En la jornada de este lunes el Procurador General de la Nación estuvo en la capital boyacense en una nueva audiencia anticorrupción, de las tantas que vienen realizando los órganos de control en las últimas semanas y en las que a pesar de que se ha presentado la denuncia de lo ocurrido con Torres del Parque y Estancia El Roble, no se ha impuesto o anunciado algún tipo de sanción penal, disciplinaria o fiscal para los responsables de que hoy cerca de 620 familias estén viviendo el drama de la estafa.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, visitó durante este lunes la capital boyacense para conocer de primera mano posibles casos de corrupción y conductas contrarias al buen proceder de los funcionarios públicos en Boyacá.
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Al igual que en la reciente visita del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, saltaron a la vista casos como los sobrecostos y la prórroga de ejecución del contrato del patinódromo, la no construcción del puente vehicular de Las Quintas, la falta de operancia del módulo I de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el parque biblioteca que aún no cuenta con biblioteca, los retrasos y sobrecostos del Teatro Suárez, entre otros.
Pero como en todas estas audiencias con órganos de control, los representantes, veedores, habitantes y beneficiarios de los proyectos de vivienda Torres del Parque y Estancia El Roble, se hicieron presentes para sentar su voz de protesta y exigir acciones que permitan solucionar la situación de las 620 familias que se han visto perjudicadas con dichos proyectos.
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El Procurador escuchó atento la intervención, pero al finalizar la jornada no llegó ningún parte de tranquilidad para los damnificados con estos proyectos de vivienda. Carrillo expresó su malestar y su preocupación por cómo se están gestando los proyectos de vivienda a lo largo del territorio nacional. Pero no hizo mención alguna a investigaciones o sanciones contra las administraciones de la época, siendo Arturo Montejo y Fernando Flórez quienes las encabezaban.
Carrillo no habló de inhabilidades ni nada por el estilo y solo se comprometió a hablar con el Ministro o el viceministro de Vivienda para que atiendan de primera mano estos proyectos siniestrados.
Cabe recordar que un par de semanas atrás se realizó un ejercicio similar con el Fiscal General, en el que el mismo Martínez expresó su gran preocupación por tal situación. Pero al igual que Carrillo, no aclaró nada sobre investigaciones en contra del contratista o contra funcionarios que hubieran incurrido en algún delito al momento de concebir estos proyectos.
Igual ocurrió en la rendición de cuentas de la gerente departamental de la Contraloría, quien señaló que apenas se ha concluido la fase de indagación preliminar para el caso de Torres del Parque, que ha dejado como resultado el señalamiento sobre 14 personas que estarían implicadas en la tragedia de este proyecto de vivienda. Por no obstaculizar la investigación, en dicha ocasión no se quiso revelar nombres de los investigados, aparte del de Iáder Barrios.
Durante la audiencia con Fernando Carrillo también se le solicitó investigar contratos de Plan de Alimentación Escolar en Tunja, contratos para el suministro de combustible en la Alcaldía, aplazamiento de entrega de la obra de la Plaza de Bolívar y sobrecostos; y un esclarecimiento de lo ocurrido con el lote cedido por la Alcaldía para la construcción de la Clínica de la Policía, ya que un fragmento de este habría sido vendido.
