Las licencias ambientales de carácter temporal son la gran novedad para un sector que desde hace varios años viene reclamando garantías al Estado para ejercer su actividad. El equilibrio para realizar una minería responsable parece ser el gran desafío durante los próximos años.
Durante cada uno de los encuentros nacionales de mineros una de las solicitudes constantes hacia el Gobierno Nacional era no permitir la entrega de recursos naturales en bandeja de plata al gran capital nacional y extranjero. Manifestaban los pequeños mineros sentirse en desventaja a la hora de competir y aseguraban que era una condición propiciada por el mismo Estado.
Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo le apunta a cambiar dicha situación. Por lo menos quedaron establecidos ciertos parámetros para no perseguir a aquellos pequeños mineros que por la lejanía con las entidades estatales, o por lo complejo del proceso de formalización; no conseguían el licenciamiento para ejercer su actividad.
El establecimiento de una licencia ambiental de carácter temporal establecerá esa delgada línea entre minería legal e ilegal, pues dicha licencia se expedirá a aquellas personas o empresas que ejerzan la actividad mientras se tramita la licencia ambiental. De todas formas, para adquirirla se tendrá que cumplir con ciertos parámetros, con determinadas exigencias que tienden a la protección del medio ambiente. Aunque siendo esto un piloto no está asegurado que terminen los señalamientos, principalmente a los pequeños mineros, a quienes históricamente se les ha señalado de causar daños ambientales, la utilización de mercurio, contaminación de ríos e incluso el establecimiento de vínculos con grupos armados al margen de la ley.
“Dentro de este pacto, tenemos dos pilares: primero, el desarrollo de territorios sostenibles, donde queremos que la actividad minera se consolide como aliada de los territorios, desarrollándose de manera incluyente y de manera responsable; y segundo, el desarrollo de una actividad minera más competitiva, mejorando su entorno regulatorio, trabajando por una institucionalidad minera moderna y coordinada, con un nuevo modelo de fomento y mayor conocimiento geo-científico”, indicó Carolina Rojas, viceministra de Minas.
Se ha establecido a la vez en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que para 2020 se debe haber dado trámite a cerca de 2.500 procesos de legalización de la actividad, un poco más de 300 corresponderían a Boyacá.
“los mineros, que cumpliendo los requisitos, ingresen a operar con legalidad, podrán ser beneficiarios de los programas de asistencia técnica que se ofrecen desde la institucionalidad del sector. Serán objeto de fiscalización, con lo cual se le cierran espacios a la ilegalidad y se aseguran operaciones que cumplan con altos estándares técnicos, ambientales y de protección de la vida humana”, agrego la Viceministra de Minas.
Pero a pesar de tan buena voluntad persiste la desconfianza, por lo menos en una parte del gremio, que en años anteriores ha visto pasar frente a sus ojos la misma promesa de no persecución, que ha firmado acuerdos con el Gobierno Nacional para supuestamente facilitar los trámites requeridos para el ejercicio de su actividad, que han encontrado diversos obstáculos en el camino como el Registro Único de Comercialización de Minerales (RUCOM), la resolución de los 50 quilates para el caso de los esmeralderos, guías ambientales, bancarización, e incluso el trámite del RUT que se convierta en una verdadera molestia en muchos casos por la falta de oficinas de la DIAN.
Cabe recordar que hoy Boyacá es el productor número uno de esmeraldas en el territorio nacional. También es el principal productor de carbón metalúrgico por lo menos en lo que refiere a pequeña y mediana minería, a nivel general ocupa el tercer puesto como productor de carbón en el país, solo por detrás de Cesar y La Guajira.
El sector minero representa el 10% de las regalías de Boyacá y aportó el 8,02% del PIB departamental. Se calcula que entre 2019 y 2020 Boyacá recibiría 708 mil millones de pesos en concepto de regalías, representando esto un aumento del 49% frente al bienio 2017-2018, en el que se destinaron 475 mil millones.
