Actualmente cursa una acción popular que insta al municipio a la apertura de los baños. El municipio, en sus alegatos de conclusión, solicita negar las pretensiones de la acción popular argumentando que no es procedente porque los baños no están cerrados.
Aproximadamente tres años atrás finalizó la construcción de los baños públicos de la Plaza de Bolívar de Tunja, luego del gran revuelo y el debate que suscitó su construcción en aquel histórico lugar. Sin embargo, los baños nunca han estado del todo abiertos al público.
En primera medida por la tardanza en la definición del modelo de administración de los mismos, y luego por la llegada del COVID-19, que obligó a reevaluar los criterios de manejo y bioseguridad que debía tener un espacio como este.
Los baños costaron algo más de 7.000 millones de pesos, por eso mismo es que, para un sector ciudadano, ha resultado inadmisible que permanezcan cerrados. A tal punto que hoy cursa, ante el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja, una acción popular con la cual se pretende apertura permanente de estos baños públicos.
En horas recientes se conoció la contestación del municipio, que advierte que la acción popular es improcedente pues no se está violando derecho colectivo alguno.
“Se configura la excepción de improcedencia de la Acción Popular por inexistencia de acciones u omisiones de la entidad pública que conlleva a su responsabilidad. Además de advertir a la fecha carencia actual de objeto o hecho superado en el sentido de manifestar que el municipio de Tunja, desde antes de la interposición de la acción popular, venía materializando actividades administrativas que permitían salvaguardar los derechos de la colectividad en medio de urgencia sanitaria por causa de la pandemia COVID-19 (…) El ciudadano tunjano y visitante cuenta con la prestación completa de las baterías sanitarias”, dice el apoderado jurídico del municipio en su alegato de conclusión.
Agrega en su contestación que “el municipio de Tunja no ha vulnerado, ni se encuentra en curso de vulnerar derecho colectivo alguno, que soporte pronunciamiento de autoridad judicial para la consecución de actividades que desarrolla dentro del cumplimiento de su rol funcional.
Para complementar el alegato, señala el documento que “la Secretaría Administrativa del municipio de Tunja, dispuso de dos personas al día para que realicen labores de aseo y desinfección de los baños, una en la jornada de la mañana y otra en la jornada de la tarde, de lunes a domingo; un funcionario de vigilancia privada que permite y controla el ingreso a las instalaciones con el respectivo cumplimiento de protocolos de bioseguridad”.
Sin embargo, por más completa que ha sido la contestación, la realidad parece ser otra. En esta foto, tomada el pasado 8 de septiembre por el periódico EL DIARIO, se evidencia que no hay personal alguno a la entrada de los baños, que la puerta de acceso se encuentra cerrada, y que incluso hay una barrera física que evidencia el cierre de los baños.
Foto | Hisrael Garzónroa – EL DIARIO
De momento, la polémica se mantiene, y será la jueza octava administrativa oral de Tunja, Gloria Carmenza Páez Palacios, quien decidirá si la acción popular es procedente o no.
