En el foro «Reforma pensional, una mirada desde el control fiscal», realizado por la Contraloría General de la República, diferentes posturas se han dado ha conocer, antes de que el Gobierno presente la reforma pensional en el Congreso.
Durante la intervención del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, dijo que el Foro pretendía «obtener insumos para nutrir los debates que orienten la aprobación de las políticas públicas, los proyectos de ley y las diversas normas que se expidan para reformarlos sistemas de seguridad social de cara a los ciudadanos y con los actores más calificados».
Al referirse a la propuesta de reforma pensional, mencionó lo siquiente: «Dignificar es garantizar el acceso y el otorgamiento de la pensión. Sin perder de vista que nuestro Sistema General en Pensiones (SGP) está compuesto por el antiguo sistema público a cargo del Régimen de Prima Media (RPM) con prestación definida, administrado por Colpensiones; y por el nuevo sistema encargado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, entidades que operan en competencia. Este modelo se denomina paralelo».
Según el Contralor, los colombianos tienen «un sistema en el que cohabitan y compiten, un régimen público, Colpensiones, que funciona con un modelo de reparto en el cual las cotizaciones de las personas que están trabajando entran en una bolsa común que se utiliza para pagar las pensiones de los adultos mayores que ya están jubilados, frente a un régimen privado en el que los cotizantes ahorran en cuentas individuales, cuya administración la realiza un fondo privado, el cual invierte estos recursos para que cuando llega el momento de pensionarse, la persona reciba mensualmente el ahorro que realizó, más los intereses».
Agregó que en ambos modelos, «los requisitos para obtener una pensión mínima, en edad son de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres, con un mínimo de semanas cotizadas que en el régimen público es de 1300 y en el privado de 1150 semanas. No obstante, en el régimen privado, existe exención a estos requisitos dependiendo del monto de capital que tenga ahorrado, mientras los requisitos de edad y tiempo se mantienen para todos los afiliados».
«En la actualidad el Sistema General de Pensiones muestra una baja fidelidad en afiliados y una baja cobertura. Según cifras de la Superintendencia Financiera, en 2021 la afiliación total -correspondiente a los cotizantes y los no cotizantes- era de 24,7 millones de personas (27% en el Régimen de Prima Media -RPM- y 73% en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-). Sin embargo, solo el 39% de estos aportaba de manera continua, pues al cierre del 2021 los afiliados cotizantes eran 9,7 millones; con una aún más baja participación de los afiliados cotizantes respecto de la población económicamente activa (ocupados más desocupados), equivalente al 11%.
En cuanto a los pensionados de las administradoras del SGP, en 2021 estos ascendieron a 1,75 millones, con una representación del 7,1% respecto de los afiliados totales. Ahora bien, respecto al total de personas que superan los 60 años éstos fueron equivalentes a tan solo el 25%. Por regímenes, los pensionados en 86% fueron del RPM y en 14% del RAIS».
El Contralor precisa que
«parte de estos problemas de la baja fidelidad de cobertura, está íntimamente vinculado con la estructura del mercado laboral colombiano, toda vez que los ocupados informales son más de la mitad de los trabajadores. Por ejemplo, según el DANE, para el total nacional, en el trimestre Julio – septiembre de 2021 la proporción de ocupados informales era de 59,9%. Así la problemática del aseguramiento de la vejez también tiene su origen, en las dificultades de los ocupados para acceder al sistema de pensiones durante su vida laboral.
Ante estas condiciones, las decisiones de política pública han conducido a que existan programas y alternativas para quienes no alcanzaron o se vislumbra que no accederán a una pensión. Por ejemplo, a parte de la devolución de los recursos cotizados existen programas con recursos de la Garantía de Pensión Mínima (GPM) para ser sumados a los aportados por el trabajador con el fin de alcanzar una pensión mínima, así como los programas de recursos de Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) y los recursos de solidaridad.
