¿Por qué el Procurador, el Contralor y el Fiscal toman distancia de la Vicepresidenta?

Los tres altos funcionarios, ¡el Procurador, el Contralor y el Fiscal!, se dan cuenta de que cualquier propuesta que de aquí en adelante, encaminada a “la lucha contra la corrupción” dada como iniciativa de Marta Lucía Ramírez de Rincón, carece de la autoridad moral necesaria.

La sorpresa no es menor; que el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, digan que los tres organismos bajo su mando acordaron, “en el marco de sus competencias, crear desde el inicio de esta pandemia un equipo integrado por servidores de alto nivel para hacer frente a la corrupción” y que a renglón seguido aclaren que, “como entes autónomos e independientes, no somos parte de ningún equipo élite liderado por la Vicepresidencia de la República relativo a la persecución de corruptos”, resulta una sorpresa de proporción mayor.

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Cualquiera supondría que el anuncio de la Vicepresidenta, hecho en la mañana del 13 de abril, debió ser respaldado inmediatamente por todas las instituciones, empezando por las de control, a las cuales hizo especial referencia.

En efecto, durante la jornada del lunes 13 sucedieron los dos anuncios; uno, el de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, temprano por la mañana, en el cual se predicó que desde la oficina de la vicepresidencia y la Secretaría de Transparencia se puso en marcha una brigada conjunta con la Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría, Función Pública y Colombia Compra Eficiente para ponerle la lupa a supuestos hechos de corrupción en los contratos de la emergencia por la pandemia.

Ante esta comunicación, por la tarde, los tres altos funcionarios dijeron que “este grupo, el que estará vigilante ante los posibles usos indebidos de los recursos, ya existe y que se enmarca “en nuestras competencias y es integrado por funcionarios de las tres entidades”. Esta respuesta no podía sonar más extraña. Cómo así que una iniciativa de la Vicepresidenta, la segunda figura del ejecutivo, suscita una respuesta así, que más parece una desautorización.

O algo peor, que los tres altos funcionarios, ¡el Procurador, el Contralor y el Fiscal!, se dan cuenta de que cualquier propuesta que de aquí en adelante, encaminada a “la lucha contra la corrupción” dada como iniciativa de Marta Lucía Ramírez de Rincón, carece de la autoridad moral necesaria y por tanto no será creíble ni confiable para la opinión pública, después de lo que se conoció en los últimos días en torno a las no aclaradas relaciones personales, empresariales y comerciales, durante tanto tiempo, de la Vicepresidenta y su familia con un “desconocido jefe de la mafia y del paramilitarismo” que ahora sale a la luz pública como producto de una investigación realizada por una entidad extranjera.

Este sería un capítulo inédito de la política en Colombia.

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