Nuevo cobro de matrículas en la UPTC: otro golpe a las oportunidades de acceso a educación superior

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Por | Edilberto Rodríguez Araújo– Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC

Siembra vientos…

Durante los últimos dos meses, profesores y estudiantes de la UPTC han volcado su atención en problemas que estallan aquí y allá, debido a la improvisada expedición de normas que atizan el malestar latente derivado de compromisos incumplidos heredados de las movilizaciones del año pasado.

En los últimos días las alarmas se han encendido por cuenta del anuncio de reforma al sistema de cobro de matrículas. A pesar de las llamadas “socializaciones” del estudio realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, los estamentos universitarios no están satisfechos ni con los desenfocados argumentos de los directivos, ni  con el malabarismo verbal de los consultores. La retórica rectoral insiste en una ficticia equidad con el cambio de esquema de liquidación de la matrícula para quienes sean admitidos el próximo año, considerando irreversible su adopción.

No obstante que el fallo de la sección quinta del Consejo de Estado fue proferido el 15 de septiembre del año pasado, la consultoría contratada sólo se inició en enero de este año debiendo concluirse en el mes de mayo, con la entrega de un proyecto de Acuerdo sobre el nuevo sistema de liquidación.

…y no evitarás los huracanes

Como se ha sostenido en varias ocasiones, el secretismo imperante en la divulgación de los documentos no ha permitido controvertir la propuesta, pues ni siquiera los integrantes del Consejo Superior Universitario, disponen de plena información.

Como se recordará, de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá sobre el cumplimiento del  artículo 83 del Acuerdo 066 e 2005 (Estatuto General), el Consejo de Estado dejó en firme parte de la misma, que a la letra dice: “PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia dictada el 30 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el que quedará así:  ORDENAR a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia “UPTC” que, en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, dé cumplimiento al contenido del artículo 83  matrícula de todos los programas académicos atendiendo, prioritariamente, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes”.

Ahora los directivos de la universidad están afanando la aprobación de un proyecto de Acuerdo con protuberantes inconsistencias,  cuyo tránsito el 18 de septiembre ante la máxima instancia de gobierno universitario parece asegurado, y, de esa manera, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, cuyo presidente, el Magistrado Iván Afanador, ha advertido que la Administración debió de haberla aprobado seis meses después de proferido el fallo, es decir, en abril de este año; sin embargo, al dársele cabida a las alambicadas “socializaciones”, además del compromiso adquirido por la universidad en la audiencia de verificación del 5 de junio,  el plazo límite es el 29 de septiembre, para no incurrir en un desacato, así se argumente que la autonomía universitaria sale mal librada frente a estos fallos judiciales.

Socializar no es participar…

De otra parte, tanto la administración como el consultor, se dedicaron a “mercadear” infructuosamente,  una fórmula de liquidación de la matrícula, que tenía un piso mínimo pero sin techo alguno: el nivel mínimo de matrícula se fijaba en 0,5 del SMMLV más un componente variable que se derivaba del cálculo de un Indicador Socioeconómico, basado en cinco variables asociadas a la vivienda, al ingreso familiar, al empleo del jefe de hogar, al colegio de procedencia y al estrato al que pertenezca el estudiante admitido. Para los consultores, la matrícula promedio podía  ascender a cerca de $1.084.000.

Como es sabido, en 46 por ciento (29) de los 63 programas de pregrado, tanto presenciales como a distancia, que ofrece la UPTC, el valor de la matrícula se liquida por declaración de renta; el resto tiene un valor fijo que fluctúa entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales, de lo que se infiere que son quienes cursan el primer grupo de programas los que resultarían afectados con el reajuste anunciado.

Considerar un piso mínimo desvirtuaba la progresividad en la capacidad de pago, pues restringía el acceso de un mayor número de aspirantes, sin olvidar la elevada proporción de bachilleres boyacenses excluidos del sistema universitario, estimado en 38 por ciento. Así las cosas, la exigencia del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 (condición socioeconómica) se desvirtuaría, apartándose la universidad de fórmulas viables ensayadas en la mayoría de las universidades públicas, donde no hay  piso mínimo.

