Por | Ricardo Rodríguez
Desde hace más de un mes un grupo de jóvenes armó barricadas, cerró las registradoras y realiza continuos mítines para respaldar el paro nacional. Por ahora el recaudo del peaje de Tuta no le está llegando a la firma australiana que hace ocho meses le compró la concesión a Solarte y Solarte, pero ¿Qué podría pasar en el futuro?
Los transportadores y propietarios de automóviles, especialmente de Tunja, Paipa, Duitama y alrededores están felices porque desde hace varias semanas no hay cobro de peaje en Tuta.
Los responsables de esa ‘amnistía’ son jóvenes de las provincias de Tundama y Centro, que se tomaron el peaje, armaron barricadas y no han permitido que las operadoras hagan el recaudo.
Debido al alto flujo de vehículos que se movilizan desde el oriente del país hacia Bogotá y a la cercanía entre ciudades como Sogamoso, Duitama y Paipa con la capital del departamento, el de Tuta es uno de los peajes que más recaudan en Colombia.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Vías, Invías, entre los años 2016 y 2018 el peaje de Tuta recaudó 133.000 millones de pesos, lo que lo hace uno de los más ‘productivos’ del país.
Fuentes del Invías señalan que por la vía entre Paipa y Tunja se movilizan al mes 416.100 vehículos en promedio; en solo el mes de diciembre del 2018 pasaron por ese peaje 541.955 vehículos que, a precios de hoy, pagan tarifas entre 8.400 pesos y más de 25.000 pesos de acuerdo con el número de ejes que pueda tener un tractocamión.
Aunque los peajes normalmente tienen unos operadores, es decir unas firmas que hacen los cobros, la mayor parte de los recursos que se recaudan terminan en manos de los concesionarios de las vías que, para el caso de la carretera Briceño-Tunja-Sogamoso ya no es Solarte y Solarte, como muchos creen, sino el Fondo de Inversión australiano Macquarie Capital, que el año pasado, con el visto bueno del Ministerio de Transporte de Colombia y otra vez de espaldas a los boyacenses, adquirió los derechos de operación de la concesión.
Esos inversionistas australianos son los mismos que, según lo denunció el periódico EL DIARIO en febrero de este año, han estado arremetiendo contra los derechos de sus trabajadores rasos.
Denuncias similares habían sido elevadas en varias oportunidades durante 15 años por los trabajadores de la firma pastusa Solarte y Solarte que, también como lo denunció EL DIARIO, siempre hizo lo que se le dio la gana con la construcción y el manejo del mantenimiento de la obra, la más importante en materia de infraestructura vial en la historia de Boyacá.
“Salidos los pastusos y llegados los australianos, las cosas parece que no mejoran. Los nuevos dueños de la BTS, sin que nadie de esta dé la cara, han impuesto un esquema de maltrato sin que haya mediado la más mínima posibilidad de diálogo con los trabajadores: liquidación de los trabajadores solo con 50 por ciento de los derechos legales; no se está respetando la antigüedad del trabajador, además del trato discriminatorio que, según los afectados, resulta evidente en todas las actuaciones de la empresa con sus vinculados”, informaba EL DIARIO el 10 de febrero de este año.
En esa oportunidad, Óscar Játiva, vocero de los trabajadores, contó que se envió una solicitud formal a directivos de la empresa diez días atrás, pero no les habían contestado, a pesar de que a esas alturas no les habían cancelado el sueldo del mes de enero y menos habían permitido discutir sobre otras exigencias como transporte, liquidación 100 por ciento, no más despidos injustificados y el reintegro de algunos trabajadores.
El irrespeto a los derechos de los trabajadores, la mayoría de ellos boyacenses, se da a pesar de que Macquarie –la nueva propietaria de la concesión- es uno de los inversionistas más grandes del mundo en infraestructura, actualmente con presencia en estados Unidos, Europa, Asia y Australia.
¿Pierde Macquarie?
Según fuentes del Instituto Nacional de Concesiones, la entidad del gobierno que planea, estructura, ejecuta y administra los negocios de infraestructura del transporte en Colombia, por ahora es Macquarie, el mayor afectado por la falta de recaudo en el peaje de Tuta.
Sin embargo, esa situación puede cambiar en el futuro cuando el concesionario haga un requerimiento al Gobierno Nacional o presente una demanda, que podría resolverse con la ampliación del tiempo de concesión por el tiempo en el que el peaje fue dejado de cobrar o que sencillamente el Estado colombiano le tenga que responder por lo dejado de percibir.
Para el concesionario sería muy fácil demostrar que tenía la facultad legal y las condiciones para realizar el recaudo, pero que por un problema de orden público le fue imposible realizarlo.
Lo cierto es que Macquarie seguirá explotando el negocio de los 206 kilómetros entre Briceño y Sogamoso que en el gobierno de Andrés Pastrana le fue adjudicado a Solarte y Solarte por 30 años con posibilidad de prorrogarse por 15 años más.
Sería interesante que, como consecuencia del trabajo de presión contra el gobierno de Duque, que se ha creado con el actual Paro Nacional, al menos se lograran conocer los términos de esa concesión y si ese negocio, ahora de los australianos, se va a alargar per saecula saeculorum con plata sacada del bolsillo de los boyacenses.
No existe ningún Instituto Nacional de Concesiones