La falta de garantías podría llevar a una renuncia masiva de funcionarios del INPEC.
Tensión, nerviosismo y desasosiego son los condimentos que introdujeron al hervidero que son las cárceles hoy en el país. Al igual que los empleados del sector salud, los funcionarios del INPEC afirman no tener elementos de bioseguridad suficientes para desempeñar sus funciones con las suficientes garantías de protección.
Los altos niveles de hacinamiento se han convertido en un factor clave para aumentar el clima de tensión, pues este no permite realizar el aislamiento requerido en caso de contagio.
La tranquilidad que hoy existe por la ausencia de casos confirmados al interior de centros penitenciarios del departamento es fugaz, pues en la gran mayoría de los penales es inexistente el personal e infraestructura médica al interior de los mismos, asumiendo así que en caso de enfermedad, un recluso deba ser trasladado al hospital más cercano. Es por ejemplo el caso de la cárcel de Santa Rosa de Viterbo, en la que, en caso de enfermar un interno deberá ser trasladado al Hospital Regional de Duitama, y luego será devuelto a las instalaciones del penal, entendiendo los riesgos de contagio que eso conlleva.
La preocupación es total e incluye a funcionarios de vigilancia y custodia, personal administrativo y demás funcionarios que en días pasados denunciaron la precaria situación de los 138 centros de reclusión en el país, llegando a afirmar que “preferimos quedarnos en casa aguantando hambre que morirnos contagiados”.
La situación de muchos de dichos funcionarios del INPEC en el departamento es crítica, pues además de tener que desempeñar sus labores bajo nulas condiciones y dotación de implementos de seguridad, tienen que someterse a riesgos desde el mismo momento en que salen de su lugar de residencia. Muchos de ellos viven en municipios aledaños al que tiene las instalaciones del centro carcelario, por lo que tienen grandes dificultades para movilizarse hasta allí, ya sea por la escasez de transporte público, o ya sea porque deben compartir un vehículo particular para llegar hasta allí, con los riesgos que eso conlleva. De momento el INPEC no ha provisto a sus empleados de un vehículo para asegurarles la movilización desde y hacia los centros penitenciarios.
El deceso de un par de reclusos unos días atrás en la cárcel de Villavicencio, ha potenciado el nerviosismo, no solo entre los reos, que día a día insisten en la necesidad de que se les libere para no perecer por la pandemia. También entre los mismos funcionarios del INPEC, llámese guardias o cualquier otro tipo de empleado, que al ver el alto estado de alteración de los reclusos, temen por su seguridad.
