Uptc: El baile de los que sobran

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Hisrael Garzonroa
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Por | Edilberto Rodríguez Araújo– Profesor Titular de la UPTC

¡Puesticos pa´ mi gente!

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El 27 de octubre del año pasado fue reelegido por una abrumadora mayoría de los ex rectores, su actual representante ante el Consejo Superior Universitario por siete votos a favor y uno en blanco. A juzgar por esa aplastante mayoría numérica, las alianzas burocráticas que desembocaron en esa elección, funcionaron hasta finales de 2017, cuando el rector Alfonso López, le pidió reiteradamente la renuncia a quien se desempeñó como directora de planeación hasta mediados de enero. La coalición se resquebrajó y en el reacomodo de la burocracia universitaria la primera damnificada fue la destituida funcionaria, al igual que relevos en el Departamento de Tesorería, en la Dirección de Comunicaciones, en la Dirección de Investigaciones y, como ya se señaló, en la jefatura de planeación. No sobra anotar que la ex funcionaria, tuvo un corto tránsito (nueve meses) en esta dependencia, luego de reemplazar a quien dirigía esa dependencia, cuota del reelegido ex rector, ex liquidador de la Caja Agraria. Como un colofón de estas movidas burocráticas, no resulta extraño que tras su defenestración la ahora, ex directora de  Planeación, haya hecho circular  un panfleto con una pregunta sin signos de interrogación titulada “POR QUÉ EL RECTOR ALFONSO LÓPEZ PIDIÓ MI RENUNCIA”.  En este extenso escrito, su autora se va lanza en ristre contra algunos funcionarios del equipo rectoral, quienes fungen como la guardia pretoriana rectoral. La autora del panfleto se erige en una especie de  Juana de Arco, señalando lo que, a su juicio, es lo esencial.

Debe leer:
>Por qué el rector Alfonso López pidió mi renuncia

La culpa fue de la…Pola

Veamos cuáles son sus afirmaciones, prescindiendo de sus andanadas contra quienes hasta ayer eran sus colegas directivos, que ella denomina “Staff Rectoral”, encabezado por “Pola y Cía”,que incluye al rector, vicerrectores y jefes de algunas unidades -mencionando sólo algunos, por ejemplo, Mónica, Leonel Vega y Enrique Vera  vs. sus patrocinadores, representados por dos ex rectores caídos, parcialmente, en desgracia, uno de ellos, vicepresidente de  Academia Boyacense de Historia y, el otro, un  rancio ex dirigente conservador:

  1. El presupuesto de la UPTC se maneja y ejecuta con desorden”. “Hoy ni el rector ni el CS de las finanzas de la UPTC”. Así justifica esta aseveración: “Las finanzas de la UPTC  son un mundo opaco, con ‘excedentes cercanos a los 90.000 millones’ como lo señaló el Presidente del CS y el Gobernador”.   No es un secreto para nadie, que el presupuesto de la UPTC  al no ejecutarse plenamente durante la vigencia fiscal arroja un aparente superávit, tal como se evidencia en la ejecución presupuestal a septiembre de 2017, cuando los ingresos recaudados ascendieron a $250.535 millones, en tanto que los compromisos de gasto equivalían a $164.844 millones. En 2016 la diferencia entre ingresos ($307.882 millones) y recaudos ($238.579) fue de $69.303 millones. Los denominados “Otros ingresos” (excedentes financieros, rendimientos financieros y estampillas) se calculaban en $80.717 millones. Estas cifras tomadas en bruto revelan que, aun con el catastrofismo propagado por una fracción del Consejo Superior, a raíz de la adopción del nuevo sistema de cobro de matrícula, la situación  actual no amenaza la estabilidad ni la sostenibilidad financiera de la universidad.
  2. Por iniciativa del Rector proyecté una resolución en la que propuse congelar el nivel de precios”. “Apoyé el concepto técnico de la comisión rectoral de ingenieros para NO asignar la licitación del Edificio de Posgrados en TRES convocatorias”. Quizá la autora del escrito se refiere al listado de precios unitarios para obra pública y consultoría que mediante Resolución 3729 del 30 de marzo de 2017 adoptó la universidad trasplantando el modelo implantado en la Gobernación de Boyacá, por lo que no se entiende cómo un funcionario de la universidad pudo haber influido. Asimismo, de todos es sabido el accidentado proceso de licitación para construir el edificio de posgrados,  contrato por más de $21.137 millones, en la que invitación pública fue declarada desierta en tres ocasiones, no obstante la existencia de siete proponentes, mientras la interventoría fue adjudicada el 27 de abril del año pasado (Resolución 39992) por $1.351 millones.

La ex jefe de planeación, sitúa el origen de su fulminante caída, al hecho de haber expresado su “negativa de asignar la licitación”, por lo que, según su versión, el rector le pidió la renuncia el 22 de diciembre, haciéndola efectiva el 18 de enero de 2018. Cabe recordar que la última convocatoria fue declarada desierta el 27 de diciembre de 2017 (Resolución 7954) por el Comité de Licitaciones y Contratos, no por la Dirección de Planeación, dado que ninguno de los siete proponentes reunía los requisitos de los pliegos de condiciones.

