Aproximadamente 140 casas se encuentran en riesgo de deslizamiento, no solo por estar ubicadas en un sitio inapropiado para ese fin, sino por la inestabilidad del suelo que ha generado la actividad minera en la parte baja de la ladera.
Las dificultades para ejercer el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y la desidia estatal se han mezclado en un cóctel con sabor a tragedia perfecta. Claro que antes de que Boyacá tome un sorbo de aquel cóctel, queda algo de tiempo para buscar soluciones y evitar un drama humano del que nadie va a querer tener recuerdos.
La situación ocurre en Quípama. Hace unos cuantos días se han registrado focos de conflictividad entre los ciudadanos que habitan en la parte alta de una ladera y los que ejercen la labor de la guaquería en la parte baja de la misma. Piedras fueron y volvieron de lado y lado, pero soluciones no aparecieron.
Los que viven allí aseguran que la labor minera genera inestabilidad en el terreno, y temen por la posibilidad de que esto genere un deslizamiento, con la inminente cuesta debajo de sus hogares. Es algo que ya ocurrió alguna vez con una vivienda, por lo que no es descabellado pensar que pueda volver a pasar.
Se trata de casas situadas en un lugar no apto para habitabilidad, pero ya estando ahí, y ante la imposibilidad de tener un hogar en otro lado, quienes las habitan hacen un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que se les dé algún tipo de solución.
La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá y la Secretaría de Minas Departamental han hecho un diagnóstico del que se concluye la necesidad de intervención inmediata. No es para menos, pues son alrededor de 140 hogares los que están en inminente amenaza.
Desde la Oficina del Asesor para el Diálogo Social de la Gobernación de Boyacá, en cabeza de Pedro Pablo Salas, han planteado la necesidad de reubicar a estas personas a la vez que se prohíbe la guaquería en aquella zona.
Claro está que el objetivo no es dejar sin sustento a estas familias dedicadas a una labor tan representativa y tan característica de la zona, por lo que se les daría una alternativa, aunque eso es algo que de momento no se tiene definido.
En las próximas horas las autoridades departamentales sostendrán una reunión con Procuraduría, Defensoría del Pueblo, entre otros organismos de control, con el ánimo de acordar soluciones inmediatas, y planes a mediano y largo plazo. De esta reunión se pretende consensuar una visita al Ministerio de Minas, al que se le concibe como actor fundamental y determinante para dar solución tanto a mineros como a residentes de la zona.
