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Trabajadores de la caja y empresarios tienen en sus manos la chance de cambiar las directivas que han brillado por sus malos manejos.

Es lo que se preguntan empresarios, trabajadores y diversos sectores sociales, económicos y políticos del departamento que ahora muestran su preocupación por lo que será el resultado de la próxima Asamblea General Ordinaria de la Caja que tendrá lugar el último viernes del mes de abril y que deberá elegir para los próximos tres años los cinco representantes de los empresarios ante el Consejo Directivo.

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De acuerdo con fuentes allegadas al proceso de recolección de avales para participar en dicha asamblea y garantizar la elección de los nombres que convengan a la estructura administrativa que ha venido manejando la entidad en los últimos ocho años, se ha dedicado un gran número de empleados exclusivamente a recoger poderes de los empresarios, estimándose que en esto se han gastado más de 500 millones de pesos; en otras palabras, sería lo que la actual Dirección y la mayoría de su Consejo de Administración destinan de recursos de los trabajadores para perpetrarse en el poder de la institución y manejar los recursos según sus intereses.

Lo que ha pasado en las últimas décadas con el manejo de la caja parece que no va a cambiar, a menos que los empresarios del departamento deciden asumir la obligación de defender los aportes con destino a generar más y mejor bienestar a sus trabajadores y no a favorecer oscuros y particulares intereses de quienes detentan el poder en la administración de Comfaboy.

El llamado que se hace en este momento es a todos los sectores:

  • A los propios trabajadores que exijan a los dirigentes sindicales que los representan ante el Consejo Directivo que deben defender sus intereses, los de los trabajadores, y no hacer parte de lo que han denominado las camarillas que se quedan con los recursos de sus representados.
  • A los empresarios para que tomen conciencia y decidan, ahora sí de manera autónoma e independiente, designar a sus representantes en el Consejo Directivo, que garanticen la defensa y el correcto proceder en la administración de los recursos, para que se vean reflejados, con el mejor impacto, en la población destinataria.
  • A los trabajadores destinatarios de los recursos del subsidio que, con dignidad, exijan a sus patronos y a sus representantes ante el Consejo Directivo, honestidad y que se empoderen en la defensa del presupuesto que les corresponde.
  • Al gobierno del presidente Duque, cuyo lema es la legalidad y la anticorrupción, que ejerza los controles debidos y defina, a través de la Fiscalía, los procesos de denuncias existentes por los presuntos malos manejos acaecidos durante los últimos años en la Caja, para que de una vez por todas los boyacense sepan de qué tamaño han sido las irregularidades y quiénes sus autores.
  • Que la Fiscalía averigüe sobre irregularidades como las identificadas por la Superintendencia de Salud en el manejo de la EPS, cuyo proceso de liquidación aún no termina y que por ahora, le han ocasionado a la Caja alrededor de dos mil millones de pesos de sanciones, bajo la sindicación de que eso pasó por desgreño administrativo.
  • Que se llegue hasta las últimas consecuencias para saber la verdad de lo que acaba de denunciar la W Radio, en torno a la transferencia de los usuarios de la EPS de Comfaboy a otras EPS del país. La emisora afirmó que vio el memorial de acusación de la Fiscalía en contra de los funcionarios de la Supersalud donde se estableció una red criminal para distribuirse los usuarios entre las EPS a cambio de jugosas sumas de dinero, entre las cuales como queda dicho está la EPS de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá.
  • En consecuencia, que se dé con los responsables del desgreño argumentado, ya que los desafueros corresponden a conductas de personas y no al ente abstracto que es la persona jurídica de la caja.
  • Que se esclarezca lo que encontró la auditoría forense de la Supersalud que determinó que en 2016 se pagaron 4.800 millones en atención primaria en salud sin que la administración de Comfaboy hasta hoy haya podido demostrar a qué personas les presto el servicio; o el motivo por el que pagó más de 1.500 millones de pesos en medicamentos sin que se haya podido demostrar el tipo de medicamentos dispensados, la enfermedad diagnosticada y mucho menos los pacientes beneficiados.
  • Que se den las explicaciones sobre la contratación con familiares de los consejeros y cómo se asignaron, en estos últimos ocho años, más de 60 mil millones de pesos contratados sin que se hubiesen surtido los concursos de proponentes. En este punto hay aspectos aún más problemáticos que se pide sean esclarecidos.

Otro de los aspectos que se considera que deben quedar redefinidos en la próxima asamblea es de los órganos de control internos de la caja, dado que con los mismos poderes con los que se garantiza la elección de los consejeros también se logra la del revisor fiscal, de donde se concluye que el mecanismo lo que hace es que le garantiza al aparato de administración de la caja, determinar quién es su control natural que en este caso es el revisor fiscal y para completar, durante los últimos años, la auditoria interna fue eliminada y mediante el cambio de estatutos se convirtió en una oficina de control interno que, por supuesto, es subalterna del director administrativo.

Entonces, las exhortaciones que ahora se hacen a los empresarios, en vísperas de la asamblea de abril, es si seguirán entregando su poder para mantener una administración que ha manejado los recursos de la manera como se ha descrito. Lo mismos que el llamado a la Ministra del Trabajo, a la Superintendente del Subsidio Familiar y al mismo presidente Duque para que asuman el saneamiento de la entidad.

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