La Defensoría del Pueblo puso en evidencia varias irregularidades que se estarían cometiendo en el centro carcelario.
Luego de que los internos de la cárcel de Moniquirá realizaran una huelga de hambre, la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, se movilizó hasta el lugar de los hechos para buscar solucionar la situación.
Allí se encontró con una irregularidad inaceptable. Según señala el mismo defensor regional del pueblo, Mauricio Reyes Camargo, en el centro penitenciario se estarían realizando ventas de alimentos y elementos de aseo.
Los funcionarios del Inpec aseguran que se trata de un proyecto productivo, pero según Camargo esto no es otra cosa que un negocio en el que se lucra con los internos y sus visitantes.
“Dicen que el 10 % de sobrecosto que tienen los alimentos en el lugar es un fondo para compra de utensilios de aseo de los reclusos, cuando esta es una obligación directa de la institución y no se le puede trasladar la responsabilidad a ellos”, indica Reyes Camargo.
A pesar de que esto está reglamentado por las normas expedidas por el INPEC, uno de los motivos de la huelga fue ese, el hecho de que los visitantes no puedan ingresar alimentos para las personas privadas de la libertad.
Reyes Camargo aclaró que si bien esta actividad está reglamentada, la situación que generó la molestia de la Defensoría es que la entrega de elementos de aseo, es una responsabilidad que corresponde al INPEC y no a las personas que está privadas de la libertad.
La huelga estuvo protagonizada por más de 100 internos que se sintieron afectados por la nueva normativa nacional que prohíbe el ingreso de alimentos el día de visita. En el centro penitenciario de Moniquirá la protesta terminó luego de que se acordará la medida provisional de ingreso de alimentos, por parte de los visitantes, cada 15 días.
