Producto de multas a cementeras debería ser para regiones donde están las plantas productoras 

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Foto | Hisrael Garzonroa
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Si esto se logra, a la región boyacense donde están las plantas de cementos de Argos y de Holcim le podría llegar unos 130 mil millones. Desde Luego, si se hace efectivo el pago de la multa, al gobierno central no le sonará para nada esta propuesta; dirá el ministro Cárdenas que hay que ser previsivos y que ojalá la consignen en el exterior para no traerla al país.

La información da cuenta de que la Superintendencia de Industria y Comercio está a punto de hacer efectiva una multa que supera los 400 mil millones de pesos contra tres de las grandes cementeras del país, de las cuales dos son extranjeras, Holcim y Cemex, y la colombiana Argos; cada una tendrá que pagar 120 mil millones.

¿El motivo?, la cartelización de estas para manipular los precios y repartirse el mercado. ¿Por qué?, porque el modelo no podía llevar a punto distinto después de 30 años de apertura económica y a casi 20 de carta blanca al capital para hacer y deshacer en medio de la Seguridad Democrática, la era de las locomotoras mineras, la prosperidad para todos, que resultó para muy pocos, hasta nuestros días de la corrupción total y absoluta.

Treinta años los mismos con las mismas

En estas tres décadas, de 1990 a la fecha, los que nos han conducido al punto actual, han sido los mismos, los que han tomado las decisiones y han puesto al país en el punto de no retorno, del sálvese quien pueda, del vale todo y del aprópiese y aprovéchese de todo lo que encuentre.

Desplazar a seis millones de personas en este tiempo, quitándole sus tierras; feriar el territorio en la orgía de los licenciamientos mineros de la década pasada; asaltar el bolsillo de los colombianos desde los recibos del servicio de energía para quedarse con por lo menos 20 billones de pesos, en el llamado cargo por confiabilidad; hacer una guerra que valió más de cien mil millones de dólares, no podía llevar a la transparencia, la equidad y el mayor bienestar de los colombianos.

No hay sorpresas

Entonces ahora, nadie se puede sorprender de la cartelización de las cementeras para ganarse todo el “billete del mundo”, después de los negociados de Cemex con la construcción de las troncales de Transmilenio, en la primera época de Peñalosa y, luego, la simulada guerra de los precios del cemento en el primer lustro del siglo, para, enseguida, manejar a sus anchas los precios y el mercado. Este fue el campo ancho y abonado para accionistas y ejecutivos, de toda laya que en estas décadas no han desaprovechado la papaya partida, bobos si no lo hacían tal como lo hicieron y seguramente lo van a seguir haciendo, como los otros todopoderosos industriales del azúcar, o los productores de pañales, hasta los mismos procesadores de arroz y quién sabe cuántos más. Y qué decir de la venta física del territorio con la enajenación hace ya 20 años de la represa de Chivor y la reciente venta de Isagen.

La única planta de Holcim en Colombia, está en Boyacá. FOTO / Hisrael Garzonroa - EL DIARIO
La única planta de Holcim en Colombia, está en Boyacá. FOTO / Hisrael Garzonroa – EL DIARIO

Los recursos de las multas para las regiones

Pero bueno, el asunto es que llegados a este punto con la especulación del cemento, toca con las regiones y en este caso con Boyacá, si tenemos en cuenta que dos de estas tres grandes tienen importantes plantas de producción en el territorio donde la naturaleza con especial generosidad ha puesto todo a la mano para que el cemento valga todavía menos en sus costos de producción; es decir, para que las compañías todavía abulten más sus utilidades.

De aquí que desde este departamento, habría que reclamar que si esos 420 mil millones de pesos que se anuncian como sanción a las cementeras se hacen efectivos y los tienen que pagar, los mismos no pueden entrar al presupuesto general de la Nación; estos deben ser redistribuidos entre las zonas donde están situadas las plantas productoras como una forma mínima de justicia con las comunidades que han sufrido el impacto ambiental al afectarse su entorno, o si se quiere, porque es de esos lugares de donde han salido las materias primas que han propiciado las abusivas ganancias.

Lo que nos toca

Si miramos el mapa de las plantas cementeras en Colombia, es fácil darse cuenta de que la mayor propietaria es Argos que cuenta con nueve factorías, de las cuales una está en Sogamoso, la que correspondía a Cementos Paz Del Río, propiedad de Acerías y vendida al grupo antioqueño, cuando el departamento de Boyacá figuró como dueño, en un regular negocio hacia el año 1999. La mejicana Cemex no tiene plantas en Boyacá, mientras la única productora de Cemento de Holcim en Colombia es la planta de Nobsa que correspondía a Cementos Boyacá, que alguna vez fue también propiedad del departamento.

Así que de la multa, proporcionalmente tocarían más de 10 mil millones de pesos en el caso de Argos por Sogamoso, de Cemex no se recibiría nada, pero de Holcim debería ser la totalidad de los recursos de la sanción, es decir los 120 mil millones; podríamos obtener para la región unos 130 mil millones; una bonita cifra.

