El ente de control hizo un análisis sobre los manejos en los Planes Departamentales de Agua en diferentes zonas del país, dando como resultado 32 hallazgos fiscales, tres de estos en Boyacá.
Siete departamentos están bajo la lupa de la Contraloría General de la República, que evaluó la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA), dando como resultado 32 hallazgos fiscales por un valor superior a los 7.441 millones de pesos.
El mayor de esos hallazgos corresponde a San Andrés, por una presunta irregularidad por valor de 2.712 millones de pesos. Si bien en Boyacá los hallazgos no fueron de tal magnitud, el departamento no estuvo ajeno a este informe del ente fiscalizador.
Concretamente, para el caso de Boyacá, se dio cuenta de tres hallazgos de tipo fiscal, por un valor de $68.002.385.
“Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización realizada, la Contraloría considera que la gestión fiscal adelantada a la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB SA ESP), en relación con los proyectos y contratos suscritos con recursos del Plan Departamental de Agua (PDA) del departamento de Boyacá es Conforme a los principios de la gestión fiscal y a los criterios evaluados, excepto porque se presentan deficiencias, especialmente en cuanto a la calidad, planeación y oportunidad de los proyectos y obras ejecutados, así como debilidades técnicas, operativas y financieras que demandan acciones correctivas para desarrollar los proyectos de manera más eficiente y eficaz”, señala la Contraloría en su informe.
Esas deficiencias específicamente se refieren a “la terminación y continuidad de los convenios que vinculan al PDA con los municipios del Departamento de Boyacá”, que según aclara la Contraloría, son deficiencias que afectan el cumplimiento de los objetivos del PDA y el desarrollo regional.
Explica la Contraloría que, de los 123 municipios del departamento, hay 47 que no se encuentran vinculados al PDA, entre diversas causas, pero resaltando la falta de gestión de las administraciones locales.
Otras de las deficiencias señaladas en el informe son de carácter técnico, asociadas a debilidades en la supervisión y control en las obras, lo que tiene como consecuencia falta de calidad e irregular funcionamiento.
En Boyacá se evaluaron 12 proyectos de obra, siete de estos están finalizados, tres en ejecución y dos están suspendidos (Güicán y Paipa).
Agrega la Contraloría que “Los contratos de consultoría y compraventa presentan debilidades en su planeación y ejecución, lo cual incide en el retraso de los proyectos y, en algunos casos, conlleva a la adquisición de bienes por mayor valor”.
Como tal, la Contraloría General de la República estableció ocho hallazgos de carácter administrativo, de los cuales cinco tendrían incidencia disciplinaria, tres de ellos presunta incidencia fiscal.
Los tres hallazgos corresponden a aspectos técnicos del contrato para la optimización de redes de alcantarillado y sistema de acueducto de Güicán de la Sierra, otro contrato para la optimización del servicio de acueducto en Chiquinquirá, y uno más celebrado entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá con el fin de adquirir un vehículo recolector para el municipio de Soracá.
