Sin que todavía se tenga una medición del impacto sobre el acuífero de Tunja de depositar diariamente 440 toneladas de basura que se depositan en el relleno sanitario de Pirgua, ahora se dispondrán allí otras 128 toneladas adicionales cada día con eventual grave riesgo para los habitantes de toda la provincia de Centro.
El alcalde de Tunja, Luis Alejandro Fúneme, fue convocado ayer por la Procuraduría Agraria para notificarle de los problemas que existen con el relleno sanitario Terrazas del Porvenir de Sogamoso, en donde los habitantes no quieren recibir 128 toneladas diarias de basura, que ahora tendrán que ser depositadas en el relleno sanitario de Pirgua.
Se trata de las basuras de 36 municipios de Sugamuxi y Tundama, que por orden de la Procuraduría Agraria, con el aval de la Superintendencia de Servicios Públicos, Corpoboyacá y el Ministerio del Medio Ambiente, se sumarán a las 440 toneladas que diariamente son depositadas en el sector nororiental de Tunja, provenientes de otros 65 municipios de Boyacá.
Habitantes de Sogamoso, del sector en donde está ubicado el relleno sanitario Terrazas del Porvenir, han estado protestando desde la semana pasada exigiendo obras de mitigación y quejándose de los lixiviados que se generan con la disposición de esos desechos.
Como los habitantes de Sugamuxi no quieren recibir esas basuras, no queda más remedio que comenzar a depositarlas en Tunja, aunque la Procuraduría Agraria advirtió que es una potestad de Urbaser, empresa que maneja el relleno sanitario de Pirgua, decidir si está en capacidad de recibir esas 128 toneladas adicionales, pero es poco posible que se niegue porque es parte de su negocio.
Fúneme manifestó ayer su desacuerdo con esa medida y dijo que es necesario realizar una evaluación del impacto técnico que puede generar, pues en el relleno sanitario de Tunja se estuvieron depositando durante año y medio las basuras de Sugamuxi, lo que afectó y seguirá afectando su vida útil del relleno de Pirgua.
El Alcalde de Tunja citó para el día de hoy a una mesa técnica en donde se espera que se pueda evaluar el impacto que tendrá la disposición de esas basuras en cercanías de la ciudad y para indagar cuáles son las medidas de contingencia que se aplicarán en Sugamuxi para corregir los problemas que han estado generando protestas de los habitantes de esa ciudad.
Lo increíble de la actitud que asumen con Tunja la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente y la Superintendencia de Servicios Públicos es que todavía no ha sido acatada una decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo e Boyacá, en respuesta a una acción popular, que le ordenó a Urbaser la construcción de pozos de monitoreo para rastrear la presencia de lixiviados que podrían afectar el agua que consumen los tunjanos.
El Tribunal también le llamó la atención a Corpoboyacá para que ejerza adecuadamente sus labores de control, vigilancia y seguimiento.
Igualmente ordenó que se tomen las medidas necesarias para establecer el impacto que las basuras arrojadas en el relleno de Pirgua tienen sobre el acuífero que en gran medida abastece el acueducto de los tunjanos.
No solo le ordenó a la empresa Urbaser construir pozos de monitoreo que permitan rastrear y medir la presencia de lixiviados sino que llamó la atención de las autoridades ambientales por las omisiones en el rastreo de esos vertimientos.
La decisión del Tribunal de Boyacá responde a una acción popular interpuesta por el ciudadano Milton Yahir Bernal en contra del Ministerio de Ambiente, Corpoboyacá, la Gobernación de Boyacá, el municipio de Tunja, Urbaser Colombia y Urbaser Tunja.
Bernal citó como fundamento de su demanda las presuntas afectaciones ambientales y sanitarias sobre el acuífero de Tunja generadas por la ejecución de la actividad de acopio y procesamiento de basuras y residuos sólidos en el relleno sanitario ubicado en la vereda Pirgua.
En la acción popular expuso en detalle la importancia del acuífero. Describió que este es un ecosistema hídrico subterráneo que satisface necesidades de 14 municipios y abastece en un 30 por ciento la demanda de agua de los habitantes de Tunja, “Sin embargo, la operación del relleno sanitario donde se reciben y almacenan desechos provenientes de 65 municipios de Boyacá y Santander representa una fuente de posible contaminación del acuífero”.
El principal riesgo advertido “es la posible filtración de los lixiviados procedentes de los residuos orgánicos e inorgánicos que se introducen al suelo, y con base en la presión que ejerce la fuerza gravitacional del planeta, los residuos lixiviados ingresan por gravedad al acuífero de mayor profundidad”.
En los soportes que Bernal radicó ante el Tribunal, planteó que se desconocen las condiciones de funcionamiento y operación del relleno y de la planta de tratamiento de residuos y lixiviados, y que Corpoboyacá ha promovido varios procesos sancionatorios en contra Urbaser.
En opinión del Tribunal, y a partir de la disposición de los medios de prueba incorporados y practicados hasta el momento, “existe una probabilidad razonable de que la operación del relleno sanitario de Pirgua genere peligro de contaminación al acuífero de Tunja y a sus puntos de recarga”.
Por esta razón el organismo judicial resolvió ordenar a Urbaser Tunja y Urbaser Colombia la construcción, en coordinación con Corpoboyacá, de dos pozos de monitoreo en la zona de descarga y uno en la zona de recarga del acuífero.
A Corpoboyacá le ordenó realizar labores de muestreo y caracterización con el fin de determinar la presencia de lixiviados en las zonas de recarga y descarga del acuífero de Tunja durante el semestre siguiente a la construcción de los tres pozos en referencia.
A instancias de esta medida cautelar, Urbaser y Corpoboyacá deberán rendir informes mensuales con el propósito de verificar el cumplimiento de la medida.
El Tribunal señaló además que el levantamiento o modificación de esta disposición “estará sujeto a la comprobación de la desaparición o mengua de las causas que originaron su imposición”.
El Tribunal le llamó la atención a Corpoboyacá. Mencionó que pese a los requerimientos de la autoridad ambiental, de 2018 y 2021, “la entidad no ha ejercido adecuadamente sus labores de control, vigilancia y seguimiento”.
