Por: Francisco Helí Ramírez Fonseca, docente universitario y escritor
El proyecto de Reforma Política presentado por el Gobierno Colombiano al Congreso, como parte de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP, propone temas de reflexión, algunos sin conexión con lo pactado, generando temores por cierto riesgo de inconstitucionalidad. Y sobre los que sí son objeto directo del acuerdo se queda corto, o incluso, va en contravía de sus propósitos. Corresponde al Congreso delimitar la temática y profundizar los contenidos pertinentes. Como ciudadanos, queremos opinar al respecto. Sin unirnos al coro de opositores sistemáticos, ni a los defensores del gobierno.
Veamos en detalle:
La primera y gran preocupación es que por la vía Fast Track, sólo deben incluirse temas que naturalmente, de manera lógica, se deriven de la necesidad de cumplir los acuerdos, y los que no estén directamente vinculados, se tramiten por vía ordinaria.
Nos inquieta que el Proyecto de reforma sea insuficiente y desaproveche una oportunidad de oro para implementar avances pertinentes por vía rápida.
¿QUÉ DICE EL ACUERDO?
El texto del acuerdo con las Farc-Ep, reza:
“La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y complemente la democracia.”
SOBRE NUEVOS MOVIMIENTOS Y PARTIDOS POLITICOS
En cuanto a la ampliación democrática planteada en los Acuerdos, el proyecto de Reforma flexibiliza las posibilidades de participación para nuevas fuerzas políticas, dando un paso adelante, aunque tímido.
Celebramos que se le cumpla a los combatientes con su oportunidad de vincularse como movimiento político, y se conviertan en ciudadanos con las mismas garantías con las que cuenta el resto de colombianos.
CERO PARTICIPACIÓN SOCIAL
No existe propuesta alguna en el proyecto del gobierno que fortalezca las organizaciones y movimientos sociales, YA QUE ESTE ES UNO DE LOS OBJETIVOS CENTRALES DEL ACUERDO. Debiera aprovecharse el fast-track para darle un mayor peso en su accionar administrativo y de control a las Juntas de Acción Comunal, a las asociaciones de usuarios de los diferentes servicios a cargo del estado, a las diversas formas de expresión colectiva, hacer más expedita la operación de los instrumentos de participación contemplados en el Acto Legislativo 1757 de 2015, dándoles mayor poder vinculante y disminuyendo las trabas colocadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, en particular a la revocatoria del mandato y los Cabildos Abiertos, objeto de controles excesivos y ningún tipo de ayuda financiera para su operación.
La democracia participativa se interesa por darle músculo financiero y no entrabar sino facilitar, promover la iniciativa ciudadana, hoy día obstruida por la burocracia oficial. Un estado que regula al milímetro al voluntariado participante y deja fluir libremente la corrupción en las altas esferas del gobierno.
LA ELIMINACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL PARA SENADO
Es una trampa a los movimientos minoritarios, ya que se verían atrapados en las regiones en donde se ha demostrado que domina el “voto útil” hecho comprobado en las elecciones de Cámara de Representantes.
SE PROPONE ELIMINAR EL VOTO PREFERENTE
Y se pasa a la organización de la lista desde los directorios políticos, actualmente en manos de los parlamentarios o los grupos que financian dichos movimientos. Es una propuesta que recorta las posibilidades de movilidad política, y refuerza las viejas prácticas, si no se combina con mecanismos democráticos de selección al interior de los partidos o movimientos. Se abonaría a la selección por listas cerradas la cualidad de dejar planteada la posibilidad democrática y antiburocrática de establecer un sistema de rotación de la curul dentro de sus integrantes, según temas de la agenda legislativa, o por división estricta de períodos. En el actual sistema de otorgamiento de credenciales, esa rotación sería imposible, y convendría que cada partido pactase a su interior la manera como emplearían las curules sus integrantes, evitando la apropiación del esfuerzo partidista por parte de los individuos ubicados en los primeros renglones.
EN CUANTO SE REFIERE A LA DISTRIBUCIÓN DE CURULES
Entre los diversos partidos, parece no existir una intención de ampliar la representatividad de los movimientos minoritarios, pues se continúa con el método D’Hondt, conocido en Colombia como de cifra repartidora, que al agregarle la sumatoria de los votos en blanco y un umbral del 3%, considerado muy alto para 100 senadores, se convierte en un tecnicismo electoral que opera en detrimento de los grupos minoritarios. Todo lo contrario al espíritu de los acuerdos. Debería eliminarse el umbral y dejar jugar a las cifras minoritarias en igualdad de condiciones de los grandes partidos. Bien pudiera reemplazarse por el Saite-Laguë puro, método similar pero con una fórmula que levemente tiende a asignar más representatividad a los pequeños movimientos.
