Lo que sí ha llegado es el anuncio del Gobierno Nacional para iniciar el más agresivo ciclo de perforaciones en la región de Campo Velázquez que seguramente garantizaran más miles de millones de ganancias para la industria petrolera, pero poco o nada para soluciones apremiantes y siempre aplazadas
La ciudad que más ha crecido en Boyacá en los últimos 50 años, la que aporta la mayor proporción del Producto Regional del departamento, la que está en el centro de la exploración petrolera del Magdalena medio, a la que llegan todos los sistemas de poliductos del país, la única ciudad que se declaró anticomunista y antisubversiva en Colombia, con todo lo que significó para el conflicto y que por ser considerada en las cuentas nacionales como entidad territorial rica no está en el mapa de los planes de favorecimiento en el posconflicto, sin embargo, sique pendiendo de la angustia de una nueva inundación en cada temporada de lluvias, porque las obras siempre prometidas, siempre han sido incumplidas.
Por estos días que se anuncia una temporada de lluvias fuerte hasta el fin de año, en la mayor parte del territorio nacional, y que por tanto es posible que el caudal del Río Magdalena vuelva a crecer hasta su desbordamiento, todas las alarmas están prendidas en Puerto Boyacá que otra vez puede ser afectada, ante el incumplimiento en la terminación de las obras que son necesarias para evitar el desmadre del Río.
Como todo el mundo sabe desde hace años, las obras necesarias para evitar las inundaciones están diseñadas y en parte han sido contratadas, pero apenas se han ejecutado en mínima proporción o definitivamente no se han hecho como sucedió con un contrato de 2012 donde Corpoboyacá ordenó la construcción de una buena parte del muro de contención en el borde del río, que se supone es la solución a las cíclicas crecientes.
Ese contrato firmado entre el entonces director de la Corporación, Miguel Arturo Rodríguez y el ciudadano Ángel Roa Hernández tenía un valor de 4 mil 372 millones de pesos para la construcción del muro, en el tramo comprendido entre las calles 10 y 32, lo cual solucionaría la erosión y derrumbe de la orilla, propiciaría el espacio para un gran malecón y adecuaría un sitio definitivo como atracadero del ferry que comunica la ciudad con el otro lado del río, a la vez que sería el camino de conducción del colector de aguas servidas que también está pendiente.
Este contrato al fin no se ejecutó, siendo que los recursos en su momento fueron provistos por el programa Colombia Humanitaria que atendió la emergencia del Fenómeno de La Niña que se vivió en esos años en la mayor parte del territorio nacional. Voceros comunitarios afirman que hasta el momento nadie ha explicado a satisfacción qué pasó con este asunto.
No más aplazamiento de las obras de protección
Aunque la actual administración del alcalde Oscar Botero dice que su objetivo es ‘darle la cara el río’, para lo cual se propone ejecutar la construcción de una nueva sede de la alcaldía que dé a un gran parque que conecte con la ribera del río, la población reclama que toda la margen derecha en el sentido de la corriente, a su paso por la ciudad, debe tener las obras técnicas y suficientes para evitar de aquí en adelante las inundaciones con la crecida del Río. El cálculo que se tiene para la ejecución de este sistema de protección equivale a unos 35 mil millones de pesos que ya debieron ser garantizados e invertidos, pero que se siguen aplazando sistemáticamente.
Y es que cuando el gobierno nacional hace presencia en la ciudad, evita compromisos de fondo como sucedió hace unos dos meses cuando estuvo en la población el ministro de gobierno Guillermo Rivera, quien se limitó a decir que lamentablemente Puerto Boyacá no había sido incluida en las estrategias de apoyos para el posconflicto por la simple razón de que era considerado ese municipio como uno de los ricos en Colombia y que apenas, en el caso de su cartera, lo que se podía hacer era llevar ayudas para instalar algunas cámaras de seguridad, que en últimas es para lo poco que sirve ese ministerio de cara a las regiones.
También se espera que Corpoboyacá y su actual dirección dé una explicación satisfactoria sobre lo sucedido con los recursos mencionados en el contrato de 2012, cuando se sabe que las obras a ejecutar, además tiene los estudios técnicos y los diseños correspondientes para que se hagan realidad. Este contrato tuvo Acta de inicio, pero nunca se ejecutó y tampoco se sabe con exactitud qué pasó con los recursos.
Vale recordar que uno de los grandes escándalos de corrupción de los últimos años en Colombia, de lo cual no se volvió a hablar, es el que tuvo que ver con los recursos de Colombia Humanitaria.
No deberían permitirse nuevas perforaciones si no se hacen obras prioritarias
Es lo que reclaman ahora amplios sectores de la comunidad y voceros gremiales: que si el gobierno nacional no garantiza la ejecución de estas obras para asegurarse contra las inundaciones, si no se completan las obras para tener el sistema de interceptores y colectores del alcantarillado , y se adecúa el malecón del río junto con el puerto técnico para el Ferry, entre otras obras, la comunidad no debe permitir que en ese territorio sigan perforando y aumentando la extracción petrolera, la cual durante casi un siglo que ya lleva, no ha dejado soluciones ni bienestar real para la comunidad local.
En este sentido se pide al gobierno departamental que también se ponga del lado de las comunidades y del gobierno local para reforzar estos pedidos al gobierno central, a la vez que también contribuya con más inversión para otras necesidades de la ciudad como sería la adecuación del Hospital José Cayetano Vásquez, como de tercer nivel, una necesidad para la ciudad que ya supera los 76 mil habitantes y para toda la región cercana del Magdalena Medio en este sector cuyo centro principal es Puerto Boyacá.
La ciudad debe ser favorecida por programas del posconflicto
Es sobre lo que hay que recabar de nuevo, que habiendo sido Puerto Boyacá, uno de los epicentros más afectados por el conflicto armado colombiano, hoy no puede quedar por fuera de las estrategias de beneficio, así se diga que es que el municipio por tener la condición de “rico” no necesita. Es evidente que si allí se vivió toda la intensidad de la guerra, donde las víctimas hoy reclaman la reparación integral, el Estado tiene la obligación de diseñar algún plan especial de ayuda y compensación, lo cual se evidencia en la necesidad de promocionar la equidad social y el surgimiento de oportunidades para los sectores más populares y necesitados.
Si bien es cierto la riqueza petrolera y la bondad de sus tierras hacen de ese municipio un lugar en apariencia muy próspero, también es cierto que el grueso de su población carece del bienestar y las oportunidades que se alegan como positivas.
Una de las acciones que deben ser impulsadas, en lo cual se debe comprometer el gobierno y la clase dirigente del departamento, es la de la terminación pronta de la carretera hacia Otanche que en sus 90 kilómetros de extensión falta más de las dos terceras partes de pavimento.
Puerto Boyacá debe ser integrado a la región central del departamento y el departamento de la cordillera debe tener en el puerto una gran oportunidad para la economía, el turismo, la ecología y la agroindustria. Así suene a lugar común, este es el reto para esta primera mitad del siglo XXI.
