Tunja al barrio por la comunidad migrante venezolana

Foto: Archivo EL DIARIO
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La Personería Municipal, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás y Pastoral Social en socio con ACNUR, desarrollaron la actividad “Venezuela al Barrio” en el norte de la ciudad.

Desde las nueve de la mañana del viernes pasado hasta el mediodía, se realizó la “brigada jurídica” en el Colegio Antonio José Sandoval Gómez del barrio Los Muiscas, al norte de Tunja. Actividad dirigida a personas migrantes de nacionalidad venezolana que fueron a recibir orientación y asesoría jurídica de parte de estas organizaciones para el proceso de regulación e integración al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en su primera fase.

Mady Juliana Montaña, docente de la Facultad de Derecho de la USTA y actual líder en materia de Proyección Social, nos comenta que desde el Consultorio Jurídico y el programa Asistencia Legal a Población con necesidad de Protección Internacional y un equipo de aproximadamente de 12 personas, todos estudiantes, fueron a servir de manera presencial a las personas provenientes de Venezuela. Actividad en la que se les hizo una entrevista para generar un diagnóstico para evidenciar la vulneración a sus derechos o alguna situación que requiriera de acción legal y prestar la asesoría, como es el caso del tema de salud; que si estaba sin regularizar, se le hacía el registro a través del Estatuto en forma inmediata o se le tomaban datos para elaborar una solicitud de refugio ante el ministerio de relaciones exteriores.

“Fue una jornada exitosa, ya que se logró un contacto directo con los usuarios y así tener una radiografía de su situación Jurídica en Tunja y poder gestionar su proceso de regularización que es tan importante sobre todo para los temas en salud”, comentó Montaña.

El Diario: ¿Qué pasa con los hijos de los migrantes venezolanos menores de edad en temas de educación?

Mady Juliana Montaña: Hay una circular conjunta que sacó el Ministerio de Educación para el tema de la educación, nosotros validamos que efectivamente les estén dando el acceso a la educación a estas personas según el lugar en donde se encuentren ubicados. Si el niño o la niña no está estudiando, hacemos el proceso respectivo para que a través de la Secretaria de Educación pueda acceder a la educación según el caso.

ED: ¿Cuántas personas han atendido en esta jornada?

MJM: Aproximadamente 150 familias, naturalmente se puede duplicar la cifra porque en un núcleo familiar hay más de dos personas

ED: ¿Hay casos reportados sobre discriminación y xenofobia en Tunja?

MJM: Generalmente comentan que ser provenientes de Venezuela genera un estigma porque siempre se asocia con temas de seguridad, y que sencillamente vienen a cometer delitos. Lo que muchos niños comentan es que muchas veces en los colegios los mismos compañeros generan rechazo hacia ellos. Es un tema que se escucha con bastante frecuencia. Nosotros desde la universidad estamos trabajando académicamente con el proceso de regularización para que se pueda visibilizar esta situación y así disminuir estos rechazos.

Debemos seguir trabajando en red para generar estos espacios de armonía. Nosotros generamos talleres en los diferentes municipios como Chiquinquirá, Samacá y Villa de Leyva como una forma de hacer un contexto que es el que habla de ellos y la situación por la que están pasando que es muy distinta a la nuestra porque a ellos les están violando masivamente sus derechos humanos y por eso deciden salir huyendo de su país.

Agrego que nosotros no podemos cambiar este chip hasta que no conozcamos el contexto de lo que están pasando estas personas.

Melisa Carrillo es estudiante de derecho, y está vinculada a Corporación Opción Legal y participa en esta actividad con el programa de Asistencia Legal a Personas con Necesidad de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado.

ED: ¿Cuál es su trabajo en esta actividad?

MC: Lo que hacemos con el equipo es ofrecer asesoría jurídica a las personas provenientes Venezuela, país en crisis económica, política y social. Asesoramos a las personas que han tenido que huir y buscar resguardo en Colombia. Parte de nuestros trámites están dirigidos a las solicitudes de refugio, hacer registros en el Estatuto Temporal de Protección y adicionalmente todo lo que tenga que ver con el acceso a derechos, es decir que si las personas tienen una situación de salud especial de máxima urgencia realizamos acciones de tutela, si son casos de educación hacemos los derechos de petición. Básicamente ofrecemos asistencia legal a toda la población que lo necesite.

ED: ¿De las personas que han venido a esta actividad, cuáles son los casos particulares que normalmente se encuentran en mujeres?

MC: Los casos particulares en mujeres son casi siempre por una condición de salud, porque allá en Venezuela no hay recursos para acceder al sistema de salud o porque están embarazadas y temen mucho no poder acceder a un sistema de salud que les garantice llevar a cabo sus controles y de ahí en adelante lo que significa tener un hijo.

Laura Tinjaca: es la Coordinadora del Espacio de Apoyo, que es administrado desde Pastoral Social y financiado con el socio ACNUR, comenta que hicieron parte de esta actividad desarrollando la inmediata asistencia jurídica a población proveniente de Venezuela, específicamente en temas de regularización y acceso a derechos, en donde se asesoró a personas que se enmarcan en el perfil de refugiados, adelantando la primera fase del estatuto que es todo el tema de pre-registro asistido, y desde Pastoral Social se tenía un espacio especial para niñas, que fue apoyado por el ICBF.

ED: ¿Cuál es el primer paso para que un migrante en condición irregular se acoja al Estatuto de Protección temporal?

LT: El Estatuto de Protección Temporal consta de tres fases, la primera es el registro en la plataforma de Migración Colombia, en donde se expide una certificación del registro que se descarga directamente desde la página. La segunda fase es el agendamiento de una cita para el registro biométrico, que consiste en la toma de una fotografía y la toma de huellas dactilares, una vez hecho esto, Migración, que es la autoridad competente, define la entrega o no del permiso que viene en el marco del Estatuto de Protección Temporal, básicamente este permiso es un documento que garantiza la regularización de las personas y la identificación aquí en Colombia.

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