las últimas 24 horas, diciendo que asignará 30 mil millones de pesos para compensar a los cultivadores del tubérculo, con 1 millón 200mil pesos, no es más que paños de agua tibia como lo dijo en este medio el presidente de Dignidad Nacional, Luis Fernando Paipilla.
El movimiento de los Agricultores que se reactivó en 2010 y que termino en 2013 con el memorable Paro Agrario, hoy regresa motivado por los mismos problemas de fondo: los ruinosos precios, las importaciones, los costos de los insumos, los enormes costos financieros, los problemas de comercialización (vías de acceso, falta de valor agregado, abuso de los intermediarios), incumplimiento de los acuerdos del paro; pero, sobre todo, la indiferencia del gobierno para diseñar, discutir y establecer estrategias de fondo para favorecer la agricultura nacional en razón a hacerla un negocio rentable sostenible, y a consolidar la seguridad y la soberanía alimentaria del país, evitando, en consecuencia, el hambre de millones de personas.
Sin embargo, hay que decir que la responsabilidad de lo que ha pasado no es solo del gobierno central que abre las puertas de las importaciones, que legisla para crear barreras a los productores o que definitivamente mira para otra parte cuando se trata de determinar medidas que favorezcan al productor nacional, habiéndose olvidado de asuntos tan vitales como la gestión del agua, la asistencia técnica y los problemas del cambio climático, estos últimos que han multiplicado el riesgo para los cultivadores. Pero no es solo esto, el asunto también pasa por los dirigentes de las movilizaciones, quienes en vez de sostenerse en los procesos de defensa que motivan las movilizaciones, la tentación de buscar resultados electorales o de otra índole, hacen que abandonen o distorsionen los procesos.
Después del Paro Agrario de 2013, los dirigentes del movimiento, nos referimos a los de Boyacá, entraron en una encarnizada competencia de egos e intereses que hicieron fracasar lo poco que anuncio el gobierno como concesión a las demandas del movimiento. El mismo César Pachón, cabeza de la movilización, terminó girando al otro día hacia el proselitismo político con miras a obtener resultados electorales, los cuales le dieron fruto en las elecciones de 2018. Sin embargo, es evidente que este no era el camino.
Concluido el paro se imponía el trabajo de discutir a fondo la problemática del sector, lo cual no se hizo y por eso se regresa al mismo punto: el anuncio de otro paro, ante la ruina de los agricultores, quienes han visto en los últimos meses esfumarse el producto de sus inversiones y su trabajo para producir la comida que ahora tienen que reglarla, perderla en la labranza o echársela al ganado, como sucede con la papa, mientras la leche, también se ha visto golpeada (otra vez) en el precio, como sucedió en las rutas de recolección en la región lechera del centro del departamento, donde el fin de semana pasado los intermediarios que compran a los pequeños productores no pasaron durante dos días y cuando volvieron anunciaron que bajarían en precio entre 50 y100 pesos por unidad de medida.
Y si a lo anterior se suman los efectos del clima que ya ha agotado los pastos y disminuido los rendimientos de las cosechas más el confinamiento por la acción de la pandemia, lo cual freno la actividad económica a niveles insospechados, los elementos de la crisis llevan al escenario perfecto de la crisis: las pequeñas y microempresas del sector que tenían mercados regionales: arepas, quesos, yogures, mermeladas, frutas, envueltos; todos estos productos dejaron de comercializarse durante los meses más duros, lo cual significó pérdidas de los empleos, de la demanda de algunas materias primas y de los canales de comercialización que aún no se han restablecido.
Así que hoy las cosas pueden estar peor que 2013 para miles de agricultores y pequeños productores y transformadores asociados y por tanto tener más argumentos para la el reclamo de ayudas y cambios de políticas.
