UPTC: nuevas matrículas a rajatabla

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Foto : Hisrael Garzonroa
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Por | Edilberto Rodríguez Araújo– Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC

A pesar de que un numeroso grupo de estudiantes solicitara el 24 de noviembre pasado un aplazamiento de la aprobación de la propuesta final para la liquidación de la matrícula de los estudiantes que ingresen el próximo semestre, el magistrado del Tribunal administrativo de Boyacá, Iván Afanador, no aceptó. 

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Después de haber consultado con la rectoría (respuesta que dio la asesora externa y no el rector), al demandante y a la presidencia del Consejo Superior Universitario (CSU), el presidente del Tribunal, no avaló la prórroga, acogiendo los argumentos de la apoderada (¡?¿!) de la  administración, quien cataloga de “improcedente” la solicitud, y del presidente de la máxima instancia de gobierno universitario –quienes aducen que efectuar una “socialización” en la semana de habilitaciones alteraría el calendario de matrículas- ,  y decidió, el 29 de noviembre, que la fecha inicial para la audiencia de verificación de cumplimiento (1 de diciembre) se trasladaría al 7 de diciembre. Sin embargo, una de las peticiones de los estudiantes, la de ampliar la “socialización” en Escuelas y Facultades fue aceptada, y se programó, una maratón de frenéticas “socializaciones” entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, aquí y allá, para llenar, formalmente, la apariencia de “participación” de las bases estudiantiles. Esto no deja de ser un intencional  simulacro, una puesta en escena de la retórica participativa.

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De este largo y accidentado proceso de “construcción colectiva”, es posible identificar los “cuellos de botella” de la propuesta presentada por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, veamos:

  1. Tal como se puntualizó el 28 de noviembre, la dirección de la UPTC (léase rectoría y Consejo Superior), renunciaron al principio de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 28 de la  Ley 30 de 1992, al evadir, sistemáticamente,  el  cumplimiento del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 (Estatuto General), por lo que dirimir esta situación dependió de fallos jurídicos, como los proferidos por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado. Como se ha sostenido, en gran parte de la treintena de universidades públicas ya hace, por lo menos, 20 años, que existe un sistema de liquidación de la matrícula estudiantil, siendo la UPTC, quizá, la última en hacerlo.
  2. No obstante que las directivas y el consultor han reiterado que la preocupación central no es garantizar la sostenibilidad financiera de la universidad, sino la progresividad en el cobro, es inocultable que lo que los desvela es la pérdida de ingresos al implantarse el nuevo sistema en 2018. Como se puso de manifiesto en la errática sesión del 28 de noviembre, las cifras presupuestales presentadas no se han depurado y, por lo tanto, muestra unas expectativas alarmistas, ignorando que la disminución hipotética de los recaudos no será inmediata, sino que se dará a la vuelta de cinco años. De igual forma, el temor de las directivas es que su modelo de autofinanciación ha hecho crisis y, no se atreven, a reclamar una mayor responsabilidad de la Nación en la financiación de la oferta, a garantizar el carácter público de la universidad.
  3. Desde que se contrató al CID por $460 millones, a finales de 2016 y a finales de 2017, se han propuesto varios esquemas, cuyos fundamentos metodológicos son discutibles. Si bien es cierto, el consultor elaboró un perfil socioeconómico de los estudiantes de la UPTC, en el que el 85% de los 16.750[1] estudiantes encuestados (63% de la población universitaria) pertenece a los estratos 1 y 2 y, además, el 70% percibe ingresos familiares de menos de un salario mínimo; sin embargo, las versiones presentadas tienen notorias inconsistencias. Tales inconsistencias, se resumen en dos componentes principales: a) La ponderación de las tres variables. De un lado, se aparta de la fijada en otras universidades públicas, y, de otro lado, tiene unos baches inexplicables en los valores de ingresos del núcleo familiar, de la pensión del colegio y del estrato socioeconómico, confundiéndose este último con irreales precios de vivienda. La novedad de esta propuesta es la inclusión de  atenuantes y excepciones, y,  b)  El cálculo del valor del punto. Como se ha enfatizado, este parámetro no se sustenta en un referente distinto a lo que se supone el gasto promedio en educación (7%), extraído de la Encuesta Multipropósito del Dane (EM 2014), encuesta cuya cobertura no es Boyacá, sino Bogotá-Cundinamarca, a lo que se agrega que la EM no incluye los gastos en educación. Se argumenta, adicionalmente, que el 36,3% de los estudiantes encuestados se encuentra en el rango de hasta medio salario mínimo.

