Personero de Paya ya había advertido sobre violencia racista contra Profesora y su familia

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El caso del que fueron víctimas una docente afrocolombiana y sus pequeños hijos, ha generado consternación e indignación de todo el país. Procuraduría inició indagación para establecer si existe responsabilidad disciplinaria por parte de empleados públicos en el caso de presunto racismo, ocurrido en la vereda de Morcote.

La Personería de Paya estuvo pendiente, atendió el caso de violencia racista contra una profesora y sus hijos y activó las alertas, pero no encontró respuesta ni de la Oficina de Control Interno de la Gobernación ni de la Fiscalía General de la Nación.

Así lo aseguró en las últimas horas el personero municipal, Iván Leonardo Rodríguez Orozco, quien señala que el caso fue conocido desde septiembre del año 2021.

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“Es increíble que hayamos hecho los llamados, que hubiéramos activado todas las alertas, que nadie reaccionara y que ahora sí, luego de que se produjo una publicación por parte de la revista Semana, todos estén tratando de actuar y de tomar medidas”, indicó el Personero en diálogo con EL DIARIO.

En efecto, la revista Semana fue el medio que, ante la opinión pública nacional, realizó la denuncia y puso en conocimiento de la opinión pública nacional este caso que denominó como ‘aterrador’.

Según Semana, este es un caso de violencia racista en Boyacá debería indignar a toda Colombia.

Dijo la publicación que una docente afrocolombiana y sus hijos fueron víctimas de rechazo, golpes y hasta abuso sexual en un colegio del municipio de Paya.
El corregimiento de Morcote, ubicado en el municipio de Paya, Boyacá, fue el infierno en la Tierra para una familia afrocolombiana. Escapando de la violencia en el Chocó, la docente de inglés Kerlin Murillo Mena logró un puesto como profesora de bachillerato en la Institución Educativa El Rosario sin saber que ahí le esperaban rechazos y el sufrimiento de sus dos pequeños hijos, quienes quedaron marcados de por vida.

A mediados de 2021, junto con su madre, Keiner Joel Córdoba, de 5 años, y Keyler Yojackson Córdoba, de 9 años, se matricularon en la institución educativa. De inmediato, según afirmó Murillo, recibieron el rechazo del cuerpo de profesores”.

“Nos atacaron por pertenecer a la población negra y afrodescendiente. Por la pigmentación de nuestra piel fuimos agredidos de todas las formas, hasta el punto de que mis hijos fueron abusados sexualmente”, contó Murillo en conversación con SEMANA.

“Cuando decidimos entrar a la presencialidad, efectivamente no les caí bien simplemente por mi pigmentación de piel. Desde ese momento iniciaron conmigo una segregación social y racial, además de acoso laboral. No sé cómo lo resistí”, agregó en conversación con Semana.
De acuerdo con la madre de familia, esa discriminación no tuvo efecto en ella y por eso asume que los agresores decidieron afectar a sus hijos. “Me dieron en el talón de Aquiles, mis niños”, dijo.

Ligia Cataño, madre de un estudiante del colegio, aseguró que ser negra no fue el único motivo del ataque. “Ella se dio cuenta de que ese colegio no les estaba dando a los niños el trato que merecían y que ellos no tenían por qué estar pagando cosas”, dijo. Y añadió: “Ella entró a hablar por eso y se echó de enemigos a los profesores, rector y secretaria, todos se fueron contra ella. Incluida la familia de un concejal, Jorge Tabaco Largo, pues su hija es la secretaria y el nieto estudia ahí”.

En ese momento, los profesores habrían mostrado desdén por su colega afrocolombiana y sus hijos. “La comunidad no es racista, pero los profesores empezaron a mirarla mal, se reían. Hay una profesora que se llama Paola Duarte, que le cogió como odio, a toda hora le decía ‘horrible’ y ‘terrible’”, contó una antigua estudiante de la institución.

Con el ejemplo de los profesores, los niños habrían empezado a maltratar a los hijos de Murillo hasta el punto de propinarles duras palizas, que llevaban a los menores a centros asistenciales para ser atendidos.

SEMANA dijo que conoció los informes de las consultas médicas por lesiones en ambos menores y fotografías de las heridas, las cuales, según cuenta la madre, provocaron hospitalizaciones.

“Comenzaron por echarle orín en la boca a Keiner, el de preescolar. A meterle el pene en la boca, lo accedían carnalmente metiéndole el pene en su ano y le golpeaban. En una de las agresiones, cuando el niño no quería dejarse, le amarran el pene con una cabuya y lo tiran. Aún dice que le duelen los testículos. Lo subían a la parte alta del tobogán para tirarlo al vacío, ocasionándole una fractura en el cráneo que hasta hoy persiste. Ha deteriorado el proceso cognitivo de mi hijo”, relató la mujer.

La agresión sexual a Keiner, el hijo de 5 años, fue uno de los golpes más duros para Kerlin y Keyler. El 4 de abril de 2022, el menor fue víctima de la peor agresión al haber sido presuntamente violado por otros siete menores de la institución educativa.

SEMANA conoció el testimonio de Keiner en el centro de salud en Paya, donde narra algunas de las agresiones que sufrió: “Un niño de bachillerato me lanzó al piso desde esas escaleritas y me empezó a decir ‘váyase, negro hijo de puta’. Después de que me caí, me ha dolido el brazo y me duele al moverlo”.

En la consulta, el personal médico observó una “abrasión” en la región anal y “dolorosa a la exploración”. En la zona superior anal, se observó una “herida en proceso de cicatrización”.

