Por | Edilberto Rodríguez Araújo- Profesor investigador, integrante del grupo OIKOS de la UPTC
La reforma de 2011
El sistema de distribución de regalías fue reformado en 2012, sustituyéndose la asignación directa, que solo beneficiaba a los municipios y departamentos productores de hidrocarburos y minerales, por un esquema, que combinaba está modalidad con el reparto, a través de los tres fondos creados, la mediación de instancias como los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, llamados OCAD, en los ámbitos departamentales y municipales, y el arbitraje del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El Acto Legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012 crearon el Sistema General de Regalías (SGR), y determinaron dos modalidades de distribución: asignación directa y los fondos de Desarrollo Regional, de Compensación Regional y de Ciencia Tecnología e Innovación
El tortuoso tránsito de la Ley
Después de un acalorado debate y un accidentado trasiego parlamentario, que duró más de año y medio, en que se culpó al Gobierno de favorecer los proyectos pilotos de tecnologías no convencionales, denominados fracking, se aprobó una nueva ley “por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías”. A la fecha, sólo falta la sanción presidencial de la nueva ley.
¿En qué consiste la reforma?
La nueva ley mantiene las asignaciones directas y reemplaza los fondos por los denominados, etéreamente, proyectos de inversión regional y local (departamental y municipal), que convergen en el desarrollo económico, social y ambiental. La ley aprobada prevé que los departamentos y municipios productores recibirán el 25 por ciento de las asignaciones directas, mientras que los 1.000 municipios que no lo son, pero que muestran insatisfactorios indicadores de población, pobreza y desempleo, obtendrán el 15 por ciento. Además, el 34 por ciento se destinará a los proyectos de inversión de impacto regional. Los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación serán destinatarios del 10 por ciento de los recursos de regalías.
Cabe recordar, que dentro del presupuesto de regalías de este año se programaron asignaciones directas para los municipios y departamentos con explotación de recursos naturales no renovables, por una cuantía de 1,5 billones de pesos, equivalentes al 15 por ciento de los recursos totales, en tanto que el 66 por ciento de los 9,5 billones presupuestados, es administrado, hasta ahora, por los tres fondos.
En la práctica, significa aumentar en 10 puntos porcentuales las asignaciones directas, lo que beneficiará a departamentos como Meta, Casanare y Cesar. En el caso del millar de municipios pobres los recursos aumentarán en cinco puntos porcentuales.
De otra parte, teniendo en cuenta que una de las críticas a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) es el costoso e ineficiente funcionamiento de los 1.152 existentes, y la baja capacidad institucional en la estructuración y formulación de proyectos de inversión, ahora sólo se tendrán seis OCAD de carácter regional, correspondientes a seis regiones, -según una de las tantas y arbitrarias clasificaciones- que decidirán sobre el 40 por ciento de la inversión territorial. Es decir, todo un atajo recentralizador.
Los alcances de la reforma
A pesar de que el Gobierno Nacional argumenta que esta reforma favorece una distribución más descentralizada y equitativa de las regalías, persiste la duda de que este esquema restablece las condiciones, que en el pasado habían convertido a estos recursos en una piñata, foco de prácticas clientelistas y corrupción rampante. La aparente descentralización se desvanece cuando se encuentra que los ministerios de Minas y de Hacienda, al igual que el DNP, formarán parte de los órganos de dirección. Todo un tutelaje virreinal.
Quizás, lo que resulta novedoso en la menguada financiación de las instituciones de educación superior, es que estas participarán de una bolsa de recursos, equivalente a un porcentaje no inferior al 5 % de las asignaciones directas.
En efecto, el parágrafo primero del artículo 40, señala : “Las entidades territoriales que cuenten en su jurisdicción con Instituciones de Educación Superior Públicas territoriales o con Instituciones de Educación Superior Públicas de otro orden con sede principal en su jurisdicción o en las que su población se beneficie de una Institución de Educación Superior Pública, destinarán un porcentaje no inferior al 5% de sus asignaciones directas, para financiar proyectos de infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y calidad de la educación superior pública para alcanzar estándares nacionales e internacionales, de acuerdo con sus ejercicios de planeación. Esta destinación no podrá financiar gastos recurrentes o permanentes”.
Y, ¿de la universidad qué?
Ante las afugias presupuestales de las 32 universidades públicas, estos recursos, que rozarán en 2021, modestos 100.000 millones de pesos, no se podrán destinar a superarlas. Es un paliativo más para la desvencijada infraestructura física de estas instituciones.
A la luz de los acuerdos pactados por el movimiento universitario con el Gobierno Nacional en diciembre de 2018, de impulsar una reforma estructural al sistema de regalías, esta ley resulta solo un verdadero “parto de los montes”.
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El criterio de distribución de regalías en Colombia, responde mas al peaje de control de la conveniencia política, que a los asuntos de fondo relacionados con la extensión territorial, la población, el indice de pobreza, la eficiencia fiscal y equidad del reparto entre las entidades departamentales, donde, las entidades con menor grado de desarrollo obtengan el grueso de recursos para disminuir los desequilibrios territoriales que les separan de las hasta ahora mas favorecidas y revertir aquel reparto, pues, la riqueza de la nación a todas ellas pertenece, sin demeritar, que la salud y la educación resulten favorecidas.