Demasiados problemas, intereses encontrados y pocas soluciones, al final de sesión de comisión V

Foto: Hisrael Garzonroa

Casi ocho horas de trabajo escuchando a los distintos protagonistas de la sesión descentralizada de la Comisión V de la Cámara de Representantes, llevada a cabo este viernes en la capital boyacense, dejan el agridulce de siempre: se escuchan los argumentos, las quejas, las denuncias; se hacen varias promesas, se endilgan responsabilidades, se encuentran culpables, se vuelven a pedir soluciones; y, sin embargo, al final, tal cual compromiso y el afán de terminar ante “lo avanzado de la hora y lo largo de la sesión”.

Los temas estaban determinados: minería y sector agropecuario; problemáticas para durar días enteros en la discusión. Para empezar, en el Occidente del Departamento, simultáneamente con la sesión, se enfrentaban los guaqueros con la policía ante la crisis que se ha venido agudizando con más de 4 mil personas que se dedican a sobrevivir del diario quehacer de lavar tierra para encontrar con qué tener el diario de subsistencia. Este fue el primer tema de la sesión. Y para distraer un poco, la controversia derivó en llamar a los guaqueros barequeros, término que no les gusta a los guaqueros, pero que a los voceros del gobierno que vienen de Bogotá, les encanta (¿para sacar la piedra?).

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Foto: Hisrael Garzonroa

Es evidente que en la región hay una clara ruptura de perspectiva: a las grandes empresas explotadoras que ahora están dominadas por el capital extranjero, está demostrado que no les gusta la guaquería, y que por tanto no quieren ver a esos miles de personas merodeando para ver si pueden obtener una lonada de tierra, si se pueden introducir en algún socavón abandonado o si la gran minera decide entregarles volúmenes de estériles, ya exprimidos, para ver si encuentra alguna morralla, algo que se pueda vender para comprar algún alimento.  

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A esta actitud de los empresarios, los guaqueros responden con los argumentos de siempre: estamos en nuestro territorio, en una actividad que lleva ejerciéndose desde los primeros habitantes de la región, que es un valor cultural y antropológico, que es un derecho natural; que es inaceptable  que los extranjeros vengan y se lleven toda la riqueza y las gentes nativas y muchos que llegan de otras partes del país, no pueden ni acceder a una palada de tierra. Las dos visiones resultan casi irreconciliables, mientras el gobierno se baja por las orejas, con la socorrida fórmula de la legalidad y la formalidad y que por lo mismo no puede hacer otra cosa.

Foto: Hisrael Garzónroa

Pero tampoco a los grandes empresarios les gusta, según denunció uno de los participantes,  que en la región haya comercializadores de esmeraldas, que surjan artesanos y comercio alrededor que puedan lucrar el trabajo modesto, pero vital, para cientos de familias que durante generaciones han hecho lo mismo. No quieren ver el comercio tradicional de las esmeraldas en la región, no quieren ver los puestos de artesanías. En cambio, a los empresarios se les ocurrió la idea perfecta, con el socorrido “concepto” de la denominación de origen, que no es otra cosa que apoderarse del mercado excluyendo a los otros, que en este caso son comerciantes y artesanos. Por eso, unos y otros, comerciantes y artesanos, piden respeto y apoyo, pero eso parece que no toca a las autoridades que siguen aferradas a que todo debe obedecer a “la legalidad, a la formalidad”.

Foto: Hisrael Garzonroa

Pero hay intereses intermedios también muy especiales y prometedores: el Peñas Blancas unos 100 pequeños mineros, gracias al apoyo de algún empresario, se están formalizando y legalizando para poder tener sus trabajos en las pequeñas explotaciones, lo cual se convierte en mayor acceso, nuevas posibilidades de comercio, generación de empleo, y sobre todo, posesión del territorio como patrimonio de las gentes de la región.

Y más al fondo subyace otro problema, la región viene siendo adjudicada bajo títulos mineros de manera indiscriminada, al punto que según fuentes enteradas, el municipio de Borbur está concesionado en más del 80% de su territorio total. “Solo falta que adjudiquen el casco urbano, incluida la casa cural”, apostilló la fuente.