“También tuvo que presenciar agresiones contra su hermano, cómo era golpeado por defenderlo. Le decían a Keiner ‘mi perrita’ por el tema del abuso sexual, por eso empezó a pelearse para defender a su hermano. Presentaba lesiones en las cejas, mentón, pecho y la oreja rota. Los niños no podían ni salir el fin de semana, porque esta situación se llevó a la vía pública. Los apedreaban”, dijo Murillo.

El rector de la institución, Jorge Humberto Cuy Niño, negó las acusaciones de Murillo, al tiempo que calificó como “blasfemia” las acusaciones en contra suya por direccionar ataques para perjudicar a los menores.

“Nosotros cumplimos con activar la ruta externa de atención. En el tema del racismo, mi persona y los docentes fuimos de los que más vinculamos a esta señora a nuestra institución, con aprecio, con respeto y con mucho cariño, como siempre lo tenemos”, dijo.

El Rector aseguró que la profesora “no buscaba la solución a los conflictos”; por eso, ella era quien comenzaba las rencillas con otros funcionarios.

Sobre los niños, aseguró que el mayor tenía situaciones de “mala convivencia” y los otros estudiantes “reaccionaban”. “Eso le pareció que era violencia y que los estaban atacando por ser de color”, agregó el rector.

Además, aseguró que los golpes podrían no ser propinados por los demás estudiantes, sino por peleas entre hermanos y por la madre al corregirlos.

“Esta señora Kerlin corregía y castigaba a sus hijos de una forma muy violenta. Son testigos los profesores de que llevó a los niños al colegio, cogió una vara y les dio una muenda”, denunció el rector. Finalmente, dijo que la responsabilidad de los estudiantes en el acceso carnal violento es motivo de investigación y que no comentaría sobre el tema más allá de afirmar que no ocurrió en el colegio.

Pues en la conversación con EL DIARIO, el Personero de Paya dijo que, efectivamente atendió toda la situación cuando se presentó y que, como le corresponde, informó a las instancias correspondientes, como la Oficina de Control Interno de la Gobernación; y la Fiscalía General de la Nación.

”Nosotros pudimos atender esos casos cuando se presentaros y darle garantía a los menores”, dijo el Personero, y agregó que fue esa entidad la que logró el traslado de la familia al municipio de Chita por medio de un procedimiento para el restablecimiento de derechos de los menores afectados.

“Vía correo electrónico se ordenó la apertura de verificación y se remitió a la Oficina de Control Interno de la Gobernación, que es juez natural”, sostuvo el Personero.

También dijo que ante las denuncias sobre discriminación contra la profesora, el matoneo, el racismo y el acoso laboral se realizó la correspondiente denuncia de orden disciplinario.

“Dimos a conocer los hechos en septiembre del año pasado y posteriormente en octubre y en el Hospital San Rafael de Tunja se activó el Código Verde por posibles agresiones sexuales contra los menores. Todas las actuaciones obraron dentro del procedimiento administrativo de restablecimiento de los derechos y le solicitamos a la Secretaría de Educación de Boyacá que se tomaran medidas de protección para los menores, pero esas solicitudes fueron ignoradas”, subrayó.

Finalmente, teniendo en cuenta que la situación se presentó en zona rural y un sitio de difícil acceso y en donde era imposible garantizar la seguridad y la integridad de la familia, la Personería logró que la mujer y sus hijos fueran trasladados a Chita.

En abril de este año la profesora volvió a colocar las denuncias y a poner en conocimiento los hechos contra ellos.

Finalmente, el personero de Paya, Iván Leonardo Rodríguez Orozco, que “fuimos de las pocas autoridades que escuchamos y atendimos el caso; orientamos a la familia y activamos todos los mecanismos de defensa y protección”.

La Procuraduría ya está investigando

Ante el posible caso de racismo contra la educadora en Paya, Boyacá, la Procuraduría indaga a los presuntos responsables.
La entidad hizo un pronunciamiento en el que rechaza todo acto de discriminación que se realice contra cualquier persona en suelo colombiano o fuera de él.

La Procuraduría General de la nación inició indagación para establecer si existe responsabilidad disciplinaria por parte de empleados públicos en el caso de presunto racismo a la docente, Kerlin Murillo Mena y su familia en la vereda de Morcote en Paya, Boyacá.

El Ministerio Público rechazó todo acto de discriminación que se realice contra cualquier persona en suelo colombiano o fuera de él y posteriormente, designó la constitución de una agencia especial en los procesos penales que se hayan abierto con ocasión de las denuncias.

Así mismo, el ente de control inició vigilancia del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los menores que al parecer están vinculados en lo sucedido.

La segregación es una conducta sin cabida en el comportamiento de las relaciones personales y profesionales.

Jéfferson Mena, asesor de la Delegada para Asuntos Étnicos, dijo que la Procuraduría rechaza y lamenta todo tipo de discriminación y racismo.

El funcionario de La entidad de control anunció tres acciones:

*Iniciar investigación preliminar para determinar si hay funcionarios públicos vinculados

“Vamos a constituir un agente especial que permita acompañar y hacerle seguimiento a los procesos penales que producto de estos hechos tengan lugar y vamos a acompañar a todos los procesos de restablecimiento del derechos a los menores de edad que fueron vinculados a esas repudiables acciones”.

“La discriminación debe ser abolida; la Procuraduría hará valer los derechos de todos los colombianos”, concluyó Jéfferson Mena.

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