Por | Edilberto Rodríguez Araújo- Profesor investigador, integrante del grupo OIKOS de la UPTC
Mucho se ha escrito y dicho sobre la economía boyacense. Boyacá, según las estadísticas oficiales es una economía de tamaño intermedio y representa cerca de 2,6 por ciento, tanto de la producción de bienes y servicios, como de la población del país. Estas tendencias se han mantenido a lo largo de las últimas décadas, tal como se ha mantenido su perfil productivo anclado en las actividades agro-mineras (16,0 del PIB departamental), que han venido siendo desplazadas por el dominante y diverso sector de servicios (63,0 por ciento en 2021), bordeando el comercio mayorista y minorista el 18,0 por ciento, y, concomitantemente, debido a su rígida oferta exportable -concentrada en las ventas externas de carbón coque y esmeraldas, que representan el 99 por ciento-, su escasa capacidad de volcarse hacia los mercados internacionales, dado que la presencia del comercio exterior de Boyacá en las transacciones externas del país es inferior al 1 por ciento. Es muy diciente que el 85,0 por ciento de las casi 34.000 unidades empresariales existentes en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja operen en el sector terciario.
Durante las últimas dos décadas, la economía boyacense creció a un ritmo de 3,0 por ciento, por debajo de la media nacional (3,4 por ciento). El año más crítico fue 2020, cuando la pandemia alcanzó su máximo pico, para rebotar el año pasado y alcanzar el 8,3 por ciento, lo que repercutió en una muy leve recuperación del empleo, lo que, sin embargo, no se tradujo en un aumento de la ocupación de prepandemia: el año pasado solo se crearon 7.000 plazas que no compensaron los 76.000 puestos de trabajo destruidos en 2020. Simultáneamente, en el año crítico de la pandemia el ritmo y la magnitud de personas que abandonaron el mercado de trabajo se aceleró e incrementó, y 12.000 boyacenses experimentaron la severidad del desempleo.
A pesar de que las tres cámaras de comercio existentes reportaron una reactivación de la dinámica empresarial -el año pasado, por ejemplo, en la jurisdicción de Tunja, que comprende 71 municipios, la creación de empresas aumentó en 5,0 por ciento, en las que más del 80,0 por ciento son empresas de propiedad de personas naturales-, el desempleo no ha podido revertirse a sus niveles prepandémicos, gravitando con mayor intensidad sobre jóvenes y mujeres.
Pero, si los indicadores económicos se resisten a una mejoría sustancial, los indicadores sociales, como la pobreza monetaria, rebrotó en más de 4 puntos el año pasado, a tal punto que 55.000 boyacenses quedaron atrapados en la imposibilidad de acceder a una canasta básica de bienes y servicios, con un costo mensual de una tercera parte de un salario vigente, mientras que más de 97.000 no pudieron siquiera disponer de una canasta de alimentos, cuyo costo diario equivale a un dólar.
El panorama anterior plantea la búsqueda de estrategias proactivas de reconversión económica que conduzcan a una mejoría sustancial en la calidad de vida de los boyacenses. En esa dirección, la responsabilidad de concebir y jalonar acciones concretas le compete al gobierno departamental y a las administraciones municipales, cuya tarea es diversificar sus vocaciones productivas e insertarse mejor en las corrientes del comercio mundial, pero, antes que todo, integrarse a la economía nacional.
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