La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar la condena contra el exrepresentante a la Cámara por Boyacá Gustavo Puentes. Igualmente fue expedida en su contra orden de captura.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de cinco años y siete meses de prisión en contra del exrepresentante a la Cámara de Cambio Radical Gustavo Hernán Puentes Díaz, acusado de influir como congresista entre 2008 y 2010 ante la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Según la sentencia, Puentes Díaz usó su cargo de congresista entre 2008 y 2010 para influir indebidamente ante dos directivos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el propósito de que designaran como depositarios de un bien incautado a dos particulares amigos y colaboradores políticos suyos.
El fallo de la Corte señala que Juan Carlos Restrepo, exdirector Nacional de Estupefacientes, “allegó copia de la denuncia de 27 de enero de 2011, signada por “trabajadores de la planta inmunizadora de maderas del oriente”, quienes señalaron que Puentes Díaz utilizó indebidamente y en provecho propio sus influencias derivadas del ejercicio como representante a la Cámara para designar depositarios provisiones a dos personas en dos resoluciones”.
Según la sentencia, “Puentes Díaz uso su cargo de congresista entre 2008 y 2010 para influir indebidamente ante dos directivos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el propósito de que designaran como depositarios de un bien incautado a dos particulares amigos y colaboradores políticos suyos”.
Para la Sala de Primera Instancia, los medios de conocimiento en este caso evidencian, sin lugar a equívocos, que Puentes Díaz usó ilegalmente las influencias derivadas de su cargo en provecho propio y de terceros, para que se nombrara a los dos depositarios que carecían de la idoneidad exigida para ese cargo, vulnerando el trámite legal para su designación.
A cambio de esa gestión, el representante a la Cámara obtuvo beneficios económicos y políticos. “Manifestación de ese poderío fue su intromisión interna en el establecimiento comercial, la financiación de una reunión proselitista a su favor (2009) y la realización de campaña política en respaldo de su candidatura de 2010 a cambio de la estabilidad laboral, hechos posteriores a los nombramientos de los cuales se colige que al momento de ejercer la influencia para las designaciones (de los depositarios) sabía que su comportamiento era indebido en tanto se aprovechó del cargo”, señala el pronunciamiento.
La Corte también determinó que el excongresista actuó con dolo, pues tenía conocimiento de que estaba ejerciendo influencias contrarias a la ley. “De su profesión y experiencia, en especial la desarrollada en la Asamblea Departamental y el Congreso de la República, se colige no solo que contaba con los conocimientos para diferenciar una recomendación de una influencia indebida, sino que sabía que al nombrarlos a espaldas del trámite legal y sin cumplir los requisitos exigidos, actualizaba los elementos del delito. Dada su cercanía con los depositarios, sabía que no tenían la experticia en el manejo de sociedades comerciales y que no habían pasado por una convocatoria previa, ni estaban en lista de elegibles”, consigna.
No es el primer boyacense que resulta involucrado en el escándalo por el manejo de bienes manejados por la Dirección de Estupefacientes.
También en el 2021 el Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá declaró al sogamoseño Omar Adolfo Figueroa Reyes, exdirector de Estupefacientes, responsable del delito de concusión.
El Juez condenó a Figueroa a nueve años de presión y le impuso una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 80 meses de inhabilidad para cumplir funciones públicas.
La condena se dio luego de verificar el material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación y el preacuerdo logrado con Figueroa Reyes.
