Movilización y defensa del territorio

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En Boyacá no podemos entrar en la lógica de la violencia, es la apreciación de Pedro Mendieta, director de EL DIARIO, en conversación con Pedro Pablo Salas, Asesor de Diálogo Social y Paz de la Gobernación de Boyacá.

Antes de la pandemia, el año 2019 terminó con la olla a presión a reventar con las manifestaciones sucedidas de noviembre hasta las festividades de diciembre. Para enero y febrero del 2020, retornaba esa realidad de las movilizaciones y, todo hacía prever que este iba a ser un año de una gran movilidad social. La pandemia y el debido confinamiento, suspendieron las cosas, pero no las solucionó; al contrario, ahora terminada la situación de aislamiento, aumenta la angustia y la crisis económica, por lo tanto las tensiones sociales van a aumentar proporcionalmente.

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Gachantivá

Luego de una semana de luchas, en el orden político, por la aprobación del fracking; ahora, es el turno para la población de Gachantivá, que vuelven al puesto de batalla en contra de la explotación minera. La comunidad de Gachantivá, que ha sido protagonista en los últimos años de la defensa del territorio porque sus habitantes consideran que su tierra debe ser protegida antes de la explotación de minerales, ahora, se opone al hecho de que una empresa asociada al sector cerámico, quiere explotar más a fondo los yacimientos de caolines para aumentar la producción.

Debe leer: Comunidad de Gachantivá sigue en firme defensa de su territorio ante la minería intensiva

Para el Asesor de Diálogo y Paz, «Acá hubo un asalto llamado «titulación minera», que hubo en el gobierno de Álvaro Uribe, donde sin piedad, en el departamento de Boyacá pasamos de 300 a 1700 títulos mineros. Lo hicieron de esta manera tan irresponsable, que hoy estamos mirando es la herencia de un conflicto que ahora debe la gente salir a reaccionar». Gracias a la manifestación de las personas, se hará una audiencia el próximo 25 de septiembre, tras una suspensión temporal de la explotación de arcilla.

Las movilizaciones

En esta perspectiva, Pedro Pablo Salas, Asesor de Diálogo Social y Paz de la Gobernación de Boyacá, dice que «nos hemos encontrado con una participación social», motivado a raíz de los lamentables hechos ocurridos en Bogotá con la muerte de Javier Ordóñez. Esta ola de protestas, «como siempre lo han hecho, las vienen a descalificar diciendo que porque están infiltradas por el ELN, por las disidencias, que son vándalos; entonces, el foco de los medios […] quieren cambiar la esencia de los conflictos sociales que hay de fondo». El Asesor rechaza y lamenta los hechos violentos como las quemas de buses, «pero no es esta la esencia del conflicto, la esencia es que hay un descontento social».

«La policía raya con mercenarios criminales, lo han dicho distintas autoridades. Nosotros debemos compartir una policía que esté al servicio de la sociedad y no una que le dispara».

En Tunja se presentaron roces, algunas trifulcas, capturas masivas, incluso Procuraduría pidió las grabaciones, «porque cuando van a judicializar a un joven, yo he sido testigo, aparecen [videos] desde que sale de la casa hasta que aparece a dormir. Esperamos que en este caso, también la policía entregue la información de cómo fueron los procedimientos que se presentaron en Tunja y Sogamoso», dice Pedro Pablo Salas.

Durante estas movilizaciones en Boyacá, el Asesor asegura que “ha sido diálogo y no ESMAD, porque así lo preferimos, y no lo que pide un preso que está allá en una finca de 10 mil hectáreas que estaba pidiendo la militatrización de las ciudades. Pero Boyacá es un territorio de paz, y aquí valen los acuerdos regionales, donde podemos ponernos de acuerdo para no matarnos. Acá prima la vida, no tenemos que reproducir esas órdenes. Podemos hacer movilizaciones sin violencia, ejemplares, simbólicas, y no tener que recibir golpes de la policía”.

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