Al revisarse la información, se evidencia que es el 62% la proporción de estudiantes que están en ese rango. Luego del malabarismo estadístico, el consultor concluye que el valor del punto es $25.820, resultante de multiplicar 3,5%[2] por el salario mínimo actual ($737.717). Tomando los valores extremos (3-150), la consultoría nos revela que la matrícula mínima se situaría en $77.460 y la matrícula máxima (excepcional) sería $3.873.000. A renglón seguido, se colige que, utilizando como referentes  otras universidades distintas a las de la pasada versión (Antioquia, Valle, Nacional, Surcolombiana y UIS), tales como Cauca, Pamplona, Distrital, Nacional y UIS, el valor resultante es uno de los más bajos. Recientemente, cuatro integrantes del Consejo Superior en una carta dirigida a la ministra de Educación Yaneth Giha,  proponen, con argumentos peregrinos,  que el valor del punto no sea 3,5% sino 7% del salario mínimo.

  1. Para persuadir a sus contratantes y al magistrado Afanador acerca de los efectos favorables de la propuesta, la consultoría, llega al punto esperado: el nuevo sistema reduce el valor de la matrícula, en cerca del 50% al 88% de los estudiantes encuestados, que no son los que se matricularán en la segunda semana de diciembre, mientras que los perjudicados sólo sería el 12% (2.086 estudiantes), correspondiente a los hogares con ingresos mayores a un salario mínimo.
  2. El concepto de programa utilizado en el documento se diferencia de la noción de programa académico. De acuerdo a la explicación dado por el consultor, la universidad tiene 182 “programas”; sin embargo, los registros existentes no arrojan sino cerca de 75 programas académicos presenciales, no presenciales y virtuales.
  3. Nuevamente, cuando se calcula el valor promedio de la matrícula, la consultoría saca de la manga un dato: el valor promedio de la matrícula. A partir de los recaudos reportados (no se identifica la fuente), se señala que, con el sistema actual, es de $732.301[3]. Pero, con el nuevo sistema se reduciría a $379.426, de donde se infiere que ello conducirá a una brecha de ingresos que bordearía los $19.000 millones.
  4. En la propuesta final se insiste en que esta brecha de ingresos se compensaría aumentando la “capacidad instalada” (cupos versus matriculados) cuya  utilización es de 96%, fórmula que no resolvería el presunto riesgo de insostenibilidad financiera. El consultor omite que, a septiembre de 2017, otras fuentes de financiación de la universidad muestran una boyante situación, por ejemplo, los excedentes financieros que ascienden a cerca de $40.000 millones; ello sin contar con los recaudos de la estampillas Prodesarrollo UPTC y Pro UNAL, además de los recursos girados de la reforma tributaria (excedentes financieros CREE), cuya cuantía supera los $24.000 millones, al igual que los rendimientos financieros, que mal contados rebasan los $2.250 millones.  Dentro de los ingresos ejecutados a septiembre de 2017 los recaudos por matrícula de pregrado representaban 15,7%. El Fondo Patrimonial previsto en el artículo 84 del Estatuto General es una fuente inexplorada.
  5. Se puso en evidencia en la “socialización” del 28 de noviembre pasado, que el artículo 83 del Estatuto General aplica, también, a los 93 programas de posgrado, dado que esta norma se refiere a “programas académicos”, sin especificar su nivel de formación, por lo que podría pensarse que la próxima reforma, si la propuesta del CID prospera, serán las 47 especializaciones, 38 maestrías y 8 doctorados, modalidades que se han convertido en una fuente creciente de ingresos, comoquiera que a corte de septiembre de este año proporcionaban $23.431 millones (9,3% de los ingresos totales).
  6. Llama la atención que cuatro (Adán Bautista, Daniel Cárdenas, Israel Romero y Juan B. Pérez), de los nueve integrantes del Consejo Superior, quienes se autocalifican de “defensores de la preservación de la UPTC”, hayan dirigido una carta a la ministra de Educación el 30 de noviembre, alarmados porque el eventual esquema de matrículas pone  en “riesgo la estabilidad financiera” de la universidad, cuestionando al demandante y lanzando dardos al gobernador de Boyacá,  alertando sobre una “decisión equivocada”, según sus catastrofistas cifras, que cause un “desfinanciamiento inmanejable” que lleve al “cierre inmediato de la UPTC”. Los argumentos de los firmantes de la carta, quienes no ocultan un tufillo de excluyente regionalismo (“¿Se quiere una universidad más nacional y menos regional?”), de tiempo atrás, han expuesto su concepción de una universidad privatizante, basada en el modelo de autofinanciación, que releve al Estado de su responsabilidad con la educación pública.

En fin, se da por asegurado que la nueva propuesta será refrendada por el Consejo Superior y el proyecto de Acuerdo hará su tránsito en la audiencia de verificación de cumplimiento. El momento en que se adopta el nuevo sistema de liquidación no es el más oportuno, dado que esta decisión coincide  con la terminación del semestre académico y las vacaciones de fin de año.

[1] El último documento “Propuesta de metodología para calcular las matrículas de pregrado en la UPTC: valores y efectos asociados”, divulgado el 28 de noviembre de 2017, utiliza, indistintamente, cifras de 17.737, 17.618 y 17.650.

[2] La ponderación del gasto en educación dentro de la canasta familiar del grupo denominado educación, según el Dane,  es 4,79%.

[3] El dato es $737.764. Además, no se consideran 26.750 estudiantes sino 26.935.

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