A renegociar el uso del territorio

Desde luego que esto a nadie le sonará y más bien parecerá descabellado en el alto gobierno, pero llegó el momento de defender las porciones del territorio en función de lo que cada una aporta realmente, lo cual conduce a otra apreciación, sobre la cual hay que adelantar la discusión más profunda y firme posible: que es la hora de renegociar las condiciones de participación locales en los negocios que impliquen el uso a gran escala del territorio.

Obsérvense los casos de esta región en los negocios más importantes que hoy existen; el uso del territorio a gran escala se corresponde con las centrales hidroeléctricas asentadas en la Cordillera Oriental de las cuales dos dependen directamente del área del departamento de Boyacá: la Central hidroeléctrica de Chivor y la del río Sogamoso, recientemente inaugurada y luego vendida en el negocio de Isagen.

Resulta que la materia prima de tan jugosos negocios es el agua, y el agua solo es posible en la medida de su acumulación a través del territorio, desde la fuente más modesta en la más apartada de las veredas, por lo que hasta ese lugar, algún beneficio debe llegar si se trata de un negocio.

Entonces hay que renegociar las condiciones de uso del territorio como proveedor del agua que para el caso de las dos centrales mencionadas. No es posible seguir en el modelo, y menos otros 50 años como ahora se dice que sucederá con Chivor. Hay que renegociar la participaron de las utilidades del negocio que en el largo plazo debe dejar al menos dos resultados: la conservación de las cuencas y, por tanto, la garantía de la permanencia del recurso agua y el mejoramientos del bienestar de las comunidades correspondientes.

En este sentido las cuentas dan para ello, si la represa de Chivor, en la última década ha generado utilidades netas que pueden superar los dos billones y medio de pesos, resulta inaceptable, desde todo punto de vista, que esos recursos vayan a parar como redistribución de utilidades a los socios de una empresa que está en otras latitudes del planeta, mientras aquí la solución a elementales necesidades de las comunidades sigue pendiente, como es la construcción, adecuación y mantenimiento de una red de carreteras que, para el caso del Valle de Tenza, costarían una proporción pequeña de estas utilidades. Lo mismo que para el sostenimiento de las condiciones de las cuencas de los ríos que la surten, donde apenas a las corporaciones responsables se les transfieren simbólicos recursos.

En el caso de Hidrosogamoso, la mayor cantidad de agua va de Boyacá y por tanto el retorno de la compensación a su territorio debe ser proporcional. Entonces hay que renegociar las condiciones de uso de los recursos, los cuales deben ser retribuidos adecuadamente en razón de su aporte. El país no puede seguir bajo la idea de la perversa falacia de los tres huevitos del modelo uribista.

Lo mismo con la minería  

En el caso del sector cementero, siderúrgico y carbonero en Boyacá, la reglas deben ser similares; el territorio propicia las condiciones para que prosperen las industrias del acero, del cemento y de la generación de la energía con base en carbón, con las fuentes de recursos a pocos kilómetros a la redonda, todas disponibles para que la producción sea todavía más barata; entonces, el sentido común indicaría que los beneficios que esto produce, alcancen primero al entorno en el cual existen.

La producción de cemento y de acero debiera atender en primer lugar las necesidades de la construcción de la infraestructura de la región. Por ejemplo, una buena parte de las carreteras del departamento, en las condiciones de montaña que existen, debería estar construida con materiales producidos a costos proporcionales en las factorías cercanas del cemento y del acero. Resultó insultante que en la construcción de la vía entre Pauna y Otanche, la cual está hecha con estos insumos, cemento y acero, el acero haya sido traído de Méjico, tal como se leía en las etiquetas de los materiales usados.

Ahora bien, si como se anuncia llega una nueva era de buenos precios del carbón siderúrgico, debe ser el surgimiento de una relación distinta entre esta industria y los beneficios que surgen. Después de dos bonanzas en 15 años, no es posible que con una tercera pase lo mismo: que los carboneros estén pidiendo que de los impuestos de todos se les construyan las carreteras para sacar el producto y que de la res gorda no quede para la sociedad más que el hueso del deterioro ambiental y el guayabo de la siguiente época de carencia, porque tampoco se invirtió en la diversificación de la economía.

La llegada de una nueva bonanza del sector, debe ocasionar una reflexión distinta sobre lo que debe hacerse con su producto, en todos los órdenes.

El agua es la clave

Una discusión a fondo sobre lo que está pasando con el territorio y sus recursos en el departamento, de manera integral, debe darse con todos las fuerzas sociales y económicas, donde se reconsideren cada uno de los elementos en juego, siendo el agua, el recurso por excelencia, donde está la fuente de la principal riqueza del departamento; así que la discusión debe empezar por el uso del territorio en función de la producción y destino del agua que incluye las Hidroeléctrica ya mencionadas y debe seguir con los demás usos, donde surge la necesidad de revisar negocios como el de ‘Productiva’ en Tunja y los que se puedan desprender del manejo del agua en la red de acueductos de los otros 122 municipios, en la industria y en la agricultura. Igual debe hacerse con los demás recursos del territorio y las políticas de explotación y uso.

 

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