La petición ha quedado en mano de la Secretaría de Educación de Boyacá, que deberá responder a los docentes del departamento en los próximos días y así evitar traumatismos en el inicio del calendario académico. Organizaciones de padres de familia se suman a este pedido.
El 19 de julio es el día predefinido para el retorno a las aulas en Boyacá, aunque hoy hay más dudas que certezas sobre dicho regreso, pues existe un enorme recelo y una gran desconfianza en la comunidad académica del departamento.
Con ese fin, el Sindicato de Maestros de Boyacá ha hecho llegar el requerimiento a las secretarías de educación de Tunja, Duitama, Sogamoso y Boyacá, para que sean estas quienes tramiten la excepcionalidad al retorno a las aulas, ante la Secretaría de Salud de Boyacá y ante las entidades de carácter nacional involucradas en la decisión de regular el retorno a las aulas.
“Como organización sindical lo que hicimos, esta mañana, fue pedir a pedir a todas las entidades certificadas que soliciten el aplazamiento de ingreso a la presencialidad, dado que los índices de contagio no están como se requieren para esa situación”, comentó Reinaldo Soledad, presidente de Sindimaestros en Boyacá.
La principal motivación para la solicitud del aplazamiento es la que tiene que ver con el alto índice de contagio de COVID-19 en este tercer pico de la pandemia, aunque no es el único argumento que dan desde Sindimaestros para hacer tal solicitud. También se basan en la falta de condiciones de las instituciones educativas del departamento para garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
Soledad recalca que, al momento de dialogar con los rectores de las instituciones educativas, se constata la falta de infraestructura o de personal suficiente y capacitado para llevar a cabo labores de limpieza, desinfección e implementación de protocolos. A eso agrega que las reglas de juego no han sido claras tampoco para los padres de familia, entre quienes existe igualmente desconfianza con el hecho de que sus hijos retornen a las clases presenciales.
“Hay muchas cosas que no están claras, como los consentimientos informados que le están pidiendo a los padres de familia. No se está dejando clara toda la responsabilidad que tiene un padre de familia al momento de firmar el consentimiento. Se trata de la responsabilidad que tiene con la salud y la vida de su hijo. Hay muchas cosas que no se dicen, otras que se dicen a medias”, agrega Reinaldo Soledad.
Otro de los reparos que tiene el gremio de los maestros es el que refiere a su jornada laboral, puesto que al tener que cumplir con condiciones de presencialidad, a la vez garantizar la cátedra para aquellos que lo hacen desde la virtualidad, y simultáneamente elaborar contenidos académicos para aquellos que por dificultades técnicas o económicas no pueden hacer uso de dispositivos para tomar clases virtuales; se está incrementando la carga laboral de los docentes. “Eso implica jornadas de trabajo más extenuantes e intensas para los profesores”, explica Soledad.
Desde el Sindicato de Maestros de Boyacá consideran que todas estas condiciones hacen pertinente su pedido, a la vez que solicitan a las autoridades boyacenses hacer un trabajo juicioso para transmitir la petición a instancias nacionales, que de momento vienen dando esas directrices solo con el ánimo de mostrar resultados.
En caso de que las solicitudes no sean escuchadas, los maestros tienen contemplado recurrir a la Acción de Tutela como herramienta para proteger el derecho a la salud y a la vida de todo integrante de la comunidad académica. Una última instancia serían las vías de hecho, aunque eso es solo una última opción.
