Rifirrafe en el Consejo Superior de la UPTC: “Que vengan los órganos de control”

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Por | Unidad investigativa de EL DIARIO

A pesar de que su periodo de dos años como representante de los ex rectores ante el Consejo Superior de la UPTC (CSU), Juan B. Pérez Rubiano, concluyó el 6 de octubre, este conspicuo personaje de la picaresca política local no se ha dado por aludido. Sigue allí, hierático, inamovible.

Es más, en la penúltima sesión del máximo órgano de gobierno universitario, prolongada sesión de más de seis horas, realizada el 17 de octubre, -donde el tema central era un debate público sobre el enmarañado nuevo sistema de liquidación de matrículas-, Pérez Rubiano protagonizó una escaramuza verbal con el representante del presidente de la República, quién lo increpó por su confesa declaración de patrocinar tráfico de influencias en la frondosa nómina universitaria, usufructuando puestos y contratos. Todos lo sabían. Faltaba la cereza en la torta.

El ex rector de marras, en un tono adolorido, la emprendió contra todos quienes osaron cuestionar una desmedida injerencia suya en los nombramientos del equipo directivo que acompaña al actual rector, como fue el caso específico de su jefe de planeación, removido de su cargo por “falta de gestión”, sin su benevolente consentimiento.

El origen del fuego graneado fue la presentación de una constancia en una (la No. 12) de las seis actas aprobadas, queriendo modificarla a su antojo, apartándose de la transcripción de lo expresado en esa sesión de mediados de agosto. Ante ello, la opinión unánime de los demás consejeros fue rechazar esa pretensión peregrina. La urgencia de la aprobación maratónica de las actas era el compromiso con el presidente del Tribunal Administrativo de Boyacá, Iván Afanador, de divulgar las actas de este organismo, donde se refiriera al accidentado proceso de formulación de un nuevo esquema de liquidación de matrículas.

Quienes padecieron sus andanadas verbales con su escopeta de perdigones, fueron, el presidente del Consejo Superior, Andrés Vargas, y el representante del presidente Santos, Rogelio Zuleta. Tanto el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, como el representante de los graduados, Eddy Reyes, se alinearon solidariamente con los destinatarios de la furia jupiteriana de quien fungió como liquidador  de  Caja Agraria a finales del siglo pasado, durante uno de los gobiernos más mediocres de las últimas décadas, el gobierno del hoy furibundo francotirador del proceso de paz, Andrés Pastrana.

Ya había transcurrido el primer round de este duelo retórico, cuando el presidente del CSU (Andrés Vargas) lanzó un botafuego y, en una seguidilla señaló que “no existe transparencia en la universidad”; “hay denuncias en el ministerio de Educación”, sobre “el edificio de Duitama”, sobre “el nombramiento de un decano”, además de “recursos no ejecutados”, rematando con una contundente conclusión: “los entes de control deben revisar lo que se está haciendo”.

El gobernador Amaya, quien había advertido de estas anomalías hace un mes, secundó la catilinaria, recordando que el ‘desinteresado’ ex rector había reconocido su abierta intromisión en el nombramiento del jefe de planeación, a pesar de la comunicación del rector López desmintiendo cualquier interferencia en su papel de nominador y su capacidad discrecional de remover a sus colaboradores. Lo que logró fue confirmar las sospechas acerca de quiénes son los que  se dedican a medrar de la nómina universitaria. El mandatario regional concluyó; “Aquí hay malos manejos”, añadiendo: “He pedido que vengan los órganos de control”.

El representante del presidente ante el CSU, Rogelio Zuleta no se quedó atrás y recordó que el ex rector está aspirando a la reelección, tildando el proceder de este de clientelista, instándolo a que asumiera su responsabilidad. Los dos delegados gubernamentales clamaron, casi que al unísono: “que vengan y esculquen”.

Como si fuera poco, en esta agitada sesión se trajo a colación la demora en la construcción del edificio de aulas de la seccional Duitama, cuya construcción se había proyectado para 16 meses y se concluyó en cinco años.  Su costo inicial fue $7.190 millones. Ahí ardió Troya. El decano de esta seccional de la universidad, reaccionó airadamente, sin antes exclamar que esta obra había  tenido una “culminación exitosa”.

Cerca de las ocho de la noche los ánimos seguían caldeados y el ex rector manoteaba y  con frases entrecortadas intentaba explicar sus criticadas actuaciones, desviando la atención de los escasos asistentes con un almibarado discurso, en que defendía, no la necesidad de que la propuesta final de cobro de matrículas en la UPTC, privilegie las condiciones socioeconómica de sus estudiantes, sino, por el contrario, insistía en la solidez financiera de la institución, como cuando se desempeñaba como presidente del Banco Agrario hace ya más de 15 años.

Sin embargo, aún quedaba más munición verbal. Vargas, el presidente del CSU, sacó de la manga la proposición sobre la conveniencia de invitar a los órganos de control, como la Contraloría General de la República, para que “revisara las distintas situaciones” irregulares. Después de varias estratagemas dilatorias, el funcionario suavizó el término denominándolo “acompañamiento permanente”. Ninguno de los integrantes del bando gubernamental desistió de su propósito.

La votación era previsible. Finalmente, la iniciativa fue respaldada por los representantes del presidente de la República de la ministra de Educación, el gobernador de Boyacá, el representante de los graduados, y, quien lo creyera, el representante de los estudiantes. Se opusieron el aludido ex rector, el representante del sector productivo, Israel Romero, y el representante de los profesores. El decano de Duitama, después de un inocuo alegato, sucumbió ante los inocultables hechos.

El ex rector Pérez, cual fiera herida, descargó sus últimos ataques contra el presidente del CSU, a quien nunca se refirió con esa investidura, sino como “delegado de la ministra”, espetándole: “tendrá usted señor delegado de la ministra que responder por su comportamiento irregular en esta sesión”.

El 27 de octubre se efectuará la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario. El intemperante ex rector es el único candidato.  ¿Será reelegido?

Quedando la siguiente pregunta, que cambia el balón de cancha: ¿si los demás exrectores querrán seguir el juego de prolongar su representación en una figura tan cuestionada como oa de Juan B., luego de estos últimos años de turbulencias, dudas, acusaciones y solicitud de intervención de los órganos de control?

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