Menos porciones y sustitución de alimentos, efecto de la crisis económica

Foto: Hisrael Garzonroa

En Colombia, 7,3 millones de personas experimentan inseguridad alimentaria y nutricional. El consumo de menos proteínas y más harinas o menos frutas y verduras y más bebidas azucaradas es uno de los principales efectos que están afrontando los hogares de país, fuertemente golpeados por el alza en el precio de los alimentos y de los insumos para la producción alimentaria.

Por Agencia de Noticias UN

Dicha situación está afectando la disponibilidad de los alimentos, es decir, se está dificultando encontrar carne o huevos en los mercados urbanos o tiendas de barrio, y el acceso económico a estos, ya que las familias, deben destinar más dinero para comprar alimentos más costosos y cubrir sus necesidades básicas.

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Durante la conferencia “Crisis alimentaria global y la peligrosa cooptación del concepto de soberanía alimentaria: consecuencias en Colombia”, realizada en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, la profesora María Victoria Rojas, magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNAL, afirmó que “Colombia importa el 30por cientode los alimentos que consume, o el equivalente a 12 millones de toneladas, siendo el trigo, el maíz, los aceites vegetales y los cereales uno de los segmentos de más alta participación dentro de esas compras”.

En relación con los insumos para la producción alimentaria, señaló que “el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania ha traído repercusiones en el costo de los insumos para los cultivos de nuestro país, los cuales se han incrementado en un 50 por ciento”.

“Esta situación llevará a los hogares a disminuir porciones, a sustituir alimentos encarecidos por otros más baratos, a reducir tiempos de comida, por lo que se presentará una situación de inseguridad alimentaria y nutricional en el hogar”.

¿Por qué hemos llegado a esta situación?

La docente resaltó “que la situación actual que vive el mundo y Colombia se debe a la consolidación de un sistema alimentario agroindustrial intensivo basado en el poder corporativo, que genera dependencia con reglas de juego desiguales entre el Norte y el Sur global, donde se precariza la vida del campesinado y se depreda el ambiente”.

Desde una perspectiva histórica, la profesora recurre al abordaje de economistas como Milton Friedmann sobre los regímenes alimentarios, en los cuales se relacionan las formas de producir y consumir alimentos en el contexto de la acumulación de capital y se hace periódico, según las distintas etapas del capitalismo.

Así, se refirió al Imperio británico (1870-1930), en donde se originó el capitalismo industrial y se estableció la agricultura comercial extensiva. Entre 1954 y 1979 en Estados Unidos (1954-1970) primó el “sistema mundo”, el libre comercio y la libre empresa, y emergió el agronegocio en el marco de la ayuda alimentaria para el desarrollo.

Entre 1980 y 2000 se dio un periodo corporativo en el cual se impulsó la financiarización de la agricultura y la alimentación y se dio una expansión de la dieta occidental y el fenómeno de la supermercadización.

Al respecto, la docente resalta que “en cada uno de estos momentos, los alimentos dejan de ser considerados como un bien común y un derecho fundamental, para convertirse en otra materia del mercado, y en la fase neoliberal del capitalismo se especula con estos en las bolsas de valores con consecuencias nefastas para los países y los territorios más pobres, que terminan padeciendo hambrunas”.

Desde su perspectiva, “para mitigar estas consecuencias es importante que el sistema financiero sea regulado, que los Estados legislen e implementen políticas públicas al respecto, que los modelos económicos actuales sean replanteados, se revaloricen y dignifiquen las formas de vida campesinas, y que se diversifiquen los modelos de producción hacia métodos ecológicos y sustentables”.

Para la académica, la alternativa a esa perspectiva neoliberal de la alimentación sería la soberanía alimentaria popular, en la que los pueblos ejerzan el derechoa una alimentación sana y apropiada según su cultura y prioridades.
“Las comunidades deben participar en la definición de las políticas agroalimentarias, con el fin de restarle el control a las corporaciones alrededor de las decisiones sobre los procesos alimentarios en los territorios”.

“No se trata solo de producir alimentos y ser autosuficientes, sino de revalorizar el ambiente, la cultura y las relaciones socio-ecológicas, entre otros aspectos, y que se garantice la participación de la ciudadanía en las decisiones sobre los sistemas alimentarios”.

“En Colombia se debe fortalecer la producción local de alimentos, especialmente los provenientes de la agricultura familiar, campesina, comunitaria y étnica, considerando la importancia de dignificar las condiciones de vida de estas poblaciones”, concluyó la docente.

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