Gobernadores y alcaldes ‘en la lupa’ de la Procuraduría por contrataciones del Plan de Alimentación Escolar

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El Ministerio Público recordó que ejerce vigilancia superior sobre estos recursos y quienes los administran, por cuanto está en la obligación de hacer las precisiones del caso para garantizar la aprobación de los proyectos de inversión y evitar fallas que impliquen posibles faltas disciplinarias.

La Procuraduría General de la Nación emitió cinco recomendaciones fundamentales para las entidades territoriales certificadas (gobernaciones y alcaldías) encargadas de contratar y suministrar los alimentos estipulados en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

En una comunicación dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, directivos, gerentes y coordinadores PAE de entidades territoriales de todo el país, el Ministerio Público recordó que a través de su delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, ejerce vigilancia superior sobre estos recursos y quienes los administran, por cuanto está en la obligación de hacer las precisiones del caso para garantizar la aprobación de los proyectos de inversión y evitar fallas que impliquen posibles faltas disciplinarias.
Garantizar inicio oportuno y continuidad del servicio durante los 180 días del calendario escolar, población a atender de acuerdo a los criterios de priorización, definición de la modalidad y tipo de complemento a suministrar con los respectivos documentos del ciclo de menú por sede educativa y fijar el costo de la ración a suministrar detallando la metodología empleada.

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Garantizar la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos de las raciones establecidas, (…) contando con un plan de saneamiento y aplicando las buenas prácticas de manufactura.

Comprar alimentos a pequeños productores agropecuarios locales o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos.

Llevar un control de las actividades realizadas y de todos los componentes y recursos necesarios para que el programa se desarrolle adecuadamente.

Dar estricto cumplimiento a la vigilancia por parte de la comunidad educativa y los informes periódicos que debe presentar el interventor acerca de la operación del PAE.

Finalmente, la Procuraduría recordó que en ningún caso coacciona o coadministra, actúa como articuladora, extendiendo recomendaciones y llamados al cumplimiento normativo, pero son los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios quienes deben garantizar la prestación del servicio en las condiciones de calidad y continuidad exigidas.

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