La resolución en la cual se concede la licencia ambiental a Maurel & Prom para un proyecto de exploración petrolera fue proferida el lunes de esta semana por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, pero todavía no ha sido notificada de manera oficial a los alcaldes de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco. Habla la coordinadora del estudio de impacto ambiental en la región.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó licencia a la empresa Maurel & Prom para realizar labores de exploración petrolera, como parte del proyecto denominado ‘Área de Perforación Exploratoria COR-15’, que comprende 9.397 hectáreas y que está ubicado en la provincia de Sugamuxi.
La Resolución 1795, proferida el 11 de octubre de 2021, señala que se autoriza a la multinacional francesa para realizar la construcción de seis locaciones o plataformas multipozo. Cada plataforma contará con varios espacios, entre ellos taladro de perforación, depósitos para el almacenamiento de químicos y combustibles, helipuerto y sistemas de tratamiento de agua residuales.
Curiosamente, la resolución, compuesta por 511 páginas, no está publicada en la página de la ANLA sino que comenzó a ser informada a representantes de la comunidad.
El portal virtual EntreOjos.co, dedicado a temas de ambiente, biodiversidad, cambio climático, conservación y educación ambiental, fue el que dio a conocer la noticia en las últimas horas y de inmediato se dispararon las alarmas entre ambientalistas y organizaciones que habían hecho seguimiento a las etapas preliminares al estudio que adelantaba la ANLA para la decisión que ahora se conoce.
Dice EntreOjos.co que, de acuerdo a lo señalado en la resolución de la ANLA, en cada plataforma en la región señalada se perforarán hasta dos pozos con una profundidad variable de hasta 3.657 metros (12.000 ft), esto quiere decir que el Proyecto Área de Perforación Exploratoria COR-15 contará con 12 pozos distribuidos en los cuatro municipios cobijados por la licencia. “La perforación se realizará mediante equipo convencional por rotación”, indicó la ANLA en su Resolución.
“El permiso otorgado por la autoridad de licencias ambientales a Maurel & Prom la faculta para adecuar y/o mantener hasta 30 kilómetros de vías existentes, y construir hasta 30 kilómetros de vías nuevas compuestas por tramos de hasta de cinco kilómetros por locación o plataforma “para acceder a los sitios donde se ubiquen las locaciones o plataformas multipozo partiendo de los corredores viales existentes”.
“La licencia avala asimismo la construcción de 15 kilómetros de líneas de flujo de ocho pulgadas para conectar las plataformas de perforación con el propósito de llevar los fluidos (crudo y/o gas, aguas de formación) hasta el sitio donde se ubiquen las facilidades tempranas de producción, y hasta el gasoducto de la Estación Belén o la Estación de Corrales”.
“Cada plataforma debe contar además con una Zona de Disposición de Materiales de Excavación (ZODME), tales desechos pueden ser usados en la adecuación de vías existentes, la construcción de nuevas vías de acceso o de plataformas o locaciones de perforación y facilidades tempranas de producción como se denomina al espacio y al conjunto de equipos utilizados para el procesamiento de crudo, agua de formación y el gas proveniente de los pozos”.
El periódico EL DIARIO habló con Yaneth Pineda Triana, profesora titular de la Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Escuela de metalurgia.
La profesora Pineda es doctora en Ingeniería Mecánica y de Materiales y fue la coordinadora del estudio de impacto ambiental realizado como paso previo a la etapa Exploratoria COR-15, que es como se llama el proyecto petrolero de Sugamuxi.
EL DIARIO: ¿Cuándo y quiénes realizaron ese estudio?
Yaneth Pineda: Realizamos ese estudio en el 2018. Se trató de un trabajo de campo coordinado por tres expertos que analizaron componentes biótico, abiótico (o físico)) y socioambiental. Todo el trabajo fue realizado por cerca de 80 personas, entre expertos de la Universidad y personas de la región que fueron contratadas para ayudar a recoger la información. La investigación se realizó en aproximadamente un año, en varias etapas, en las que se incluyó la socialización con comunidades.
E.D: ¿Quién contrató el estudio?
Y.P: Maurel & Prom hizo el acercamiento con la Universidad, constató la seriedad del equipo y el trabajo que podríamos realizar y contrató con la UPTC. Contrataron con nosotros por la responsabilidad con la que asumimos este tipo de tareas.
E.D: ¿Cómo fue la metodología? ¿Cómo se hace este tipo de trabajo?
Y.P: Esa metodología fue establecida en conjunto con la ANLA. Realizamos un trabajo juicioso y serio de todos los componentes de la región, la flora, la fauna, el recurso hídrico, las actividades económicas, la situación social, cómo está distribuido el suelo, etc. El resultado no solamente serviría para la decisión sobre una eventual licencia ambiental, sino que es un insumo muy importante para los alcaldes, para el Gobierno de Boyacá, para todos aquellos que quieran realizar algún tipo de actividad en la región.
E.D: ¿Con quién hablaron, con quién concertaron, que áreas visitaron?
