La pandemia, los bloqueos y la falta de escrúpulos de los intermediarios tienen aguantando hambre una cantidad significativa de colombianos. Lo más dramático de todo es que la cifra tiende a aumentar, pues hoy no hay quien regule o controle los precios. Lo más escandaloso es el rumor de que un huevo podría llegar a valer mil pesos, pero eso es solo la punta del Iceberg.
Los informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no reflejan del todo la realidad de la dinámica inflacionaria en el país. Mientras que dichos reportes señalan un IPC con tendencias negativas (-0,05 el más reciente), otra es la sensación entre la ciudadanía, que ve aterrorizada informes en los que se les sugiere que un huevo puede llegar a valer mil pesos.
En ese sentido, el concejal John Carrero envió una solicitud a sus compañeros de oficio, y a la misma Administración Municipal, para que en la capital boyacense se haga alguna gestión para controlar los precios de diversos productos.
Huevos, pan, frutas, verduras y carnes son los productos en los que puede apreciarse un mayor incremento en su valor, según ha dado a conocer el concejal Carrero.
Claro que es poco lo que puede hacer la Administración Municipal al respecto, pues es competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio el control de los precios.
Claro está que ha explicado esta Superintendencia que no está a su cargo el control de los precios a los alimentos, pues Colombia es una economía social de mercado, en la que los precios se regulan por la oferta y la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene soberanía sobre el control de precios de productos como agroquímicos, leche, medicamentos y dispositivos médicos.
Lo único determinante en ese sentido es que el consumidor debe tener conocimiento del precio del producto, luego puede estar de acuerdo o no a la hora de pagar por este.
Lo cierto es que la especulación, el acaparamiento o las situaciones de cartelización empresarial sí son de competencia estatal, y son además conductas que tienden a favorecer el auge de la informalidad. Por eso es que el caso de los huevos a mil pesos, y un común acuerdo entre los productores, debería ser materia de investigación por parte de las autoridades, y sanción en caso de que se determine una conducta abusiva.
La primera responsabilidad de verificación de precios la tienen los alcaldes de las ciudades y municipios, si ellos en sus inspecciones encuentran alguna irregularidad deben remitirlas a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia.
Por lo cual es importante que le hagan un llamado a la Secretaría de Gobierno de su ciudad para que adelante las acciones de inspección correspondientes.