Durante la jornada de manifestaciones del pasado 10 de octubre el gobierno Duque anunció la adición de 500.000 millones al presupuesto de educación superior. Sin embargo, el manejo y destinación de los recursos no dejó satisfechos a directivos, estudiantes y docentes, que son quienes conocen qué se debe priorizar.
El Presidente del Sistema Estatal Universitario SUE del Caribe y Colombia, y rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, ha iniciado un recorrido por las principales ciudades de Colombia para socializar la propuesta que harán las 32 universidades públicas del país frente a la crisis por la que actualmente pasa el sistema educativo.
Explicó Torres en su paso por la capital boyacense, que los 500.000 millones de pesos adicionales, anunciados por el gobierno Duque, el pasado miércoles luego de las protestas en las principales ciudades del país, no son suficientes para afrontar una crisis que ha durado más de 25 años. Sin embargo, aclaro que no es una suma para despreciar, pero que de nada sirve si es el Ministerio de Educación, y no las universidades, quien decide el reparto y destinación de los recursos.
Según Torres, la idea del Gobierno es destinar la mayor cantidad de recursos para inversión, pero la gran necesidad de recursos para las instituciones de educación superior de carácter público está en los gastos funcionales, que año tras año van creciendo con los aumentos salariales, que crecen a un ritmo superior del IPC, factor decisivo en la asignación de recursos.
La idea que hoy tienen las 32 universidades públicas del país es destinar el 40% de esos recursos para gastos de funcionamiento, y el 60% restante para la inversión en mejoramiento de los campus universitarios, infraestructura tecnológica y bienestar universitario.
Dentro de las propuestas de las universidades está que los recursos para el programa de la excelencia, que ha surgido en reemplazo de Ser Pilo Paga, se destinen en su totalidad para financiar el ingreso de estudiantes a universidades públicas y no a privadas, como venía haciendo su predecesor que terminó fracasando.
Torres también hizo un reclamo al Gobierno Nacional que cuando realizó el incremento del IVA, del 16 al 19 por ciento, afirmó que destinaría un uno por ciento a causas sociales; siendo el 0,4% destinado a las universidades públicas. Esto de momento no se ha cumplido, siendo que de los 414 mil millones recaudados en concepto de IVA social, solo llegaron 162 mil millones a las arcas de la educación superior pública; el resto se fue directo a los bolsillos de las universidades privadas con el programa Ser Pilo Paga.
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