En la última campaña política al Congreso, la elección de este joven tunjano por el Pacto Histórico fue una de las grandes sorpresas. Sin embargo, hay una sombra en su pasado que puede hacerse perder su investidura. La Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra.
El representante a la Cámara por Boyacá Pedro José Suárez Vacca, mediante un mensaje en su cuenta X, acaba de pronunciarse sobre la grave acusación que cursa contra él en la Corte Suprema de Justicia.
“Con una denuncia falsa de hace 12 años quieren poner en entredicho mi nombre. El proceso al que se refieren tiene reserva y no puedo pronunciarme, pero tengan la certeza de que nunca he violado la ley y la justicia ratificará mi inocencia”, escribió Suárez.
El caso por el que se le acusa a Suárez Vacca ocurrió hace cerca de 15 años, cuando él se desempeñaba como Juez de Ejecución de Penas de Tunja.
Según la acusación en su contra, por algún interés ilícito, Suarez Vacca le concedió beneficio de presión domiciliaria a Lelio Nevardo Ávila Santana, condenado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá por los delitos de tráfico de estupefacientes y secuestro.
Lo que dice la norma es que ese tipo de delitos no son tenidos en cuenta para el beneficio de casa por cárcel, a excepción de que exista prueba de una enfermedad grave del condenado lo que en este caso no ocurría.
La Corte Suprema de Justicia investiga desde hace varios meses a Suárez Vacca por ese hecho, pero el tema fue puesto sobre el tapete de nuevo por una columna de opinión de Yohir Akerman de Esto Es Cambio, en la que publicó una supuesta carta manuscrita que estaría firmada por el en ese entonces Juez de Ejecuciones de Tunja y que podría llevarlo a la cárcel.
Dice la Akerman que los hechos se registraron el 23 de enero de 2008, cuando le correspondió al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja controlar la ejecución de la pena impuesta en contra del señor Lelio Nevardo Ávila Santana, condenado por los delitos de tráfico de estupefacientes y secuestro.
Para ese tiempo, Suárez Vacca era juez y al parecer le habría dado al señor Ávila la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, lo que sustentó en su condición de padre cabeza de familia.
“El hecho fue acreditado por el togado Suárez Vacca en una supuesta inspección que practicó el funcionario judicial en la residencia de los padres del narco y secuestrador. Es decir que, aunque el delincuente vivía con sus padres, le dieron un beneficio por ser cabeza de familia, lo que quiere decir que sus niños hubieran podido quedarse con sus abuelos. Para colmo de males, el acta respectiva fue elaborada en el despacho del juzgado, es decir que nunca hubo tal visita por parte de los funcionarios judiciales”.
El periodista de Esto Es Cambio dice que existe una carta, cuya validez está por comprobar, que demostraría que Suárez Vacca y el condenado narcotraficante eran amigos, y que cuenta sobre la voluntad del entonces juez, de favorecer con su determinación ilegalmente al delincuente.
Recordó Ákerman que para el año 2002, Suárez Vacca en sus labores como Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Tunja, otorgó la libertad condicional a los condenados capos del narcotráfico, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
“Según el criterio de él, en ese momento, magistrado auxiliar Suárez Vacca, los ex líderes del Cartel de Cali, presos para ese momento hacía siete años, ya habían cumplido con las tres quintas partes de su pena y, por lo tanto, tenían derecho a la libertad condicional. Además, el juez argumentó en su decisión, que los Rodríguez Orejuela habían cumplido su sentencia con comportamiento ejemplar. Repitamos la palabra: ejemplar”, dice.
Continúa relatando que en diciembre de 2004 los hermanos Rodríguez Orejuela fueron extraditados a los Estados Unidos y el 26 de septiembre de 2006, fueron condenados por la Corte Federal en Miami a 30 años adicionales de prisión, por los delitos de conspiración, narcotráfico y lavado de dinero.
Retoma hablando sobre la carta y mencionando que no tiene fecha, pero que, en la Notaría Tercera del Circuito de Tunja, también está el documento, que cuenta con un sello del 15 de septiembre de 2010. Es decir que no fue implantada.
Dentro de los detalles, agrega que está dirigida al señor Lelio Nevardo Ávila y dice E.S.M, que es la abreviación de que fue entregada en sus manos, y que dice en la misiva: “Usted comprenderá las razones por las que me comunicó de esta manera, pero ante los acontecimientos recientes, prefiero tener cuidado en extremo. Agradezco de antemano por igual razón, me sea devuelto este escrito con su portador, a quien autorizo para toda comunicación a mí”.
Y continúa en la carta: “En una sala de descongestión del Consejo Seccional de Cundinamarca, cursa la indagación preliminar No. 2010-000125-00 con magistrado Dr. Luis Alfredo Agudelo Flórez, por la prisión domiciliaria concedida por mí a usted (…) El Consejo Superior de la Judicatura es el ente superior de esta entidad y por eso creo que Pedro A. Sanabria puede ayudar eventualmente en algo. Sin embargo, eso debe hacerse con mucho cuidado y en alto grado de confianza con él”.
Especifica que en esta última parte, donde finaliza la carta hay unos paréntesis que son originales de la escritura y no adiciones del columnista: “Hace unos días usted llamó a mi celular y contestó mi esposa, usted dio su nombre y dijo que se quiere reunir conmigo.
