Por| Unidad Investigativa ED
El 30 de mayo, poco tiempo después que concluyera la última sesión del Consejo Superior de la Universidad, en la que se posesionaban dos nuevos miembros, cinco de sus integrantes [1]enviaron una comunicación a la ministra de educación Yaneth Giha, donde manifestaban “su preocupación con respecto a los hechos presentados el día 30 de mayo de 2017”. ¿Qué ocurrió en esa sesión que molestó a los muy conspicuos consejeros?
La molestia la generó el retiro de la sesión de presidente del organismo (representante de la ministra), el delegado del Gobernador, el representante de los egresados y el representante del presidente de la República, es decir, el bloque del gobierno, debido a que el representante de las autoridades académicas asistía, sin inmutarse, a la sesión, pese a que su nombramiento como decano de la Facultad de Estudios a Distancia ha sido catalogada de irregular e ilegal. Ese fue el tema que ocupó la atención de los nueve consejeros en esa mañana del 30 de mayo. Se sostiene que cualquier acto administrativo que expida este sanedrín con la participación del impertérrito decano de la Fesad está viciado de ilegalidad. Es más, este funcionario, a pesar de las objeciones sobre su asistencia a las sesiones de este año insiste en aferrarse, tanto a su cargo en la decanatura, como empleado de libre nombramiento y remoción, al igual que como representante de los decanos.
En su misiva a la ministra Giha, los firmantes le agradecen “tomar las medidas del caso, toda vez que esta situación podría repetirse, afectando así el funcionamiento de la Universidad”.
Los cinco firmantes de la carta a la ministra, desconociendo la importancia de definir la validez de la permanencia del mencionado decano, plantearon la continuación de la agenda de la sesión, sin antes decidir este espinoso tema, considerándolo como una situación “de competencia de la administración”. Esta fue la votación que, a la postre, provocó el abandono de los consejeros rebeldes. De igual forma, los cinco integrantes, -encabezados por quien ha sido rotulado como el verdadero usufructuario de contratos y puestos, el representante de los ex rectores y camaleónico político de las entrañas del voraz clientelismo-, culparon a los consejeros disidentes de dejar “acéfala la corporación, y por ende sin posibilidad de sesionar”. Es más, en su misiva a la ministra Giha, los firmantes le agradecen “tomar las medidas del caso, toda vez que esta situación podría repetirse, afectando así el funcionamiento de la Universidad”.
Exhibiendo un cinismo sin precedentes, el decano de marras, desafiando los conflictos de intereses, sancionados en el Código Disciplinario Único, no sólo permaneció en todas las deliberaciones, sino que refrendó esta página vergonzosa sin el mayor escrúpulo. Cabe recordar que este teólogo fue designado como decano hace un poco más de ocho años (Resolución 2371 de 2008), cuando la Fesad no tenía profesores de planta. Hoy esta Facultad tiene 13 docentes, de los cuales, tal como lo prescribe el artículo 15 del Acuerdo 067 de 2015, un requisito es que sea un “profesor adscrito a la Facultad, escalafonado en la categoría, por lo menos, de asociado (…)”. Estos requisitos no los cumple este inamovible funcionario. No obstante que (parágrafo del artículo 15) el rector podrá designar a un “docente universitario, con título de posgrado, en forma temporal, de terna presentada por el Consejo de Facultad (…)”, no hay evidencia en el tiempo transcurrido que el Consejo de Facultad se haya ocupado de conformar terna alguna, acudiéndose a la figura de funcionario de libre nombramiento y remoción, cuando el decano tiene un perfil académico, no administrativo, así la reforma a la planta de personal implantada a finales de 2016 (Acuerdo 064), los haya convertido en meros administradores.
