La semana que acaba de terminar resultó turbulenta. Las tensiones sociales en el Occidente del departamento, volvieron a poner sobre la mesa la complejidad sobre el manejo, control, uso y aprovechamiento de ese magnífico y rico territorio; alrededor de 5 mil personas, hombres y mujeres, que se dedican a la guaquería, que no han sido agricultores, ni artesanos, ni trabajadores de otros sectores, y que tampoco lo quieren ser; que lo que piden es que les permitan trabajar, con sus 17 asociaciones de guaqueros, para acceder a los estériles de las empresas explotadoras para el rebusque del día a día.
Lo que necesitan los guaqueros es que los reconozcan, que los respeten, que les permitan trabajar y para ello no necesita influencias externas y mucho menos que estén infiltrados por organizaciones, llámense movimientos guerrilleros o bandas criminales. Como lo narró la alcaldesa de Maripí, esta gente lo que necesita es el apoyo institucional, empezando por Corpoboyacá que permita el trámite de la licencia para el manejo de las tierras residuales que salen de las minas y que los empresas permitan y propicien los materiales. Y esto es apenas una parte del problema de la minería de las esmeraldas en la región.
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En el centro del departamento, los cultivadores de papa y hortalizas vieron cómo los precios de sus productos siguen postrados, sin esperanzas de recuperación, (esta semana se desplomaron los precios de la cebolla cabezona y de la remolacha), mientras aumentan los temores por lo que viene en adelante con las obligaciones crediticias y los correspondientes embargos y remates de sus propiedades.
A su turno, la agencia Nacional de Minería, insiste en que la solución a todo es profundizar la fiscalización para identificar las fallas en las operaciones mineras, que hay que legalizar, que hay que formalizar, que hay que cumplir con los planes de trabajo en las minas y la protección del medio ambiente, y que para eso ahora están la 5G y la vigilancia satelital, instrumentos que nadie sabe a ciencia cierta cómo funcionan; pero por ninguna parte aparece una estrategia de fondo para modernizar el sector, facilitarle a los mineros que puedan cumplir con tales normas y evitar los seguidos y fatales accidentes que este año dejan ya más de 50 víctimas mortales en la actividad.
Estos acontecimientos han logrado movilizar altas esferas del gobierno, empezando por el Ministro de Agricultura que visitó a Ventaquemada hace más de un mes, y ahora la presencia de la Comisión V de la Cámara de Representantes que estuvo este fin de semana en Tunja y que abordó los mismos temas con la participación de varios ministerios, la presencia de los gerentes de las grandes minaras de las esmeraldas en el Occidente, de voceros de los guaqueros y de los comercializadores esmeraldas, así como voceros de los productores de papa y hortalizas y de los mismos mineros del carbón.
Del lado de la clase política, la convocatoria de César Pachón y Héctor Ángel Ortiz para propiciar la sesión de Tunja, significa sin duda, otro paso importante, a lo cual se suma la voluntad del gobierno departamental, con Luis Gerardo Arias, el secretario de agricultura, quien ha mostrado conocimiento y comprensión de la situación para el caso del sector agropecuario, mientras se espera que la nueva Secretaria de Minas, asuma una actitud de liderazgo similar.
En primer lugar, es necesario que la bancada parlamentaria del departamento sume una sola fuerza; Héctor Ángel y Pachón, ya dijeron que por encima de las diferencias políticas y los puntos de vista sobre la situaciones, lo importante era trabajar por las soluciones y por eso convocaron la sesión de Tunja. A esta asistieron los senadores verdes Sandra Ortiz y Jorge Londoño, ahora falta que se sumen los demás, los otros cuatro representantes y los senadores Aída Avella y Ciro Ramírez. Ante las circunstancias es ineludible que lo hagan. Que ninguno salga ahora con el cuento de que sus diferencias son insuperables.
Entre tanto, el gobernador Ramiro Barragán debe ser el gran protagonista, con su equipo de gobierno, para coordinar sectorialmente el abordaje de cada situación, siendo la correa de transmisión entre las organizaciones sociales, los alcaldes, los gremios productivos y los empresarios, desde lo local, y su enlace con el gobierno nacional. Y este no es un trabajo menor. Necesita los mejores funcionarios, un plan de trabajo de largo aliento y un monitoreo permanente con agendas definidas.
La solución a cada problemática no se dará en la sesión de un día de una comisión del Congreso, ni con la visita de unos funcionarios, cualquier mañana “al lugar de los hechos”; tampoco será posible que llegue desde la promesa de algún actor político en particular, a lo cual serán propensos los próximos meses en la medida en que se vaya calentando la campaña electoral con miras a las parlamentarias de 2022. Es indispensable que surjan consensos minuciosos y factibles de llevar a la práctica, haciendo que sean posibles la intervención y decisiones de muchas instancias.
En resumen, los problemas planteados no tendrán solución con reuniones de momento o declaraciones coyunturales. Es menester un trabajo de largo plazo, cuyo eje fundamental debe ser el gobierno departamental, rodeado de la bancada parlamentaria. ¿Será mucho pedir?
