Por: Giovany Pinzón Báez
El aumento del IVA impactará el consumo de los productos de primera necesidad, como el arroz que pasaría de $1.820 a $2.147 el kilo; pan, que pasarán de ser de 10 o 12 panes por 2 mil pesos, a 8 en el mismo valor; huevos, cuya docena de rojos AA pasaría de $3.600 a casi $4.300; leche, que en bolsa podría pasar de $2.100 a $2.478; entre otros.
La medida es injusta con los colombianos. Gravar con IVA más productos de la canasta familiar, significa ser indiferente a las necesidades sociales de los sectores populares, ya que son las clases media y baja las más perjudicadas, lo cual no se equipara con sus ingresos mensuales y anuales, ni con las oportunidades e índices de empleo en Colombia.
Si hablamos desde Boyacá, esta decisión no solo afecta a consumidores sino que al elevar los precios de los alimentos obligará a millones de colombianos a comprar y comer menos afectando de esa manera a los productores de alimentos del país, nuestros campesinos. Adicional a lo anterior, todos los insumos que se requieren para la producción agrícola y pecuaria quedan gravados con la reforma.
Varios gremios de productores agropecuarios han señalado que la medida de gravar con un Impuesto al Valor Agregado IVA del 18%, el 80% de los alimentos que consumen los habitantes del país, lleva a reducir el consumo, que las ventas y la capacidad adquisitiva de los consumidores sean menores.
Las empresas multinacionales parecieran entonces las únicas y grandes beneficiadas con la iniciativa pues se deduce que sus impuestos se rebajarán en 10 billones de pesos al año.
Lo que se requiere hoy para reactivar la economía es mejorar la capacidad adquisitiva de la población con lo cual podrá adquirir mayores bienes y servicios, mejorando el consumo y por ende la producción.
La gestión pública debe buscar una mejor calidad de vida para la comunidad y no con esto podemos caer, como ciudadanos en el juego de satanizar a los empresarios, pues como cita Amartya Sen, “una empresa es una unidad productiva que no solo es la única fuente de desarrollo, sino de lejos, la más importante fuente de empleo y bienestar de una sociedad. Las empresas son un bien público”, y en el caso de esta reforma no incluye de exoneración a las pequeñas y medianas que son las que dinamizan la economía de las regiones y lo que requieren es impulso para continuar forjando desarrollo social y económico.
Nuestros parlamentarios y parlamentarias, a quienes hemos elegido para que nos representen con nuestras necesidades e intereses grupales, hoy están llamados a garantizar estabilidad económica en los hogares colombianos, calidad de vida digna y estrategias que realmente favorezcan a las clases sociales que hoy padecen la mayor parte de necesidades, culturales, educativas, económicas y sociales en el país.