Uno de los argumentos que invoca reiteradamente la dirección de la universidad es el riesgo de erosionar la sostenibilidad financiera de la institución con el nuevo sistema. Los consultores  anotan que los ingresos no se verán disminuidos, estimando que serán de $179.000 millones, sin especificar que ello correspondería a sus proyecciones para el periodo 2018-2023, pues los recaudos anuales por matrículas fluctúan entre $30.000 y $40.000 millones.

Una vuelta de tuerca…

Ahora bien,  la propuesta anterior fue desechada. En esta larga sucesión de marchas y contramarchas, la propuesta final contenida en el proyecto de Acuerdo, contrasta con las iniciales, pues se excluye el piso mínimo y la fórmula elegida se resume en una tabla de ponderación de las cinco variables fijadas multiplicada por un factor fijo, el 3,5 por ciento de un salario mínimo mensual de la cual resultará el valor a pagar por el estudiante. Veamos una síntesis de lo propuesto:

Como se observa en el  cuadro anterior, se elaboró una tabla cuyos criterios de ponderación se desconocen, al igual que la fijación del valor del punto: 3,5 por ciento del salario mínimo mensual. Si se toman los valores de 2017, este sería equivalente a $25.820, pero como la adopción será en  2018, considerando un hipotético incremento de 5 por ciento tendríamos un valor del punto de $ 27.174.

El atajo elegido por la dirección de la universidad y  que ya cuenta con la viabilidad jurídica otorgada el 13 de septiembre, es como el cuento de los hermanos Grimm, “El genio de la botella”, implantar un nuevo sistema de cobro de matrícula sin previsión alguna de sus repercusiones.  El sistema  tendría un piso de 16,66 puntos ($452.719) y un techo de 116,65 puntos ($ 3.169.847), que se asemejan a los actuales valores que oscilan entre el valor liquidado por declaración de renta de los programas antiguos y el máximo valor existente, que recae en el programa de Medicina.

Una universidad boyante…

Pese a la implantación de este nuevo esquema,  mientras esté vigente el esquema anterior, este seguirá proporcionando gran parte de los ingresos por matrícula de pregrado. A lo anterior se agrega que la universidad tiene una solidez financiera, comoquiera que el año pasado se dejaron de ejecutar más de $ 88.000 millones, en tanto que  los excedentes y rendimientos financieros fueron  de $54.824 millones y $3.373 millones, respectivamente; sin olvidar que el artículo 84 del Acuerdo 066 de 2005, prevé que estos últimos, además de otras rentas, son el soporte del Fondo Patrimonial destinado a cubrir el valor de la matrícula de los estudiantes en condiciones económicas más vulnerables. Es decir, afirmar que la UPTC está en una coyuntura de vulnerabilidad presupuestal, que amenace su sostenibilidad financiera, no corresponde a la situación actual. El rezago en la ejecución del gasto equivalió el año pasado a $18.910 millones.

Como se desprende del cuadro anterior, durante la última década la participación de los giros de la Nación descendió, siendo  superada por  los recursos propios, destacándose  el rubro de matrículas de pregrado que representa una cuarta parte de estos ($38.405 millones en 2016), por lo que  sorprende la cifra mencionada por los consultores sobre unos ingresos proyectados para el año entrante de $ 179.000 millones.

Un Consejo Superior en apuros…

El Consejo Superior de la UPTC no la tiene nada fácil. El “piano” que los nueve consejeros se han echado sobre sus hombros tendrá un enorme costo político. La propuesta de los consultores de la Universidad Nacional tiene zonas grises que no se han dilucidado.

Lo único cierto es que su efecto no será neutral, afectando, una vez concluya el periodo de transición, la recomposición de la demanda por cupos universitarios. Tal como están las cosas, y si no surgen otras propuestas de cobro de matrícula, el proyecto en ciernes no asegura progresividad alguna en el acceso a la universidad pública; por el contrario, la regresividad en las oportunidades educativas será otra vuelta de tuerca en la autofinanciación de la UPTC. Es más prudente y conveniente concertar con el estamento estudiantil, que tomar una decisión precipitada.

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