Tunja, escandaloso reajuste del predial es una alcaldada confiscatoria

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Foto | Hisrael Garzonroa
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Por | Edilberto Rodríguez Araújo-integrante del grupo de investigación OIKOS de la UPTC

Termina el primer mes de 2018 y los coletazos del anterior y las alarmas del presente llevan a la atribulada ciudadanía a hacer interminables filas para pagar todo tipo de impuestos: el predial, sobre vehículos automotores,  industria y comercio, y así una cascada de pagos que comprimen aún más los menguados ingresos familiares. El turno es para el pago del impuesto predial, fuente de una tercera parte de los ingresos tributarios de los cerca de 1.100 municipios del país. Se calcula que en 2018 se recaudará un poco más de $3,7 billones provenientes de alrededor de 13,2 millones de predios, significando, sin incluir Bogotá y Cali, recursos adicionales por $90.000 millones.

Como uno de los referentes determinantes para el reajuste del avalúo catastral anual en Colombia es la adopción de un documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), vinculado al Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 21 de diciembre del año pasado fue aprobado el CONPES 3913, donde se plantea que, tal como está establecido en la normatividad vigente, el incremento del avalúo catastral será de 3 por ciento,  pese a  que la inflación acumulada en 2017 fue de 4,09 por ciento. Esto obedece a que para contrarrestar la pasmosa indización de la economía, en estos reajustes no se toma la inflación pasada sino la meta de inflación fijada por el Gobierno Nacional.

Asimismo, se sabe que el país cuenta con 16,4 millones de predios, de los cuales el 63 por ciento tienen actualización catastral, por lo que periódicamente el Instituto de Agustín Codazzi (IGAC) realiza dicha actualización; sin embargo, el rezago persiste, siendo más preocupante en los predios rurales. De otra parte, el 26 de diciembre de 2017 se expidió el Decreto 2204, norma que determinó “los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para la vigencia 2018”, ratificando la recomendación formulada en el documento CONPES mencionado.


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El año pasado la Alcaldía de Tunja contrató con el IGAC la actualización catastral por $322 millones, soporte de la facturación que los tunjanos han estado recibiendo desde el 22 de enero.

El avalúo catastral como base gravable fue actualizado la última vez en 2013, siendo este el argumento de la administración municipal, para anunciar un drástico aumento, lo que ha prendido las alarmas de la ciudadanía tunjana. En efecto, los propietarios de las más de 80.000 viviendas y otras construcciones urbanas y rurales, están alarmados por la actualización catastral que afectará, diferencialmente, a la población tunjana, que en este año rozará los 200.000 habitantes.

 Para blindarse de cualquier reclamación y eximiéndose de cualquier responsabilidad, el director territorial del IGAC ha advertido: “El IGAC determina la metodología para la revisión predial y realizar las actualizaciones catastrales, pero no es el ente competente para definir la tarifa del impuesto predial. Solo calculamos la base del gravable sobre la cual los municipios facturan el cobro del impuesto”.


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 El argumento que se esgrime son los cambios que se han dado en el mercado inmobiliario tunjano resultado de su desarrollo urbanístico, evidenciado en el aparente boom de la finca raíz, no obstante que, según el Boletín de Economía Regional (BER) del Banco de la República,  correspondiente al III trimestre de 2017, paradójicamente, el aumento del área aprobada para la construcción residencial y no residencial ha estado acompañada de una disminución en las ventas de vivienda nueva de más de $100 millones.

El municipio de Tunja ha registrado un sostenido repunte en los ingresos derivados del impuesto predial, bordeando el 40 por ciento de los ingresos tributarios, y el 15 por ciento del presupuesto anual. Junto al impuesto de industria y comercio estas dos fuentes rentísticas representan el 65 por ciento de los recursos propios del municipio de Tunja. A noviembre de 2017 el municipio había recaudado algo más de $28.000 millones.

Evolución de los recaudos por impuesto predial unificado en Tunja

AñoImpuesto predial unificado (IPU)-millones de $Ingresos tributarios (ITR)-millones de $Ingresos totales (IT)-millones de $IPU/ITR (%)IPU/IT (%)
200810.11632.833134.68730,87,5
200912.45438.019152.49932,78,2
201013.73241.300162.75033,28,4
201115.20845.371195.26933,57,8
201222.95759.036186.60338,912,3
201327.68566.248228.50841,812,1
201429.26677.983252.22237,511,6
201532.62078.702218.37741,414,9
201632.49581.568229.26139,814,2

 Fuente: Dirección General de Apoyo Fiscal/MHCP-Informe de Viabilidad Fiscal.

Tal como lo anunció el secretario de Hacienda municipal, ningún contribuyente estará a salvo del incremento en el avalúo de su predio, y, por consiguiente, en el pago del impuesto predial, comoquiera que el 95 por ciento experimentará un severo aumento, sin que ello esté acorde con cambios físicos, jurídicos o económicos  en los bienes inmuebles. Cualquier ciudadano comprobará en su factura  un escandaloso reajuste que supera el nivel autorizado por el Gobierno Nacional (3 por ciento), lo que condujo, independientemente del estrato socioeconómico a que pertenezca el predio, con injustificadas alzas que fluctúan entre el 25 al 100%.

Así las cosas, el incremento generalizado del impuesto predial, además de contravenir lo dispuesto en el Decreto presidencial 2204, es una medida draconiana que lesiona el bolsillo de los contribuyentes tunjanos, máxime cuando el 18 por ciento de la población tunjana está atrapada en la pobreza,  10.000 deambulaban buscando empleo y 58.000 malvivían en el rebusque a finales del año pasado. El reavalúo catastral  es una alcaldada confiscatoria.

1 COMENTARIO

  1. El reajuste en el avalúo catastral de Tunja desborda tanto el CONPES como el decreto presidencial que fija un referente para todo el país. Los argumentos de un boom en el desarrollo urbanístico es una falacia, pues sólo una zona de la ciudad se ha expandido, arrastrando una valorización especulativa de esos predios. Allí es donde se debe hacer la actualización catastral, no en el resto de la ciudad que ve cómo sus viviendas, vías de acceso, movilidad y entorno se deterioran ante la indolencia de la administración municipal. Este es un empobrecimiento general, no la redistribución de las cargas impositivas.

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