Estos hallazgos, que son irregularidades en el manejo de la EPS, traducidos en cifras consolidan un gran descalabro financiero a esta entidad, sucedido durante la administración de Fredy Garcíaherreros, que supera los 90 mil millones de pesos, los cuales afectan los derechos de los trabajadores afiliados a la Caja de Compensación por tenerse que destinar ahora recursos propios del subsidio familiar para el pago de las obligaciones y acreencias que hoy sobrepasan los 45 mil millones de pesos.
Pérdidas, obligaciones y más dudas
Los más de 90 millones están representados así: 33 mil millones de pérdidas acumuladas entre 2010 y 2016; cuentas por pagar a la red prestadora de servicios por 45 mil millones; 7.300 millones del fondo de promoción y prevención -ley 1438 de 2011- que se utilizaron para pagar cartera a la red prestadora; 6.700 millones del FOSFEC (Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y. Protección al Cesante), también utilizados para pagar cartera de salud. Esta cifra global se puede incrementar en la medida en que se extienda el proceso de liquidación.
Aquí surge la pregunta obvia: ¿con qué se van a pagar esos 45 mil millones de las obligaciones y acreencias pendientes? La respuesta es sencilla, se pagarán con los recursos del capital de trabajo de programas de crédito social, Confacrédito; con los remanentes del 4% que deben ser destinados a los subsidios y demás beneficios; con los recursos apropiados para la reserva legal, los cuales dan garantía del pago de la cuota monetaria; y, los remanentes de vigencias anteriores de la IPS. En otras palabras, esto demuestra que las obligaciones terminan asumiéndose con los recursos que les corresponden a los trabajadores boyacenses.
Pero lo anterior no es todo; según la Supersalud, Comfaboy no pudo demostrar que se hayan prestado los servicios de promoción y prevención en salud durante el 2016, pero, según las cuentas del balance en ese año, por este concepto, se pagaron alrededor de 17 mil millones de pesos. ¿Qué pasó en este caso?
Las directivas de la Caja no pudieron demostrar que la Superintendencia no tenía razón; entonces, “allí lo que hubo fue un cartel de delincuentes asociados para robarse los recursos y, fuera de eso, perjudicar a los trabajadores, apropiándose de los recursos del subsidio que son para sus familias.
¿Se quedarán callados los órganos de control?
Por tanto, lo que se necesita es que todos los órganos de control asuman su responsabilidad y obligación de esclarecer lo que pasó. Que la Fiscalía investigue y establezca las responsabilidades penales a que haya lugar; que la Superintendencia de Salud, que tiene la capacidad técnica y la obligación legal, intervenga para evitar peores cosas; que la Procuraduría establezca y sancione las faltas disciplinarias allí cometidas, lo mismo en el caso de la Contraloría General que debe establecer las responsabilidades fiscales. Aquí es importante decir que estos organismos, la Contraloría y la Procuraduría, en escándalos pasados sucedidos en la misma Caja, afirman no tener nada qué decir ni hacer, porque Comfaboy es una entidad de derecho privado no sujeta a la vigilancia de estas instancias, lo cual se convierte en la excusa perfecta para la impunidad de quienes cometen las tropelías, un problema que no es exclusivo de Comfaboy, sino de todo el sistema del subsidio familiar en Colombia.
Y, ¿quiénes son los responsables?
Como es natural, todo esto no sucedió sin protagonistas, ni de un día para otro; al contrario, son varios los responsables y las irregularidades llevan casi ocho años de ocurrencia. El cuestionamiento central de todo lo que ha pasado recae, en primer lugar, sobre los hombros del director ejecutivo de la Caja, Fredy Garcíaherreros y su Consejo Directivo, conformado por diez miembros, cinco representantes de los trabajadores y cinco de los empresarios.
Y de aquí se desprenden otras responsabilidades: del lado de la Dirección, (Garcíaherreros) se encuentra el ascendiente político, en cabeza de Plinio Olano, hoy en la cárcel por los escándalos de Odebrecht, pero que lo podría estar también por su larga y poco clara presencia en las decisiones que se han tomado alrededor de Comfaboy en los últimos 20 años, incluido el último episodio, donde el contratista de confianza de Olano fue el constructor del más reciente programa de vivienda desarrollado por la Caja. Por el lado de los trabajadores, el camino conduce a figuras como el senador Senén Niño, quien fue determinante para la elección de los representantes de los trabajadores al Consejo Directivo, y las directivas de la CUT y de Sindimaestros en Boyacá, donde una de sus principales líderes, Marlén Torres, pertenece al Concejo Directivo de Comfaboy. Se sabe que en todo momento estas dos personas, Senén y Marlén, han brindado su apoyo incondicional a las decisiones de la Dirección. Y, por el lado de los empresarios, qué dirán los concejeros Rafael Cortés y Cayo Nixon Roncón, para citar a solo dos, de quienes no se sabe su posición sobre lo que ha venido pasando.