Agradezco que no se comunique a mis celulares pues definitivamente es mejor evitar sorpresas. (No dar papaya). Espero que todo esté bien para usted y su familia, así como para sus hijos. Cuando yo vea que es posible buscar la manera de que nos veamos, por ahora es mejor por esta vía y Jhon está autorizado para hablar con usted de mi parte. (Sólo él). Usted entenderá igualmente que no puedo recibir a nadie más ni atender otro asunto, pero cuando yo vea que todo está en situación normal vemos como nos comunicamos más directamente. Reciba un fuerte abrazo. Saludos a sus padres. Pedro José Suárez Vacca”.
Termina la redacción con una firma del entonces juez que tendrían que analizar los expertos, si corresponde a la misma del hoy representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
Esto Es Cambio hizo una rápida comparación de firmas con otros documentos del congresista y resaltó que es la misma que aparece en otras cartas de Suárez Vacca.
Akerman indicó que para el 5 de mayo de 2010, el Coordinador de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, el señor Alberto Aconcha Cuadrado, presentó denuncia penal por manipulación indebida del soporte técnico de reparto, denunciado por la funcionaria María Romelia Romero Gómez.
“Romero Gómez era la encargada de manejar el sistema de cómputo del reparto de los despachos de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja y estableció que, concretamente, el radicado número 12428, el del caso del narco Lelio Nevardo Ávila, fue asignado por el sistema al juzgado tercero de ejecución de penas”, puntualiza.
En medio del caso, sostiene que la señora Romero, dijo que se había retirado de su puesto de trabajo por un momento y al regresar encontró el radicado citado y redireccionado al juzgado quinto de ejecución de penas, donde estaba el juez Suárez Vacca, por lo que se habían adulterado los registros originales creados por el sistema.
Ante esta situación, el procurador 174 judicial penal, Óscar Mauricio Becaría, envió denuncia a la Fiscalía, entidad que cruzó información con otros despachos judiciales a fin de verificar si se adelantaban investigaciones relacionadas con el juzgado quinto de ejecución de penas, logrando establecer que efectivamente a la fiscalía 15 seccional correspondió conocer de esas presuntas irregularidades.
“Por eso volvamos al manuscrito, cuando establece que la única persona autorizada para hablar en persona y servir de correo entre el juez y el narco, era un señor llamado Jhon o John. Según una certificación laboral del señor Suárez Vacca, del 15 de septiembre de 2009, con la misma firma del manuscrito, el señor John Carlos Mancipe Puerto se desempeñó como escolta de Suárez Vacca desde el 1 de junio de 2005″, apunta Akerman.
Explica que el señor Mancipe, quien se llevó la carta, presentó una denuncia penal en contra de Suárez Vacca por estos hechos, corroborando esta denuncia ante la Fiscalía y declarando ante la Corte Suprema, manifestando que el hoy representante recibió un presunto soborno de 35 millones de pesos, cuando era juez, por dictarle casa por cárcel al narcotraficante.
Además, afirma que el señor Mancipe, como consta en el proceso, rindió declaración en el año 2011 ante la fiscal María Victoria Parra, en la ciudad de Medellín. Pero una vez Esto Es Cambio consultó en la página de la Fiscalía General de la Nación evidenció que el proceso aparece inactivo, “es decir, no se practicó indagación, ni actuación alguna en el mismo”.
“Interesante, en especial porque el 3 de mayo de 2018, en una operación conjunta entre Colombia y España, en la que se incautó una tonelada de cocaína y 1.500.000 euros en efectivo, cayó nuevamente Lelio Nevardo Ávila Santana, señalado como el enlace de la mafia albanesa en Colombia. El mismo que el entonces juez Suárez Vacca le dio casa por cárcel en 2008″, menciona el periodista Yohir Akerman.
Continúa diciendo: “La Corte Suprema tendrá que determinar la validez de esta denuncia y el peso del acervo probatorio. Pero la acusación y relato de su exescolta, la evidencia en la manipulación del reparto y la carta manuscrita con la misma firma del hoy representante a la Cámara, no dejan muy bien parado a este congresista del Pacto Histórico”.
Y agrega que lo único que puede salvar al representante es “la misma oscuridad de la justicia. Ya que el magistrado del alto tribunal que profirió auto de apertura de investigación y vinculación mediante indagatoria contra el Representante a la Cámara Suárez Vacca, por los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir, es Francisco Farfán, el mismo señalado de filtrar información al Clan Gnecco sobre las investigaciones que hace cuatro años se adelantaba en contra de sus integrantes”.
Pues ahora Suárez Vacca dio a conocer un pronunciamiento sobre el caso, aunque aclaró que el proceso tiene reserva.
“La defensa del representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca se permite pronunciarse frente a recientes notas de prensa en diferentes medios informativos”.
“Como cuestión preliminar debe precisarse que atendiendo al tipo de proceso por el que se adelanta la actuación, la investigación previa y la etapa de instrucción penal exigen reserva sobre sus actuaciones, por lo que resulta extraño que en la nota periodística se exhiba y publicite piezas documentales y diligencias propias del proceso”.
“La defensa no tiene permitido y se abstendrá de revelar información de la instrucción en cuestión; no obstante, aportó elementos suasorios para su valoración y está a la espera del decreto de otras pruebas solicitadas para su práctica teniendo como finalidad demostrar la inocencia de nuestro procurado”.
Agrega que la columna de Ákerman presenta imprecisiones que tienden a desinformar.
Finalmente dice que deposita su confianza en la Corte Suprema, entidad competente para pronunciarse al respecto, cuya determinación será la conclusión de un discurrir procesal que aún está en trámite, encontrándose pendiente la etapa de juzgamiento en la que se presentará el debate respecto a los cargos endilgados.