NO SE ESTÁ CUMPLIENDO EL ACUERDO,
En materia de representar las diversas visiones e intereses de la sociedad. Para ello se requiere ampliar la representación, así ella signifique un aumento en el número de curules en Senado y Cámara, sin que ello signifique mayor esfuerzo fiscal, pues se puede acompañar de una reducción a la mitad el valor de los salarios de los parlamentarios, con lo que cómodamente puede vivir una familia en Colombia. Hoy sólo se garantiza la representación de minorías étnicas, mediante el otorgamiento de curules a indígenas y negritudes en elección popular paralela.
¿A QUÉ GRUPOS HUMANOS DEBEMOS GARANTIZAR PRESENCIA EN EL CONGRESO, PARA UNA AUTÉNTICA REPRESENTACIÓN DE LOS COLECTIVOS VARIADOS DE NUESTRA NACIÓN?
¿Cuál la magnitud de su representación y cuál la forma de selección? ¿Cuántas mujeres, habida cuenta de que en los acuerdos se hace énfasis en la necesidad de su inclusión en la representatividad política? No basta con las cuotas dentro de las listas, sino que su derecho se extienda a un porcentaje mínimo de concurrencia a las células legislativas. ¿Cuántos existen hoy y cuántos deben representar a los jóvenes, campesinos pequeños, a los territorios nacionales de reserva natural, a los artistas, a los usuarios de la salud, usuarios del sistema bancario y las comunicaciones? ¿De los medios de comunicación alternativos? ¿Esa no sería la forma de fortalecer el pluralismo, de que habla el acuerdo?
LA REFORMA PROPUESTA ES RECICLAJE DE IDEAS VIEJAS, YA TRAJINADAS
Y que han demostrado su inutilidad. Sin imaginación, sin lectura sociológica de los problemas nacionales. Construir esas alternativas es un proceso en el cual deben participar muchos colombianos por medio de los partidos, las academias, las organizaciones gremiales y sociales, el ciudadano de a pie.
Y ello requiere maduración. Recoger estudios, hacer otros nuevos, discutir incluso el modelo de democracia que se quiere.
Y DEL ABSTENCIONISMO, ¿POCO Y NADA?
En los acuerdos se menciona la necesidad de incorporar a los abstencionistas a la vida participativa. El gobierno propone el voto obligatorio. Pero ellos requieren que no se les obligue, sino que vean la utilidad de votar, si con ello su participación ofrece algún resultado ¿Para qué votar, se preguntan, si todo sigue igual, gane quien gane?
Debemos generar para esa gruesa masa abstencionista una oportunidad, una motivación participativa, distinta de la de elegir congresistas o Presidente de la República.
HAGAMOS DEL ABSTENCIONISMO EL INSTRUMENTO DE CONTROL
La propuesta consiste en que para los abstencionistas y practicantes del voto en blanco se les genere una oportunidad de participación, congruente con los valederos motivos que originan su actitud, en sustitución de la obligatoriedad del voto.
Si esa gran masa pudiere tener la opción de controlar, vigilar, fiscalizar lo que en el otro extremo de la vida política se hace, los tendríamos en buen número incorporados a la vida democrática.
Sin duda, esta idea no se encuentra en las academias, ni hace parte de los manuales con que se forman los dirigentes. Por lo general, TODOS SON VÍCTIMAS DEL MISMO PARADIGMA, como se propone ahora en el proyecto de reforma política.
QUIEREN SEGUIR CON EL MODELO QUE HA LLEVADO LA CORRUPCIÓN A EXTREMOS IMPENSADOS.
Tal vez un gobierno anticorrupción sea insuficiente si no logra crear herramientas institucionales que lleven a un verdadero control. ¿Por qué entre abstencionistas y el voto en blanco no se genera el ejercicio del control ciudadano, dando la oportunidad a esa mayoría de ejercerlo de manera directa, mediante el sufragio?
Pues un poco después de las elecciones de congreso y Presidente, antes de la posesión del mismo, se convocaría a la masa abstencionista y de voto en blanco a una elección sui-géneris.
Si Colombia ha generado salidas originales a muchos problemas, ¿Por qué en este campo tan necesario, no arriesgamos y salimos del molde romano-francés, de ese parlamentarismo o presidencialismo omnipresente, generador de corruptas burocracias?
