Francisco Grijalba declaró insubsistente a la Secretaría de Planeación, quien estaba en embarazo. Municipio pagó más de 134 millones de pesos y ahora al exalcalde le tocará reintegrarle esa plata al municipio.
El tribunal Administrativo de Boyacá acaba de confirmar en segunda instancia que el exalcalde de Samacá, Francisco Grijalba, debe pagarle al municipio por el valor que esa entidad territorial indemnizó a una funcionaria que fue despedida a pesar de esta embarazada.
El valor total de la sanción fue de 134 millones 847 mil pesos, que es el equivalente a la indemnización que el municipio de Samacá le pago a Paola Andrea Borda Guerra, quien era la secretaria de Planeación de Grijalba y quien fue despedida de su cargo en abril del 2009.
Resulta que en esa fecha el alcalde Grijalba le pidió la renuncia a su secretaria, con el argumento de que necesita contratar una persona más idónea y con sentido de pertenencia para la prestación de los servicios.
El 21 de abril de ese año la Secretaria le notificó a la administración que se encontraba en estado de embarazo e incluso pidió que le asignaran una ayudante, pues la carga de trabajo era muy fuerte.
A pesar de eso el Alcalde la declaró insubsistente pues supuestamente ella no había tenido un desempeño adecuado en el cargo, aunque en ninguna parte del proceso el exmandatario logró demostrar esas falencias.
Después de un proceso de varios meses, un juzgado le dio la razón a la exfuncionaria y le ordenó al municipio pagarle la indemnización, que en efecto le fue cancelada, pero el municipio repitió contra el exalcalde, como lo ordena la ley.
Tiempo después un juzgado falló contra el exalcalde, ordenándole desembolsar al municipio lo correspondiente a la indemnización pagada a la exfuncionaria y ahora el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó esa decisión.
Dice el Tribunal que con la actuación del mandatario de ese entonces se configuró una culpa grave por violación manifiesta a normas sustanciales y por no respetar el fuero de maternidad que cobijaba a la empleada; es decir, la prohibición y presunción de despido por embarazo, previstas en el decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Samacá es uno de los municipios de Boyacá que más ha tenido que pagar indemnizaciones por despidos mal hechos. La administración anterior pagó más de 200 millones de pesos en intereses y condenas contra el municipio por casi 2.000 millones de pesos, muchas de ellas por malas decisiones administrativas por parte del exalcalde Grijalba.
