Tunja desbordada de venezolanos

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Foto: Archivo / Vía @puenteboyacense
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Los hogares de paso y refugio se han multiplicado en los últimos meses, por lo que la ciudadanía considera más que necesario la realización de un nuevo censo que permita conocer las dimensiones de la problemática y el planteamiento de políticas que permitan hacerle frente.

Otro día otro dólar dice por ahí un viejo refrán inglés, que para el caso de Tunja tendría que transformarse en otro día otro venezolano. Y no es una exageración ni nada por el estilo, basta con recorrer las calles de la capital boyacense para evidenciar el complejo problema de desplazamiento que se está viviendo.

Hoy en la ciudad hay tres refugios para los desplazados del vecino país, y a esto habría que agregarle la buena cantidad que están pasando las noches en parques, plazas, plazoletas o cualquier acera que permita evitar la lluvia.

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La problemática se creció de un momento a otro, sin que la ciudadanía y las mismas autoridades se dieran cuenta y hoy no hay como hacerle frente. A la falta de políticas del orden nacional, regional y local para hacerle frente, ha sido la ciudadanía la que se ha solidarizado con esta población que sufre las consecuencias de las nefastas políticas económicas de su país.

La llegada constante se ha convertido en un verdadero drama, ya que muchos de ellos buscan regularizar su situación en territorio colombiano, pero el tren parece haberles dejado ya que dicho proceso se hizo mediante el Decreto 542 del 21 de marzo de 2018, el cual ya terminó su periodo de ejecución; lo que ha dejado sin posibilidades de definir su situación migratoria y de permanencia a los ciudadanos del vecino país.

La necesidad de un nuevo censo es inminente. No solo para que los que han llegado luego de la finalización del tiempo de ejecución del decreto puedan regularizar su situación, sino para que las autoridades municipales dimensionen la problemática y a partir de allí dictaminen políticas que permitan garantizar una correcta atención en salud para esta población, brindar educación si es el caso, y garantizar la seguridad en la ciudad que se ha visto amenazada por una parte considerable de la ciudadanía a partir de este fenómeno migratorio.

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