  1. La aplicación de la Reforma a la Planta de Personal originada en la propuesta de CEIPA fue un despelote”. De todos es sabido que la universidad contrató hace cuatro años con la Fundación universitaria CEIPA Business School, la reestructuración de la planta administrativa por $980 millones, cuya ejecución se prolongó por más de tres largos años, siendo uno  de los hallazgos de la Contraloría General en 2016, las sucesivas e injustificadas  prórrogas y suspensiones, pues la consultoría había sido proyectada para un año. A pesar de que a finales de 2016 se expidieron, a marcha forzada, los Acuerdos 063, 064 y 065, hoy por hoy, no se ha convocado a concurso de méritos para proveer las 991 plazas aprobadas -reducida a 928 este año-; por el contrario desde la rectoría se le ha dado largas a este proceso meritocrático, cubriéndose estos cargos con los recomendados de quienes pelechan de la nómina de la universidad, aún más en periodos como la coyuntura electoral actual. Recientemente el Consejo Superior promulgó los Acuerdos modificatorios 001 y 002, que, sin embargo no han destrabado el empantanado proceso de supuesta “modernización” administrativa.

Atribuirse la responsabilidad de remover la inercia institucional con un “estudio técnico” de cargas laborales suena un poco desproporcionado, con un protagonismo sobredimensionado, desconociéndose donde reside el verdadero poder burocrático y decisorio en esta institución educativa. No debe soslayarse que una de las recurrentes quejas de muchos de los integrantes del Consejo Superior ha sido la demora en la puesta en marcha de la nueva planta de personal administrativo, origen de la remoción del anterior jefe de planeación y, quizá, de la autora de este panegírico, los cuales, paradójicamente, solo permanecieron nueve meses en sus cargos.

¡Queda despedida! 

La crónica de una renuncia anunciada, pese a que se inició el 22 de diciembre se escaló el 15 y el 16 de enero,  cuando el rector, quien regresaba de sus vacaciones, ejerció, sin escrúpulo alguno, toda la presión que sabe aplicar, hasta llevar contra las cuerdas a la atribulada funcionaria que, finalmente renunció el 17 de enero, radicando su solicitud, no en la Rectoría, sino en la sección de Archivo y Correspondencia, con copia a la primera, en una extraña lógica jerárquica. Aún más extraño fue la negativa del rector de aceptarle la renuncia. Todo un galimatías burocrático. Como si fuera poco, el mismo 17, según relata en su libelo la destituida funcionaria, fue posesionada la nueva directora de planeación, muy de las entrañas de uno de los vicerrectores, quien se desempeñó como rector encargado mientras el titular realizaba su periplo estadounidense.

 El 19 de enero sesionó el Consejo Superior, tal como lo menciona la panfletista, para aprobar dos Acuerdos (001 y 002) relacionados con la reestructuración administrativa y el montaje de la planta global, sin embargo,  solo en la segunda norma, que disminuye de 991 a 928 la planta de personal definitiva, incluye en sus considerandos una alusión que, tal como lo dispone el Acuerdo 064 de 2016, exige que el Consejo Superior debía contar con el respectivo estudio técnico de la Dirección de Planeación para modificar la planta de personal administrativo, que ya, para ese momento era ocupada por la ex directora de la DIN. ¿Quién elaboró el documento de marras? Parece ser que ante la ambigüedad del rector, se originó una jefatura dual, pues pese a que la renunciante funcionaria, había renunciado, seguía ejerciendo, ya que su renuncia, según ella, no fue “plenamente aceptada”. Simultáneamente, cabe recordar, que el contrato con la fantasmagórica CEIPA, había finiquitado en 2016, manteniendo solo una responsabilidad de acompañamiento en la provisión de cargos en la “etapa  de implementación”, que aún está en el limbo. El desembolso final a este contrato por valor de  $147 millones debía hacerse a la finalización del contrato, avalada por el supervisor del mismo, que en este caso lo ejercía la coordinadora del desaparecido Grupo de Talento Humano, hoy Departamento de Talento Humano.

Y, ahora, ¿quién podrá defenderme?

La controversia está planteada. El panfleto de la ex directora de Planeación de la UPTC más que llamar la atención sobre la concepción y manejo desacertado de la universidad pública, se detiene en una renuncia forzada derivada de la pugna por la burocracia universitaria entre los férreos micropoderes existentes, a la que no son ajenos los integrantes  del Consejo Superior, lo que ha conducido a un desbarajuste institucional. Las rebatiñas por puestos y contratos, han degradado los procesos de vinculación de sus funcionarios, tal como lo evidencia este episodio en que la orfandad de poder ha llevado a ventilar aspectos de la picaresca administrativa, que en otras condiciones permanecerían en la penumbra de la rutina burocrática. Los recientes nombramientos corroboran lo escrito, a los que se añade el eventual retiro del Director de Bienestar Universitario.  A un año de la terminación de este periodo rectoral, el roscograma administrativo busca blindar a su titular de cualquier investigación por parte de los organismo de control, los cuales ya han puesto la lupa en varias actuaciones, algunas de ellas divulgadas en las esporádicas discusiones  que surgieron en torno a la adopción del nuevo sistema de liquidación de matrícula de pregrado, verdadera  Caja de Pandora de problemas administrativos y financieros represados.

Si la ex jefe de Planeación sostiene sus señalamientos, sería conveniente que los organismos de control emprendan las investigaciones a que haya lugar, para identificar y sancionar a los responsables, de lo contrario estas acusaciones quedarían como un episodio más de las rencillas personales que rodean el funcionamiento de una institución que maneja uno de los  presupuestos y nómina de personal más grande  del departamento.

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