Por: Giovany Pinzón Báez – Candidato a la Gobernación de Boyacá 2019-2022
Durante el año 2017 la pobreza monetaria disminuyó en Boyacá, sin embargo, aún 110.076 boyacenses viven con menos de 111.738 pesos mensuales y 367.347 lo hacen con menos de 227.875 pesos mensuales.
Pese a lo anterior, la pobreza no solo se mide en los índices de ingreso por persona, sino también en la calidad de vida que se entrega y tienen los habitantes. Por ello, parece que cuando se habla de superar la pobreza se convierte en un concepto complejo que requiere revisión desde diferentes dimensiones del ser humano, pues parte de que cada persona transforme su realidad en condiciones adecuadas de vivienda, empleo, educación, salud, entre otros, de la mano del Estado.
Así las cosas, en el sector público se dice que la superación de la pobreza se da cuando se cumplen con parámetros que evalúa el DNP, Departamento Nacional de Planeación, a través de indicadores de desempeño integral que incluyen gestión y resultados.
En ese orden de ideas se debe hacer una revisión a las capacidades iniciales de densidad empresarial, valor agregado, tamaño de la población, ingresos tributarios y no tributarios para continuar con proyectos de gestión que movilicen recursos propios y permitan la evaluación de la ejecución de los mismos. Es decir, garantizar y desarrollar la eficiencia de cada municipio para alcanzar alternativas que permitan generar mejores condiciones de vida a los habitantes.
También se deben verificar los indicadores de gestión que incluyen gobierno abierto y transparencia en aspectos trascendentales como atención al ciudadano, rendición de cuentas y organización de la información.
La gestión de ordenamiento territorial, recaudo y uso de instrumentos efectivos para impuesto predial, se suman a las valoraciones que se deben practicar a los entes territoriales, cuyos resultados se deben reflejar en:
Educación con cobertura en educación media, las pruebas Saber 11 en matemáticas y lenguaje.
Salud: mortalidad infantil, cobertura en salud y cobertura en vacunación pentavalente.
Servicios públicos: energía rural, penetración de internet, acueducto y alcantarillado.
Seguridad y convivencia: en disminución de hurtos por cada 100 mil habitantes, homicidios y violencia intrafamiliar.
Hecho lo anterior, desde nuestro enfoque y experiencia, recomendamos seguir con la mejor herramienta que se puede adoptar desde el sector público: fomentar el emprendimiento para que las personas cuenten con empleo e ingresos que permitan tener movilidad económica y con ello impactar al municipio y la integridad familiar, pues las pequeñas y medianas empresas permiten darle dinamismo al desarrollo social y económico de los territorios, además de garantizar seguridad monetaria a los núcleos familiares que son la base de nuestra sociedad.
