La sanción impuesta al presidente del Concejo, Héctor Sánchez, parece haberse quedado coja. El concejal no tendrá ni voz ni voto en el Cabildo Municipal, pero seguirá ejerciendo funciones administrativas y por ende devengando un salario, siendo que no puede cumplir con sus funciones.
El impedimento para que Héctor Sánchez siga ejerciendo sus funciones como concejal y presidente de la corporación ha generado un gran revuelo, no solo en el mundo de la política, sino en general entre la población de la capital boyacense, que se pregunta cuál será la participación de Sánchez en el Concejo.
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Se ha aclarado que a Sánchez le quedará prohibido ejercer su derecho a voz y voto dentro de la corporación por los próximos diez meses, autorizándole solo a ejercer funciones administrativas.
Así las cosas se aclara desde el mismo Concejo, que Sánchez no podrá convocar ni dirigir plenarias, tampoco podrá participar de estas ni presentar proyectos. Mientras que si puede ordenar el gasto y la contratación al interior de la corporación.
Pero esto genera una serie de cuestionamientos, por lo menos de tipo moral, ya que no se justifica que el concejal siga cobrando su salario siendo que no podrá ejercer las funciones propias del cargo.
Y más grave aún es que terminado el 2018, Sánchez perderá su embestidura como presidente de la corporación, dejando de lado incluso sus funciones administrativas, sin que eso implique que deje de devengar un sueldo por parte de la Corporación.
¿Es eso correcto? ¿Se justifica que Sánchez siga cobrando su salario como concejal siendo que no puede ejercer las funciones esenciales del cargo? ¿Se justifica un salario de concejal a alguien que solo ejerce funciones administrativas?, el debate está servido y de seguro será foco de discusión en los próximos días mientras se aclara cuál es la posición y el desempeño de Sánchez en el Concejo.
