De acuerdo a la denuncia el proyecto fue terminado a las malas, y las viviendas entregadas están muy por debajo de unas condiciones mínimas de habitabilidad.
Con desilusión miran al pasado hoy los habitantes del municipio de Gachantivá. No solo los que recibieron las unidades del proyecto de vivienda nueva rural dispersa, sino en general todos los habitantes del municipio, pues para la ejecución del proyecto se recurrió a un empréstito.
El proyecto se tramitó durante la anterior administración, pero se ejecutó durante la actual. Lastimosamente los resultados no son los que se esperaban los artífices del proyecto, y mucho menos sus beneficiarios.
Inicialmente se adjudicó al proyecto un monto de inversión de 600 millones de pesos, mediante empréstito aprobado en la anterior administración, aunque luego se adicionaron algo más de 64 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías.
Es aquí donde empiezan a aparecer las supuestas irregularidades, pues con esa inversión se supone que cada unidad de vivienda tendría un costo aproximado de 25 millones de pesos, pero una vez finalizado el proyecto y analizada la situación de cada vivienda, se ha establecido que estas no superarían los 13 millones de pesos en un avalúo.
Otra de las situaciones que tiene desconcertados tanto a beneficiarios, como a denunciantes es el tiempo récord en el que se ejecutaron las obras. De acuerdo a los plazos establecidos en el sistema de contratación pública, el proyecto tiene fecha de inicio de ejecución el 10 de diciembre de 2020, mientras que las fechas de terminación y liquidación de contrato son el 23 y el 24 de diciembre de 2020, respectivamente. Esto no concuerda con los cuatro meses establecidos como plazo de ejecución, aunque si con el resultado final de las obras.
Es más, los beneficiarios, que cumplieron juiciosamente con los requisitos exigidos, hoy están extrañados de que las viviendas vengan con una habitación menos de las que se había anunciado inicialmente, aunque esa no es la única irregularidad a la vista en estas unidades de vivienda, que hacen parte de la estrategia ‘Viviendas dignas para la paz’.
La interventoría externa se contrató por valor de 45.545.728 pesos y el 31 de diciembre firmó actas de liquidación a pesar de que los denunciantes aseveran que nunca hizo presencia en alguna de las unidades de vivienda en construcción.
Es un buen espacio jurídico para que la Fiscalía, procuraduría y contraloría, ACTÚEN, a la mayor celeridad, pues a primera vista, se configura un indiscutible concierto para delinquir, aparte de celebración indebida de contratos, falsedad en documento público, falsedad ideológica y sobre todo peculado en favor de terceros, que desde luego el Alcalde y su Secretario de Obras, a la vez que supervisor deberán responder con las implicaciones penales correspondientes. Pero, como estamos en Colombia, puede suceder que no pase absolutamente nada, porque la defensa alegará que después de 30 años, es decir en el año 2051, fecha para la cual intervendrán los entes de control, el proceso ya haya precluído.