Minería en la agenda de transición energética

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Por | Julián David Mesa Pinto / Abogado Especialista en Gobierno y Gerencia Territorial / @jmesapinto

Con evidente vertiginosidad, la actividad extractiva ha venido signando la agenda de deliberación pública y debate político en el país. Y no es para menos en el marco de un gobierno que predica entre sus principales banderas la transición energética.

La industria minera en Colombia ha asumido como necesidad inaplazable la relacionada a que el país debe contar con nuevas fuentes de energía. Las energías renovables requieren de muchos minerales, para hacer realizable una transición energética justa resulta elemental promover la exploración y producción de minerales estratégicos como el cobre, plata y aluminio, cobalto y níquel entre otros, los cuales son necesarios para el desarrollo de tecnologías limpias. Si queremos llegar a un mundo más verde, de manera imprescindible se van a requerir minerales y una minería tanto sostenible como responsable con el medio ambiente y las comunidades.

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En diversos foros liderados por actores institucionales, económicos y lideres sociales y ambientales se viene proponiendo una Agenda de Transición Post extractivista orientada con acciones y medidas a corto y mediano plazo que lidere el Gobierno para consolidar una transición a un modelo de desarrollo económico no necesariamente dependiente de la explotación de los recursos naturales no renovables -RNNR-.

El cambio de modelo pretendido no se conseguirá de la noche a la mañana. Para no ir muy lejos, no resulta dable desconocer que la producción de minerales como el carbón generan, no solo importantes fuentes de empleo para el país, sino que a su vez permite sostener y estabilizar las finanzas públicas de la Nación facilitando la obtención de recursos para implementar la transición energética. La anhelada descarbonización de la economía debe proyectarse de manera gradual y razonable en un mediano plazo. Tampoco resulta sensato predicar y replicar ante la opinión pública un no rotundo a la economía extractivista desconociendo derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Distinto panorama se ofrece al promover escenarios de diálogo y consensos entre la institucionalidad minera y ambiental, gremios productores y líderes ambientalistas para enfocar el desarrollo del sector minero en una ruta que, por un lado satisfaga la necesidades apremiantes y fundamentales de la Nación, y que por otro, preste observancia a los criterios de justicia social y sostenibilidad ambiental. Solo así, en el marco de un permanente diálogo y consenso se logrará una transición energética con justeza social y ambiental y legítima para todos los actores.

Urge también que el gobierno a través del aparato institucional minero dinamice más su programa de relacionamiento con el territorio: además de realizar la caracterización social y estrategias de campo,  priorice  la diversidad cultural de los territorios y comunidades involucradas en proyectos mineros, dicho enfoque facilitaría una inclusión de todos los actores para impulsar en el corto y mediano plazo economías alternas y compensaciones sociales y económicas  que respondan a la realidad social de los territorios.

Finalmente, otro reto que debe asumir el gobierno para garantizar la transición energética tiene que ver con fortalecer las políticas y estrategias coordinadas con las autoridades competentes para la persecución y erradicación de la extracción ilícita de minerales. Toda extracción ilegal se constituye como el mayor depredador del medio ambiente causando deforestación y contaminación desbordada e incontrolable estimulando un motor de criminalidad en los territorios. Un panorama tan siniestro como innegable que crea mitos y estigmatiza de manera injusta e infundada a la minería legal y responsable ambientalmente. Urgente reto que el Estado debe afrontar, combatir y eliminar.

“El liderazgo sustentable refleja la conciencia emergente entre las personas que están decidiendo vivir sus vidas y dirigir sus organizaciones en una forma que tome en cuenta su impacto en el planeta, la sociedad y la salud de economías locales y globales”. Mary A. Ferdig.

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