APROVECHEMOS EL CAPITAL POLÍTICO DE LOS INCONFORMES PARA GENERAR UNA FUERZA CREADORA.
Ideemos el nuevo órgano administrativo, de iniciativa ciudadana, el órgano de expresión de los inconformes.
El poder ciudadano, como poder de control. Integrado por una corporación que bien podría denominarse “El Parlamento de Control”, el que cumpliría una función Pública.
Un poco después de las elecciones de congreso se llevarán a cabo unas elecciones atípicas, o mejor, muy típicas. Las elecciones del poder ciudadano, fuente y generación del control social.
Elegir ciudadanos no políticos, de recia formación académica y probada ética. Elecciones sin partidos políticos. Individuos sin trayectoria política ni administrativa lo conformarían.
Organismo cuya función es vigilante frente a las instituciones y cumple un papel en la selección de los organismos de control como Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Procuraduría, hoy día dependiente de favores al ejecutivo o al legislativo.
Organismo que puede presentar iniciativas legislativas, proponer los debates de control y participar en ellos.
FORTALECER LOS PARTIDOS, DESBUROCRATIZAR AL PARLAMENTO
Un tema crucial que proponemos para la discusión, es el de la modificación de la relación entre los partidos políticos y sus parlamentarios. Hoy día, los partidos llevan con un gran esfuerzo grupal a una minoría de sus individuos al parlamento. Y paradójicamente, ellos terminan siendo los directores de los partidos, por lo que la institución partidaria sucumbe ideológica y políticamente en manos de sus jefes, los parlamentarios. Se supone que el partido tiene un programa y el parlamentario es el encargado de desarrollar la agenda legislativa del mismo.
Hay en el mundo diversas maneras de conformar sus instituciones. En el sistema alemán se vota dos veces, una por la circunscripción y otra elección general, que aporta el otro 50% del congreso. En la segunda, por partidos se otorgan las curules y son los partidos quienes las entregan; de la lista general presentada escoge quienes los han de representar, de acuerdo con sus estatutos. Se permite la rotación de curules dentro de los integrantes de la lista presentada a los electores.
La propuesta del gobierno no amplía la democracia, conduce a una mayor concentración del poder, fortaleciendo las burocracias partidistas y estatales.
Pero ese excesivo poder concentrado en unos individuos, propio de nuestro actual sistema de elección, es facilitador de prácticas nocivas. Los partidos deben fortalecerse, en primer lugar, funcionando con sus ideas y organización independiente de sus parlamentarios, quienes deben desarrollar en el congreso la agenda partidaria, y no la de su propia conveniencia. ¿Será que nuestro Congreso, ahora, se da la pela por la democracia? O debemos esperar a una Constituyente para alcanzarlo…
EL VOTO A LOS 16 AÑOS
Se ha propuesto el voto a los 16 años. La gente de hoy entra más temprano a la vida civil, producto del aumento de los niveles educativos y la ampliación de los medios de comunicación. La sociedad debe incluir en sus instituciones esos hechos, permitiendo a los jóvenes ser ciudadanos integralmente antes de los 18 años, pero ese tema no hizo parte de los acuerdos del Teatro Colón.
¿VICEPRESIDENTE O DESIGNADO?
El gobierno ha introducido inoportunamente este tema, que no debería ser para fast-track. La figura del Vicepresidente elegido popularmente fue una ganancia democrática de la Constitución del 91, que ahora se pretende eliminar, para dar paso a la aristocrática figura de los Primeros Designados, personajes a veces oscuros y de rancio origen, que en el pasado resultaban siendo vestidos con la banda presidencial por ocho o quince días ostentando hasta la tumba el título de ex presidente, incluida la vitalicia remuneración.
FACILIDADES A LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS, A LA ACCIÓN CIUDADANA
Sin duda, la financiación estatal de las campañas políticas, de los partidos y movimientos y de TODAS LAS INICIATIVAS CIUDADANAS debe ser un componente del nuevo espíritu que pretendemos construir. Valga la pena resaltar la necesidad de que los usuarios del espectro electromagnético, los distintos beneficiarios del uso de ese espacio público, deben contribuir abriendo espacios para todo tipo de comunicaciones (televisión, radio, telefonía, medios digitales, etc), sin que su empleo sea un costo adicional para el erario público. Fijar por fast-track espacios obligatorios para todos, en igualdad de condiciones, sin, o a muy bajo costo.
Tunja, febrero 22 de 2017.
