Mientras la pandemia cierra puertas la administración pública debe abrir compuertas. Pero el desafío de liderar la recuperación implica su propia transformación.
Por: Jacinto Pineda Jiménez, Director Territorial ESAP Boyacá-Casanare
Hoy cuando el ojo del huracán pasa por América Latina y somos el epicentro de la pandemia del coronavirus entonces las preguntas sobre el futuro se multiplican aumentando los grados de incertidumbre, propios del momento. Mientras tanto las demandas sociales y económicas derivadas de las medidas para enfrentar la pandemia, visibilizan la profundidad de las desigualdades construidas históricamente en Colombia. El batir de trapos rojos y en general la creciente insatisfacción ciudadana hace temer por la misma eficacia de las medidas de confinamiento. Pero también distintos agentes económicos, culturales, sociales y otros claman ayudas para subsistir ante la inminente quiebra o un ingreso que les permita sobrevivir a la situación.
Al margen de las discusiones, en ocasiones estériles, propias de un país donde lo único que no da tregua es la polarización, es incuestionable que el Estado asume la mayor responsabilidad ante la crisis. Por ende los ojos se vuelven a la administración pública, quienes a pesar de sus propias dificultades, han asumido el reto, claro en un escenario marcado por la ausencia de insumos, tanto financieros, como físicos, humanos y tecnológicos. Quizá son las administraciones locales quienes con mayor estoicismo han llevado la batalla y me refiero a los municipios de sexta categoría, los más vulnerables, afectados por la dificultad de recaudar recursos propios pero también por la disminución de las transferencias de la nación.
Ya de cara al pos COVID-19 y ante los monumentales problemas que vamos a heredar de la pandemia, es necesario reflexionar sobre administración pública, como organización, pues ella misma debe empezar por reconocer sus insuficiencias pero también que su transformación implica del apoyo y compromiso del Estado, los grupos políticos y gremios económicos, sociales, etc. Superar la crisis pasa por una administración pública innovadora, creadora y agente de conocimiento. Capaz de manejar el cambio propio de la situación y la disrupción tecnológica así como la desafiante tarea de una administración basada en los datos e información. Ello implica empleos bien remunerados que capturen los mejores profesionales de la sociedad. Es necesario revisar la estructura de incentivos pero también la brecha salarial dentro del Estado.
El bienestar afectado por la pandemia está asociado a un Estado que promueva la economía y solo es posible con una administración pública que además de conocimiento e innovación, lidere, gestione y gerencie. Es urgente superar las brechas de capacidades en la administración y que se despliega en los territorios, pues son los municipios más pobres en los que urgen iniciativas, conocimiento y servidores públicos, bien remunerados pero altamente calificados, para asumir decisiones y acciones que conduzcan al bienestar.
Pero también es necesario una administración pública cercana al ciudadano en una relación basada en la confianza, en la transparencia y en el respeto de los derechos que conlleva una buena administración. Requiere de políticos que no solo la miren como una fuente de contratos o de gremios económicos y servidores públicos obsesionados por el logro de sus fines en detrimento del bienestar general.
Es importante que las distintas ideologías, con sus respetables posturas, vean en las organizaciones públicas el medio para promover la prosperidad después de esta crisis generalizada. De partidos políticos abanderando las trasformaciones del Estado, “más allá de los debates ideológicos y retóricos entre una derecha atea, que parece no creer en la capacidad del sector público para evolucionar y reformarse, y una izquierda beata, que lo contempla como si fuera moralmente superior e infalible”, como lo expresaron en un manifiesto los académicos españoles.
La pandemia ha cerrado puertas que la administración pública debe abrir con esperanzas.