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Sin embargo, las 17 asociaciones de guaqueros que están organizadas en la región que forman una federación, dijeron que están dispuestas a seguir en la defensa de sus intereses, exigiendo a las autoridades el apoyo necesario, empezando por los alcaldes, y pidiendo a Corpoboyacá  y la Agencia Nacional de Minería que faciliten los trámites para consolidar las asociaciones y poder obtener los permisos ambientales correspondientes, como esperan que suceda con el manejo de estériles que algunas empresas, de todos modos, quieren conceder, ante la presión de la comunidad.

En cuanto al sector del carbón, tampoco nada nuevo. Que la informalidad y la ilegalidad son las responsables de las tragedias, pero que eso tendrá solución en la medida que todos obedezcan y cumplan las normas que se han de cumplir bajo la estricta fiscalización, término favorito de los funcionarios de la ANM. Ni una palabra sobre los grandes consumidores, sobre el mercado del producto, sobre los precios del combustible y los beneficios del gran negocio de la generación que no se ve reflejado en el eslabón más débil de la cadena, el minero del socavón. El presidente de la Agencia, Juan Miguel Durán, aquí la sacó del estadio: en vez de convocar a los que pueden ayudar de verdad en la solución del problema de la inseguridad de las minas, están empeñados ahora en decir que para proteger a los trabajadores de la mina hay que vincular a la familia para que entre todos ayuden y recen por los trabajadores para que se cuiden (como Dios los ayude) en la jornada de trabajo.

A estas alturas ya se había ido más de medio día. Al término de esta primera parte, el presidente de la Agencia Nacional de Minería hizo gala de su presentación, que no avanza un ápice en lo que siempre ha sido la pauta de conducta de la entidad, aludir al argumento del artículo y el inciso, porque, ante todo, el apego a la ley y a la jurisprudencia, la excusa perfecta. Ninguna propuesta de fondo para asegurar el trabajo y evitar la saga de la muerte que deja a la actividad de la extracción de carbón como la más riesgosa.

 Y del campo

No muy distinto; cambian las circunstancias. Los paperos arrodillados en las carreteras implorando que les compren una arroba o un bulto de papa, pero del otro lado, ante la pérdida de la cosecha y haberse quedado sin una rupia con qué pagar nada, empiezan las entidades financieras, encabezadas por El Banco Agrario, a tratarlos como morosos y tramposos, enloqueciéndoles con las múltiples llamadas de cada día, desde la madrugada hasta la media noche, recordándoles que si no pagan se las verán con los agentes de cartera, que no son otros que las oficinas de cobro que, sin hacer nada distinto a la tortura, multiplican las deudas en un santiamén y propician embargos y remates sin formula de juicio.

Pero el gobierno dice que tranquilos que ahí proveyó recursos de compensación: más de 30 mil millones para compensar a los agricultores que perdieron ($6.000 por bulto), que tampoco llegan a los productores, por las trabas inherentes. Que tranquilos que para eso les entregan subsidios a los insumos. Que el bulto de abono de 90 mil lo podían adquirir a 80 mil. Y la verdad es que cuando fueron a comprar, el bulto de 90 mil se lo cobraron a ciento tres mil pesos. Un poco al contrario de lo prometido.

Pero que tranquilos que el Éxito dobló la compra de papa en esta temporada y que en Carulla una libra de papa vale más diez veces del precio que el papero recibe. La pequeña dificultad es que nadie sabe cómo corregir el problema. Y la sin salida se completa con que el departamento produce alrededor de 4 millones de toneladas de productos frescos, papas, hortalizas, cereales, y unos dos millones de litros diarios de leche. Todos estos volúmenes, en más de un 90% se destinan al mercado nacional; y es aquí donde fallan las cadenas de valor que hacen que al final, el peor pagado es el que produce desde la labranza y los que se quedan con las ganancias son los que nada tuvieron que ver con lo que valió producir.

Escuchadas estas historias hacían pensar que las respuestas del gobierno y de los mismos citantes de la sesión de la Cámara, los representantes César Pachón y Héctor Ángel Ortiz, iban a exponer las ideas y las iniciativas que dieran luces de solución a los problemas, pero no fue así, roque el tiempo se acabó y el secretario de la Comisión dijo que ante lo avanzado de la hora y lo largo de la jornada, se levantaba la sesión.

En todo caso, la discusión está abierta, y las circunstancias serían propicias para profundizar en cada uno de los tópicos tratados. Que ojalá el gobierno departamental no pierda el hilo del problema y sea su gabinete, con las secretarías de los sectores, los que no dejen de convocar y trabajar para encontrar la salida a estas problemáticas.  

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