La administración de la entidad, con el Director y el Consejo Directivo, termina la actual vigencia muy cuestionada. Hay serios reparos a la labor que realizó Hérman Amaya y acusaciones de clientelismo contra varios integrantes del Consejo Directivo.
En sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, realizado ayer se designó a la ingeniera Marietha Ávila Fernández, como directora general encargada de la entidad, a partir del 1 de enero de 2024.
“La ingeniera, actual Asesora de la Dirección, asumirá temporalmente el cargo hasta que se provea en propiedad”, señaló un comunicado expedido por la entidad.
Ávila Fernández es Ingeniera Civil, con Especialización en Gobierno y Gerencia Territorial de la Universidad Santo Tomás. Cuenta con una alta experiencia en el sector público, donde ha ocupado importantes cargos como gerente de Ecovivienda, gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB) y Asesora de la Contraloría de Boyacá.
El proceso de elección del director (a) de Corpoboyacá está suspendido hasta que la Procuraduría General de la Nación tome una decisión.
Esa elección se debía realizar a finales del mes de noviembre pasado, pero el abogado Diego Francisco Sánchez presentó recusación contra varios integrantes del Consejo Directivo al considerar que se han dedicado al tráfico de influencias no solo para el nombramiento de amigos y familiares en la Corporación sino incluso para tramitar licencias, permisos, modificaciones y multas a proyectos mineros desde microempresariales hasta multinacionales.
El abogado Sánchez, especialista en Gestión Ambiental, ha señalado que algunos consejeros de manera directa o por interpuestas personas hacen nombrar a sus parientes, recomiendan hojas de vida e incluso, sin reato alguno de conciencia, hacen nombrar en la planta de la entidad a familiares dentro del primer grado de consanguinidad y de afinidad.
La recusación es un término jurídico que se refiere al acto de impugnar la imparcialidad de un juez o tribunal para intervenir en un caso. Se puede presentar cuando existen motivos razonables para creer que el juez o tribunal no será imparcial o justo en su decisión. La recusación busca garantizar la imparcialidad y la equidad en el proceso judicial”.
Las recusaciones fueron radicadas contra el gobernador Ramiro Barragán, en calidad de presidente del Consejo Directivo de la Corporación; al consejero Lorenzo Caballero Cristancho, representante de la comunidad U’WA; Neicer Albeiro Susa, alcalde de Muzo; Manuel Alejandro Tambo, alcalde de Pesca; Fabio Figueroa, alcalde de Boavita; César Barrera, representante Comercializadora S. A. y Freddy Holguín, alcalde de Miraflores.
“Teniendo en cuenta que son siete los consejeros recusados y estamos observando que se compromete el cuórum, de conformidad con el acuerdo 02 de noviembre de 2023 de la Asamblea Corporativa, en el artículo 11E, literal C y D, establece – no obstante haber sido recusado una asambleísta o consejero, puede participar de la sesión en la que se resuelva sobre la recusación interpuesta contra otro miembro de la Asamblea Corporativa o del Consejo Directivo, siempre y cuando, no estén recusados por la misma causal – y el numeral D del mismo artículo el 11E, reza – en caso de afectarse el cuórum, se remitirá por competencia al Procurador General de la Nación para que resuelva la recusaciones formuladas – una vez leído este acuerdo de la Asamblea Corporativa, observamos que hay dos opciones para tomar una decisión frente a la situación en particular que estamos desarrollando, el primero es remitirlo a la Procuraduría y el segundo que se tramite por el Consejo Directivo”, se conoció durante la sesión.
Cerrando la jornada y luego de escuchar a los diferentes consejeros, la Corporación emitió un corto comunicado donde explicó.
“Corpoboyacá informa que, en la sesión del Consejo Directivo de hoy 28 de noviembre de 2023, se decidió remitir las recusaciones presentadas para el proceso de designación del Director General de la Corporación para el periodo 2024 – 2027 a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto, el proceso de elección queda suspendido hasta que la Procuraduría tome una decisión.
Es posible que el proceso para la elección de Director o Directora en propiedad pueda reiniciarse en enero de 2024, pero eso dependerá de las pruebas que se presenten en la recusación contra los consejeros y del concepto que finalmente dé la Procuraduría.
