Los niños y los jóvenes han sido los más afectados por la pandemia, pues la educación virtual no es de la misma calidad de la presencial. Profesores se siguen resistiendo a regresar a las instituciones educativas pero la presencialidad se comienza a dar, de manera progresiva.
Incremento en las brechas de aprendizaje, deserción y efectos emocionales perjudiciales, como ansiedad, estrés, depresión, dificultad para la resolución de conflictos, además de los riesgos de maltrato y en algunos casos nutricionales.
Esos son algunos de los efectos que para los niños y jóvenes ha tenido el cierre de las instituciones educativas por el COVID-19, lo que ocurrió desde marzo del 2020, sin que hasta ahora haya una fecha definitiva para el retorno pleno a las actividades escolares.
Durante estos 16 meses la educación ha perdido momentos de interacción presencial que son básicos en el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde su primera infancia y durante su etapa de formación y crecimiento personal.
El secretario de Educación de Tunja, José Alberto Moreno Villamil, sostiene que lo que ocurrido en los últimos meses es una flexibilización curricular, pero que todavía está pendiente por determinarse cuánto dejaron de aprender los niños durante todo este periodo de virtualidad, cuánto dejaron de socializar y cuánto dejaron de interactuar, con todo lo que eso significa en materia de formación de los menores.
En medio de todo, la capital de Boyacá no ha resultado tan afectada en su sistema educativo como consecuencia de la pandemia. Tunja tiene cerca de 38.200 estudiantes en los sectores público y privado y unos 1.500 profesores y en el lapso entre el 2020 y el 2021 – a pesar de la virtualidad- mantuvo sus índices de calidad educativa y conservó los puestos de vanguardia que su sistema educativo ha tenido tradicionalmente a nivel nacional.
En el panorama departamental el tema es un poco más complicado. Mientras los padres de familia de miles de estudiantes comparten la incertidumbre de sus hijos por el futuro del sistema educativo, los profesores han tenido que pagar una cuota de muerte y dolor por los efectos del virus.
Según Reinaldo Soledad, presidente del Sindicato de Maestros de Boyacá, más de medio centenar de docentes del departamento han muerto como consecuencia del COVID-19, incluyendo cinco rectores.
Todo eso ocurrió a pesar de que los profesores supuestamente permanecían en sus casas para protegerse y de que durante mucho más de un año no asistieron a los colegios, pues las clases las dictaron de manera virtual. Es de suponer que la presencialidad hubiera significado una mayor cuota de muertes.
Mientras la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostiene que la meta para este segundo semestre del 2021 será el retorno a la presencialidad con los protocolos de bioseguridad retomando en el escenario educativo por excelencia el proceso de desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, los sindicatos de profesores insisten que todavía no es momento de regresar a las clases presenciales.
Reinaldo Soledad, presidente del Sindicato de Maestros, le dijo hace una semana al periódico El Diario que no están dadas las condiciones para el retorno de los estudiantes a la presencialidad y pidió nuevamente que se aplace el retorno a las aulas hasta que bajen los niveles de contagios.
Según el dirigente sindical, en el departamento de Boyacá hay instituciones educativas que no cumplen con exigencias en temas de ventilación o no cuentas con suficientes lavamanos o baterías de baños para que puedan dar las garantías de bioseguridad, que es un requisito indispensable para el retorno a clases.
“Nuestra preocupación no es solo que se pueda garantizar el regreso de los profesores sino que ese regreso en términos de bioseguridad también cobije a los niños y a los padres de familia, para que no se vuelvan a disparar las cifras de contagios y se generen nuevas olas de enfermos y muertos”, aseguró Soledad.
El Gobierno ha dado unas directrices en el que también contempla un análisis sobre nivel de contagios, capacidad de camas UCI. “Pues esos índices deberían ser para mirar qué tan preparados estamos para regresar a clases o a una relativa normalidad. Las preguntas que debemos hacernos es si las cifras de COVID son tan bajas, si hay capacidad de camas UCI, si las instituciones educativas tienen las adecuaciones para que todos nos cuidemos, si los padres de familia están dispuestos a enviar a sus hijos… Si están dadas las condiciones”, responde Soledad a esas directrices oficiales.
En las últimas semanas el Ministerio de Educación expidió circulares que señalan orientaciones a gobernaciones, alcaldías y sus secretarías de Educación para que en su calidad de autoridades responsables de la prestación del servicio educativo y la administración del personal docente, garanticen la reposición de las horas efectivas de intensidades académicas dejadas de recibir, según el proyecto educativo institucional y, en esa medida, los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes no sigan siendo vulnerados.
A pesar de eso, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, considera que aunque el tercer pico de la pandemia está siendo superado, se debe aplazar ese regreso a las aulas debido a los altos niveles de contagio del COVID-19 que prevalecen en todos los municipios.
El Sindicato de Maestros de Boyacá dijo la orden del Gobierno es que los docentes deben presentarse ya a clases presenciales, pero que ese regreso está condicionado por aspectos como el que los educadores tengan sus esquemas completos de vacunación o que no estén enfermos.
Y dice Reinaldo Soledad que hay un gran porcentaje de profesores que no han cumplido con ese esquema de vacunas. “Hay muchos profesores que no tienen la segunda dosis de la vacuna y hay otros que ni siquiera la primera. También hay casos que se contagiaron de COVID-19 antes de la primera dosis y deberán esperar y casos de profesores que se contagiaron entre la primera y la segunda dosis. Ellos ahora tendrán que esperar 90 días para la segunda dosis”, enfatizó el presidente del Sindicato de maestros.
El Sindicato de Maestros advirtió que ya hay por lo menos 200 renuncias de profesores de Boyacá y que podría ser mayor el número de docentes que se retiren definitivamente del magisterio por temor a regresar a las aulas y contagiarse.
José Alberto Moreno, secretario de Educación de Tunja, dice que todo el sector ha tenido que emprender otras dinámicas, tanto en el sector público como en el privado, y que a los gobiernos nacional y local les ha tocado hacer un esfuerzo adicional para compra de equipos de cómputo y para mejorar toda la oferta tecnológica, pero señala que, con un relativo éxito, desde el primer semestre de este año se ha estado regresando a la alternancia, en la medida en que la situación sanitaria con el COVID-19 lo ha permitido.
Aunque todavía parece estar lejos el regreso pleno a las clases presenciales, Moreno Villamil dice que gracias a los docentes, a los estudiantes y a los padre de familia el sistema educativo está pasando la prueba y no termina rajado con una situación tan inédita como lo ha sido la pandemia del COVID-19.