Frente a este panorama, hay que señalar el efecto fiscal que el sistema pensional tiene sobre el presupuesto público, ya que, aunque Colpensiones se encarga en primera instancia de la financiación del régimen de prima media, de agotarse sus recursos la Nación asume el pago faltante, además esta se encarga de las pensiones públicas, y de cubrir en los dos sistemas, RAIS y el RPM, la garantía de pensión mínima (GPM) en última instancia.
Según las cifras del Ministerio de Hacienda, entre 2005 y 2016 el gasto de pensiones en promedio anual representó el 19,1% del Presupuesto General de la Nación, y desde 2017 mostró una tendencia decreciente, de manera que, para el 2021 correspondió al 2021 el 15% (en un monto equivalente en este año a $43 billones de pesos).
Los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a pagar pensiones han sido dirigidos principalmente al financiamiento de pensiones del sector público. Para 2021, el 28% se transfirió a Colpensiones, correspondiente a la proporción de recursos dirigidos al RPM. El restante 72% se asignó al pago de las pensiones públicas, principalmente para el sector defensa (asignaciones de retiro), el fondo del magisterio y para el FOPEP.
Aquí es importante tener en cuenta que los montos requeridos por Colpensiones del Presupuesto General de la Nación para cubrir el faltante del pago de las mesadas están determinados de acuerdo al valor del recaudado. Durante los últimos años, además de los aportes
por las cotizaciones, se suman los recursos provenientes de los crecientes traslados de régimen de los afiliados hacia Colpensiones, desde 2008.
En estas circunstancias, para 2021 las trasferencias de recursos de la Nación a Colpensiones ascendieron al 39,8% de sus ingresos debido a que el recaudo por cotizaciones correspondió al 34,13% de sus ingresos y además tuvo entradas por devolución de aportes de las personas que decidieron trasladarse del RAIS al RPM, las cuales representaron el 25,40% del total de los ingresos.
Luego de más de treinta años de desarrollo de la política pública pensional, la Contraloría General de la República considera que es prioritario corregir las falencias y debilidades que ha mostrado el sistema pensional durante esas décadas, relacionadas con su sostenibilidad fiscal, y en ese sentido, que se adopte un modelo que racionalice la carga que está generando sobre las finanzas públicas. Ahora bien, que los esfuerzos fiscales o de aportes solidarios sean para lograr principalmente, que las personas en edad de pensión se puedan pensionar como un derecho que tenemos todos los colombianos de tener una vejez segura y tranquila.
Otro frente que se debe abordar es el relacionado con los fraudes al sistema de seguridad social y con ello eliminar las posibilidades de desviación de los recursos públicos, porque ello también garantiza la estabilidad institucional y evita que se vulneren derechos constitucionales.
Todo ello, sin perder de vista la importancia de avanzar en el país en un sistema productivo y un mercado laboral que reduzca la informalidad, pues sin ello, será muy difícil que se logre una mayor cobertura pensional, por más que se hagan reformas en los parámetros que rigen el sistema actual.
Finalmente, como la mayoría de los asistentes a este Foro lo conocen, este es un tema muy sensible para el sector privado, el sector público y para los pensionados actuales y potenciales. Por ello, hoy después de tres décadas de funcionamiento del sistema actual de pensiones y ad- portas de su reforma, es importante que en espacios como este se aborden las diferentes aristas que tiene el sistema pensional colombiano, partiendo de los hechos relevantes que caracterizaron su puesta en marcha y alcance, para luego, como muy seguramente lo abordarán los panelistas, pasar a los aspectos destacados de su diseño
institucional, teniendo en cuenta los resultados observados en materia de cobertura, financiamiento y equidad, entre otros, lo que permitirá abordar los principales retos y ajustes que se le pueden realizar al sistema para mejorarlo, de tal forma que se aumente la cobertura bajo un sistema sostenible y equitativo. En este marco general, en el foro que convoca la Contraloría valoramos la participación del alto gobierno y actores sociales e instituciones, en un dialogo de ideas y propuestas que nutrirá, como lo dije al comienzo, una política pública que tenga como centro la dignidad humana que reafirmó nuestra Constitución Política en 1991″.