Parra había presentado renuncia a su cargo el 31 de diciembre pasado
A pesar de que el polémico decano Parra había presentado renuncia a su cargo el 31 de diciembre pasado (“desistimiento”, según la extraña denominación utilizada por el director de la Oficina Jurídica), aceptada “tácitamente” (de acuerdo con la críptica terminología del jefe de esta dependencia) el 11 de enero, el mismo día en que, el rector en un ejercicio de malabarismo, lo nombró nuevamente en tan apetecida sinecura que maneja 469 plazas docentes, la mayor parte ocasionales y de cátedra. Este personajillo ha sido un dócil comodín en todas las triquiñuelas de quien ocupó la rectoría hasta hace un año y perdió, con una disparatada tutela, la posibilidad de reinstalarse en su cómodo sillón del quinto piso del Edificio Administrativo. Es de suponerse, que durante ese interregno, este funcionario dejó de ser decano y perdió su investidura de representante de las autoridades académicas ante el Consejo Superior. Podría presumirse que la negligencia rectoral cohonestó con la permanencia del decano Parra[2].
Resulta sorprendente, que desafiando lo establecido en el citado Acuerdo 067 de 2005, el rector de la universidad, haya nombrado el 11 de enero (Resolución 0462 de 2017) a Javier Parra, insistiendo en la figura de “empleo de libre nombramiento y remoción”, argumentándose que “el cargo en mención por su naturaleza, tiene el carácter de libre nombramiento y remoción”, cuando la norma vigente fija requisitos y procedimientos, que no se pueden escamotear, todo ello para preservar un pieza clave dentro del engranaje clientelista aupado por quienes convirtieron a la universidad en un escenario de pujas burocráticas.
Los 11 decanos que están a la cabeza del mismo número de Facultades, podrían ser nombrados y removidos por el rector, en contravía de lo estipulado en el Acuerdo 067 de 2005
Así las cosas, los 11 decanos que están a la cabeza del mismo número de Facultades, podrían ser nombrados y removidos por el rector, en contravía de lo estipulado en el Acuerdo 067 de 2005. La base de esta retorcida interpretación es la improvisada reforma administrativa que renovó, de hecho, los periodos de los decanos, haciendo añicos una institucionalidad averiada por todo los costados.
Los riesgos de esta situación están resumidos en una comunicación enviada el 22 de mayo por el presidente de la junta directiva de Aspu al presidente del Consejo Superior, Jaime Vargas, donde se advierte que “la permanencia del señor JAVIER EMIGDIO PARRA ARIAS” como representante de las Autoridades Académicas en el Consejo Superior puede invalidar los actos administrativos que emita esta Corporación, teniendo en cuenta que el señor PARRA ARIAS renunció a su cargo como Decano (de la Facultad de Estudios a Distancia), el 11 de enero de 2017, renuncia que le fue aceptada según la resolución 0420 del 11 de enero”, añadiendo: “Es lógico deducir que al renunciar y serle aceptada su renuncia, el señor PARRA ARIAS perdió su investidura como representante”.
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La reacción de los cuatro indignados integrantes del Consejo Superior en la sesión del 30 de mayo, está más que justificada. Es indefendible, que los actos administrativos de diversa índole que expide este organismo, estén viciados de ilegalidad por la permanencia de un espurio funcionario, cuyo nombramiento es irregular, al no ajustarse a la normatividad universitaria, y, a su vez, al ser su representación ilegítima. Contemporizar con esta flagrante ilegalidad es exponerse a investigaciones, tanto del ministerio de Educación como de la Procuraduría General de la Nación.
La comunicación enviada, con sospechosa prontitud, por los cinco sediciosos consejeros que prefirieron pasar de agache ante este desquiciamiento institucional, es un factor desestabilizador de la gobernabilidad de la universidad. Serán los organismos reguladores y de control los que deberán intervenir para reordenar el desmadre en la UPTC.
[1] En su orden la firmaron Daniel Cárdenas (representante de los profesores), Esteban Valderrama (representante de los estudiantes), Juan B. Pérez (representante de ex rectores), Israel Romero (representante del sector productivo) y Javier Parra (representante de las directivas académicas). Quienes abandonaron la sesión fueron Jaime Vargas (delegado de la ministra de Educación y presidente del Consejo Superior), Rogelio Zuleta (delegado del presidente de la República), Oscar Ramírez (delegado del Gobernador) y Eddye Reyes (representante de los egresados).
[2] Ante la vacancia de los representantes de estudiantes, profesores y egresados, la máxima instancia del gobierno universitario sesionó con tan sólo seis de sus integrantes. Si el funcionario cuestionado hubiera dado un paso al costado, el Consejo Superior sesionaría con una mayoría gubernamental.
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