Por | Zully Orozco – Economista e investigadora – Economista Liberal y apartidista
Poco más del 50% de las utilidades operacionales de las empresas mineras en Boyacá se deducen al pago de impuestos y regalías; el grado de extractivismo al que ha llegado el Estado en contra de quienes producen es ridículamente alto. Si el Gobierno anualmente expolia más de la mitad de la producción ¿Habrá incentivos para que las empresas operen en formalidad? La respuesta es bastante clara, no existirán. De hecho, esta es la razón por la cual gran parte de la actividad minera en el departamento opera en ilegalidad.
No cabe duda de que por su contribución tributaria, la minera se ha consolidado en una de las actividades más importantes para las finanzas públicas del país. Partiendo de los datos (parciales) que proporciona SIMCO, en Colombia el sector minero aporta aproximadamente cerca de 5 billones de pesos por año en impuestos y regalías al gobierno nacional. En Boyacá, únicamente por conceptos de regalías en 2019, la minería aportó la cifra de 22.570 millones de pesos.
Lo que demuestran estos datos, es que a pesar del enorme potencial económico que sostiene el sector, cuenta con uno de los sistemas de fiscalidad más extractivos y confiscatorios de todo el país. A decir verdad, las regalías no son el único impuesto que paga el sector, existen al menos más de 20 impuestos y contraprestaciones adicionales.
De los impuestos por actividad el más distintivo son las regalías; que representan las contraprestaciones económicas que pagan las compañías al Estado y a los entes territoriales por el derecho a explotar los recursos. Este impuesto varía en función de la producción y el precio internacional de las materias primas. Pero existen además los impuestos fiscales; compuestos por el impuesto a la renta que graba los beneficios anuales, el predial, el impuesto al patrimonio y los impuestos territoriales, seguidos por el impuesto al IVA que grava materiales y maquinaria importada, los parafiscales y, por último, los gravámenes a los movimientos financieros (el 4 x 1.000). Adicionando todas estas contribuciones, la carga tributaria asciende a una suma gigantesca.
El menosprecio del Gobierno hacia la actividad minera es inconcebible. La mayoría de impuestos son anti-empresa, anti-formalidad y representan un obstáculo para la inversión y la generación de empleo. Los mandatarios pretenden justificar este expolio aduciendo que, si no se grava de esta manera, no existirán suficientes ingresos para financiar proyectos de infraestructura, impulsar el desarrollo en los territorios etc… sin embargo, los efectos negativos que produce la recaudación excesiva sobre la propia actividad y el crecimiento económico son igualmente desfavorables, al menos por dos motivos.
Primero, los impuestos tienden a impactar sobre los demás agentes económicos. La evidencia empírica sugiere que hasta la mitad de un alza tributaria puede recaer sobre los trabajadores. El aumento de los impuestos desincentiva la inversión y con ello reduce la demanda por mano de obra. Finalmente, la disminución del empleo genera una caída de los salarios lo cual eleva la pobreza y, en el caso particular de departamentos como Boyacá, termina afectando a las familias y comunidades rurales que dependen mayoritariamente de la actividad.
Segundo, el aumento de los impuestos reduce las probabilidades de formalización de las empresas mineras. Los beneficios de la mayoría de las empresas mineras a mediana y pequeña escala ni siquiera alcanzan a cubrir los costos mínimos de formalización (pago de impuestos). Es por esto que las empresas no tienen incentivos para operar en legalidad; así, la permanencia en la informalidad, ocasiona que la productividad total del sector caiga, al mismo tiempo en que se reducen los salarios laborales. Este supuesto queda corroborado por los datos del censo minero hecho por el Ministerio de Minas y Energía (MME), donde se menciona que, tan solo el 50% de las unidades de producción minera a pequeña escala y el 17% de las unidades mineras a mediana escala en Boyacá cuentan con un título minero, el restante opera en informalidad.
En síntesis, el gobierno central y los gobiernos departamentales mantienen una política donde la minería esta al pleno servicio de un Estado excesivamente grande, expoliador y extractivista. Aunado a ello, no tienen la menor vergüenza en limitar su autonomía con permanentes penalizaciones por operar en informalidad. Los encargados de la política pública deberían colocar el foco en la reducción de la presión fiscal, si es que en realidad se encuentra dentro sus aspiraciones, como lo mencionan, el impulsar la reactivación de la economía, porque los impuestos mineros de la altura a la que han llegado ya no se pueden considerar como impuestos. Sino como medidas de expropiación.
Totalmente de acuerdo, este país es de los que más cobra impuestos, como la gasolina nos toca pagar tres impuestos, un vehículo paga impuestos departamental, municipal, soat, revisión técnico mecánica, seguro todo riesgo, etc, etc. Falta que nos cobren el aire que respiramos.