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Y también hay que seguir ahondando en el papel de personajes como Francisco Ricaurte, llegado a la Caja a través de Plinio Olano, supuestamente para asesorarla en asuntos laborales, lo cual jamás se cumplió, pero que en cambio -todo parece probarlo-, evitó que las instancias de control fijaran su atención y decidieran sobre las anomalías que se han venido denunciando en los últimos siete años. Es decir que, Ricaurte, uno de los miembros del llamado cartel de la toga, resultó trabajando, no para defender a Comfaboy, sino para garantizar que la justicia no actuara en los casos de fondo por la conducta de los responsables de la quiebra de la EPS y demás anomalías identificadas en contra de Comfaboy.
Otro hecho evidente en las cuestionables actuaciones de la dirección de Comfaboy y su estrecho vínculo con Plinio Olano es la disposición de los recursos de la entidad para favorecer las estrategias políticas de este.
Todavía hay más en los dudosos manejos de la Caja: la entrega de Confacrédito a Compensar, un negocio de más de 12 mil millones de pesos al año, que se venía administrando dentro de la entidad, fundamentalmente para favorecer a los trabajadores de la Caja y que ahora pasa a manos extrañas, claudicando su autonomía. Entre tanto, con el cierre de la EPS, la IPS ha perdido sus clientes, pero mantiene su nómina, lo cual hace que ya se registren pérdidas por mil doscientos millones, desde octubre de 2017 a la fecha de hoy.
El informe final de la Superintendencia
Conocido el informe final de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la visita especial realizada a la EPS Comfaboy en el mes de mayo de 2017, se confirman los graves hallazgos encontrados en su visita especial forense, consignados en su informe preliminar, y ahora ratificados en su informe final, de donde se infiere, en principio, que sí hubo corrupción y malos manejos en la EPS.
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En este documento se hace más evidente y nítida la presunción de corrupción, malos manejos, sobrecostos, detrimento patrimonial y desviación de los recursos de la Salud en la EPS Comfaboy, por parte de su Gerente, de la Administración y el Grupo Directivo de la Caja, lo cual, se espera, deba ser investigado a fondo por la Fiscalía General de la Nación, La Contraloría General de la República, la Procuraduría General y demás organismos de vigilancia y control de estos recursos, y llegar a determinar los verdaderos responsables de estos hechos.
Lo encontrado inicialmente por la auditoría forense de hace casi un año, se confirma en el informe definitivo; es decir, la ocurrencia de sobrecostos en la compra de los medicamentos por más de 1.500 millones de pesos; las graves fallas en la contratación con los Prestadores de Servicios de Salud, en especial para la atención de los pacientes de enfermedades de alto costo y los que debían recibir atención en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) o tratamientos renales u oncológicos, entre otros; y el pésimo o nulo manejo de la Gestión del Riesgo por parte de la Administración de la EPS.
Irregularidades de todo orden
El informe definitivo de la Superintendencia, determina que en efecto se cancelaron facturas sin su debida auditoria médica y no se realizó seguimiento a la entrega o prestación efectiva del servicio a los usuarios.
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Que la contratación de la EPS se realizó sin cumplimiento de la normatividad vigente en Salud y, en especial, no se tuvo en cuenta lo definido en el manual de contratación de la Caja de Compensación; es decir, no se tuvieron en cuenta los requisitos mínimos para la formalización y legalización de los contratos.
La información económica de la EPS, como son: Sus Estados Financieros, los reportes de la cartera, los pasivos, gastos administrativos y demás valores reportados a la Superintendencia Nacional de Salud, no son confiables, generando dudas e incertidumbre en su razonabilidad, e incumplimiento con la normatividad vigente al respecto.
La EPS no contó con una política seria y sistemática de control para el manejo de los anticipos otorgados a los Prestadores de Servicios de Salud, de donde se desprende otro hecho grave, que lleva otra vez a la duda, de la cual surgen más preguntas: ¿Qué pasó con la asesoría contratada por Comfaboy, en cabeza de Indira Illidge Ibarra (ahora Gerente liquidadora) para ayudar a desvirtuar los hallazgos encontrados por la Superintendencia Nacional de Salud? ¿No sirvió de nada, no tenía la experiencia en el tema, se pagó un valor considerable y no se obtuvo resultados? O, ¿en verdad no había nada que desvirtuar? ¿Todo era cierto?
Lo que se desprende de este nuevo documento de la superintendencia es que, confirmados los hallazgos, se hace imperativo que la misma Superintendencia empiece por tomar las medidas que le corresponden, en sus distintas competencias, a la vez que haga los traslados correspondientes de los hechos a las demás instancias de control para que se adelanten las averiguaciones y comprobaciones necesarias para que los responsables de todas las anomalías encontradas reciban las sanciones a que haya lugar, sean estas disciplinarias, penales, civiles o económicas.
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