Es lo que indica la Procuraduría General de la Nación frente retrasos en el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la delimitación de los páramos, ecosistemas que abastecen de agua potable a más de cinco millones de habitantes de 104 municipios del país, incluyendo 16 ciudades capitales.
El órgano de control alertó sobre esto en el marco del Foro “Gobernanza del Agua”. El delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero Ruíz, informó que el Ministerio de Ambiente notificó que los espacios de participación ambiental en el marco de los procesos de delimitación de los páramos de Santurbán, Pisba y Almorzadero serían reprogramados, lo que implica un nuevo retraso en la delimitación de estos ecosistemas, orden derivada de la Sentencia T-361 de 2017 emitida hace casi cinco años.
La entidad también afirmó que, la demora en el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por las altas cortes ha generado graves impactos en la garantía de oferta y calidad del recurso hídrico, el aumento de la minería ilegal, el deterioro del tejido social de los campesinos, mineros y habitantes de este territorio y la grave contaminación con mercurio de fuentes hídricas tales como el río Suratá en Santander, la cual es fuente de abastecimiento de agua potable de Bucaramanga.
Para el ente de control, existen deliberadas dilaciones y falta de voluntad institucional de diferentes actores especialmente locales, que están impidiendo que se cumpla con las decisiones judiciales, razón por la cual la Delegada Ambiental y Agraria ha dado traslado a las dependencias de investigación disciplinaria de la entidad para lo de su competencia.
En este sentido, la Procuraduría ha realizado diversas actuaciones preventivas y disciplinarias y desde 2017 ha rendido conjuntamente con la Defensoría del Pueblo 14 informes de cumplimiento de la sentencia T-361 de 2017, referente de todas las decisiones judiciales relativas a la delimitación de los ecosistemas de páramo, poniendo en conocimiento del Tribunal encargado del seguimiento de las diversas dilaciones que ha sufrido el proceso.
Por todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación también anunció que enviará un informe a la Corte Constitucional y a los demás despachos judiciales encargados del seguimiento a las órdenes impartidas, para que intervengan y adopten las medidas urgentes que resulten necesarias para dar pleno cumplimiento a la Sentencia T-361 de 2017 y demás decisiones judiciales referidas.