Y.P: Hablamos con muchas personas en las cabeceras municipales y en las áreas rurales. Tenemos un registro de todas las reuniones, con fichas en donde se registraron todas las informaciones; determinamos cómo es la región, qué hay, qué tipo de vivienda tienen los habitantes, a qué actividades se dedican, como viven… todo el entorno social y económico.
E.D: ¿Esas conclusiones para que le sirven al proyecto de exploración petrolera?
Y.P: Con el estudio se estableció cada uno de los componentes y se indica en qué zona es posible que se ubiquen esas actividades de exploración. En qué sitios puede haber afectaciones y en cuáles no.
EL DIARIO: ¿Qué alcance tiene el proyecto, hasta dónde llegan ustedes con ese estudio?
Y.P: Nosotros estudiamos y analizamos el impacto que podría tener el proyecto y establecimos qué podría ocurrir si no se hace esa exploración y qué podría ocurrir si se hace. Igualmente, en el caso de que se haga, qué se debe hacer posteriormente, cuando la empresa abandone la región. Qué medidas se deben tomar para mitigar el impacto que se genere. El estudio llega hasta ahí y es un requisito para que la ANLA pudiera eventualmente otorgar o conceder la licencia.
E.D: ¿Ustedes, según el estudio, recomendaron otorgar la licencia?
Y.P: Nosotros no hacemos recomendaciones. Nosotros analizamos; nosotros señalamos qué impacto se tendría si se otorga la licencia y en donde se podría ubicar el proyecto. Dijimos en dónde podría tener más impacto o menos impacto y cuáles podrían ser las alternativas.
E.D: ¿Qué tan confiable o creíble es el diagnóstico que ustedes hicieron?
Y.P: Es una información muy confiable; analizamos cada componente; es una investigación muy completa, consideramos el paisaje, el componente socieconómico, la situación actual de la minería; un estudio muy idóneo y serio.
E.D: ¿La comunidad fue informada; la gente estuvo de acuerdo?
Y.P: Es que no nos correspondía preguntar si estaban de acuerdo o no. El trabajo se desarrolló consultando a la comunidad. Hicimos los acercamientos e invitamos a muchas reuniones y se les dijo claramente cuál era nuestro objetivo: realizar un diagnóstico de la región y para qué; cómo lo estábamos haciendo. Realizamos convocatorias a todos los sectores, a las juntas de acción comunal, a las autoridades, a los alcaldes; se citó a las personas por veredas y por sectores. Todos fueron invitados; algunos estuvieron muy activos y, como siempre, otros fueron renuentes. También hicimos reuniones para mostrar los resultados de esos estudios y para contar qué fue lo que encontramos.
E.D: ¿Y le explicaron a la gente qué es una etapa de exploración y que puede ocurrir?
Y.P: Claro que explicamos cómo es una exploración convencional como esas, que no es fracking.
E.D: Finalmente, ¿tuvieron ustedes algo que ver con la licencia que ahora da la ANLA al proyecto?
Y.P: Nosotros hicimos el estudio, pero fue a Maurel &Prom a quien le tocó defender ante la ANLA si se le debería otorgar la licencia. Y la ANLA, en su competencia legal, fue a quien le correspondió tomar la decisión. En eso no tenemos nada que ver.
El interés de los profesionales Boyacense que hacen parte de un estudio que favorece capitales de origen foráneo, no representa la necesidad de la comunidad que lucha por preservar su entorno y condiciones de vida, sin daños irreparables a los recursos naturales de los que depende su bienestar. Los estudios adelantados claramente dirán que el cáncer no es cáncer, ni el fracking es su origen, y que el agua limpia desaparecerá para morir de sed y poder llenar las arcas de aquellos que algunas monedas les dejan por su sexto de opinión profesional, que no defiende el agua ni la vida de su pueblo, en una era con objetivos que buscan el desmonte a nivel global, de la explotación y el uso de combustibles fósiles como fuente de energía para las economías dinámicas. Ir contra natura en la política contra el calentamiento global y la contaminación del planeta exige un precio muy elevado que pagarán nuestros descendientes.
Al redactor de la noticia le falta rigor periodístico y conocimiento de cultura general. Desconoce la conformación de las provincias del departamento. Tasco y Beteitiva son municipios de la Provincia de Valderrama, y Corrales y Busbanza de la Provincia de Tundama.
Sobre la noticia, este tipo de proyectos generalmente no consideran el interés de las comunidades y el impacto en el medio ambiente. Por supuesto, en este tema casi todos participamos en el deterioro del medio ambiente. Las autoridades por falta de control y el uso de los afluentes hídricos para la eliminación de material orgánico, a través de los sistemas de alcantarillado. Las personas de los centros urbanos por la mala disposición de residuos sólidos y el excesivo consumismo. E incluso las personas del campo, por la sobreexplotación de los recursos naturales. Vivimos en una sociedad, en la cual el deseo de alcanzar beneficios inmediatos y riqueza están por encima del bienestar presente y futuro de la sociedad.
Aprueban licencia para hidrocarburos y el mula del alcalde de Paipa NO quiere energía limpia solar…. A bestias!!!